La nueva Orden, que se encuentra en proceso de alegaciones, "permitirá seguir subvencionando el carbón nacional durante los próximos tres años", según Greenpeace. La organización ecologista considera que, con esa nueva norma, el Ministerio de Industria "ha encontrado la fórmula para que los ciudadanos paguen 405 millones de euros de sus impuestos para la prolongación del funcionamiento de las centrales térmicas y subvencionen la quema de carbón" (la ayuda es en concepto de "inversión medioambiental de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno). Según la responsable de Cambio Climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, "resulta un escándalo que el Gobierno siga buscando las vueltas para subvencionar el carbón, cuando por normativa europea las subvenciones deben acabar en 2018, y no se trabaje en un plan para la transición justa a un sistema basado al 100% en energías renovables".
Acción protesta
Ayer, lunes, uno de junio, Greenpeace realizó una acción de protesta en Sevilla. Fue precisamente para denunciar la intrusión de representantes de las eléctricas, dueñas de las plantas de carbón, dentro de la delegación gubernamental de España que decide sobre la nueva normativa europea de contaminación del aire para las plantas industriales. Y es que, según Greenpeace, "el Gobierno de España está adoptando una posición de apoyo para unos límites más permisivos, sin tener en cuenta las mejores técnicas disponibles para las centrales térmicas de carbón y sin considerar criterios ambientales, ni de salud, para los ciudadanos". A la par -concluye la oenegé-, el Ejecutivo "busca la manera de pagar con los impuestos de los ciudadanos las reformas que serán necesarias para que las centrales térmicas cumplan estos límites de emisión y puedan seguir funcionando".
El que contamina cobra
En resumen, explica el representante de Greenpeace en el Consejo Consultivo de la Electricidad, José Luis García Ortega, "aquí el que contamina no solo no paga, sino que cobra; el coste de descontaminar lo pagamos todos; y con ese dinero se va a prolongar la vida de las térmicas". Según Greenpeace, "contra todo pronóstico, en un año tan climático como el actual, donde los gobiernos de todos los países deberían llegar a un acuerdo climático internacional que garantice emisiones cero y una transición justa hacia un modelo 100% renovable, el Gobierno español continúa promoviendo el carbón mientras bloquea el desarrollo de las energías renovables".Desde ayer y hasta el próximo 11 de junio, los gobiernos de más de 190 países están reunidos en Bonn (Alemania), negociando el texto que dará continuidad al Protocolo de Kioto y que se acordará en París el próximo diciembre.
Optimismo
Según Greenpeace, este texto, que se acordará durante los próximos meses, aporta cierta confianza en el proceso, pues la Unión Europea y nueve países más han presentado ya su propuesta de compromisos a Naciones Unidas. Greenpeace espera unos compromisos justos y ambiciosos de la gran mayoría de países, entre ellos algunos de los mayores emisores. Todo ello, en un marco en el que "el panorama mundial de emisiones está cambiando profundamente: como resultado de la significativa disminución del consumo de carbón en China, las emisiones mundiales de CO2 procedentes de la energía dejaron de crecer en 2014, a pesar del crecimiento económico, por primera vez en 40 años, y este año han empezado a bajar". Greenpeace afirma que no cabe duda de que si se fortalecen los esfuerzos mundiales de reducción de emisiones, esta tendencia en la reducción de emisiones va a continuar.
