La Proposición No de Ley (PNL) de Foro Asturias relativa al “futuro del carbón autóctono como factor clave para la soberanía energética española”, se discutirá mañana jueves en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados.
Por ello, las citadas organizaciones se han dirigido por correo electrónico a todos los diputados de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso para recomendarles el voto negativo a esta PNL, al considerar que cualquier política dirigida a impulsar el uso de este combustible fósil contraviene los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático y será irresponsable e insolidaria con el resto de las personas que habitan este planeta y con las generaciones futuras. Así mismo, se les ha invitado a rechazar cualquier propuesta que implique el desarrollo de políticas que garanticen la continuidad del uso del carbón, ya sea autóctono o importado.
La PNL de Foro Asturias pretende prolongar la actividad minera y el abastecimiento de carbón autóctono más allá del año 2018 y favorecer el consumo del carbón nacional en las centrales térmicas, mediante beneficios fiscales. Un detallado análisis del contenido de esta PNL, realizado por Greenpeace y el IIDMA, demuestra la inconsistencia de sus planteamientos y la ilegalidad de algunas de las medidas propuestas.
El pasado 22 de abril, España suscribió el acuerdo climático adoptado en París a finales de 2015, asumiendo así como país el compromiso de sumar esfuerzos para mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de 1,5º C y reducir las emisiones de CO2 a cero lo antes posible. Las subvenciones al carbón deben respetar la normativa en materia de ayudas de Estado de la UE, entre ellas, la Decisión 2010/787/UE del Consejo de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas hasta 2018, así como las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.
Por todo ello, estas organizaciones consideran que ningún partido político debería apoyar la quema de carbón en España con subsidios, incentivos o bonificaciones, ni para su extracción ni para su combustión para la producción de energía.
Nos ha costado 32.000 millones de euros
Los subsidios al carbón ya han costado a los ciudadanos en España más de 32.000 millones de euros, destinados a perpetuar y apoyar el uso de este combustible. Sólo las empresas mineras relacionadas con la extracción de carbón han recibido ayudas por valor de 22.000 millones desde el año 1992.
Los firmantes de la petición reclaman a las fuerzas políticas que cualquier medida que adopten sea conforme con los objetivos de lucha contra el cambio climático asumidos en el plano internacional y que, en consecuencia, estén dispuestos a apoyar y desarrollar políticas conformes con nuestros compromisos internacionales, dirigidas a garantizar un futuro basado en un sistema energético 100% renovable, eficiente e inteligente y a desarrollar un plan de cierre justo para la minería de carbón garantizando empleos sostenibles.
En el marco de la Unión Europea seis países ya han cerrado todas sus térmicas de carbón y otros como Reino Unido, Alemania o Portugal ya han puesto fecha de cierre para todas sus centrales térmicas de carbón. Sin embargo, en España, el quinto país de la UE con el mayor porcentaje de producción de energía con carbón, el consumo de este combustible creció el año pasado un 23%. En consecuencia, las emisiones de CO2 en España crecieron un 5% en 2015 con respecto a 2014 debido a la quema de carbón en las centrales térmicas para la producción de electricidad.
Para estas organizaciones, es ineludible y urgente que se adopte un plan de transición energética en nuestro país para alcanzar un sistema energético basado al completo en energías renovables, para lo que es indispensable que se produzca el abandono absoluto de la minería del carbón, debiendo concretarse este mismo año un plan de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón en España que debería ser completado antes de 2025. El cierre de la minería debe ir acompañado de planes de “transición justa”, como ha validado la Organización Internacional del Trabajo.
Hay que recordar que el sector renovable ha perdido 22.000 empleos y más de 60.000 personas están al borde de la quiebra por sus inversiones en energías renovables a causa de la nefasta reforma del sector eléctrico llevada a cabo por el ahora dimitido José Manuel Soria en su etapa al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por la inestabilidad legislativa y jurídica que esta reforma ha provocado.
Apostar por un sistema eléctrico basado casi al completo en energías renovables para 2030 generaría más de 3 millones de empleos, además de reducir el 75% de las emisiones de CO2 y un descenso en la factura de la luz del 34% respecto al año 2012.
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• ¡Vivan los mineros! (Editorial de ER93, de octubre de 2010)
