Aunque llevaba ya tiempo funcionando, la planta Gemasolar fue inaugurada por todo lo alto el 4 de octubre de 2011 por el Rey de España y el príncipe heredero del emirato de Abu Dabi, ante más de 350 invitados. Gemasolar es una central termosolar con tecnología de torre de 19,9 MW, situada en la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía y propiedad de Torresol Energy, un consorcio formado por la española Sener, que tiene el 60%, y Masdar, empresa estatal de Abu Dabi, con el 40% restante.
Dos años y medio después, Masdar ha llevado a España ante los tribunales porque considera ilegales los recortes en la retribución de las instalaciones termosolares como Gemasolar, decretados por el Gobierno. Y lo ha hecho a través de un arbitraje en el Banco Mundial.
Masdar es filial de Mubadala Development Company, el fondo soberano del emirato de Abu Dabi. Una de sus sociedades domiciliada en Holanda "presentó el martes una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial con sede en Washington. La firma de abogados Allen & Overy representa al demandante", que considera que las medidas retroactivas que afectan a la retribución de las renovables son una "expropiación" en toda regla.
A través de la sociedad Torresol Energy, Sener y Masdar comparten tres plantas termosolares en España. Además de Gemasolar, son propietarios de Valle 1 y Valle 2, dos centrales cilindro parabólicas de 50 MW cada una, en el municipio gaditano de San José del Valle, que acabaron de construirse en diciembre de 2011.
Cuatro de las cinco reclamaciones presentadas contra España ante el Ciadi se deben al recorte a las energías renovables. “La ofensiva ante el Ciadi arrancó con las demandas de RREEF y Antin, dos grandes fondos vinculados a Deutsche Bank y BNP. A ellos se sumó después el fondo británico Eiser Infrastructure y ahora Masdar”, puede leerse en El País.
“Con ello, España ha pasado a ser uno de los países con un mayor número de casos abiertos en el Ciadi, por detrás de Venezuela, Argentina, Egipto, Hungría y Perú, y al mismo nivel que Turkmenistán y Uzbekistán. España también ha recibido demandas por los recortes en la retribución a las energías renovables ante otros tribunales arbitrales. En la mayoría de los casos se alega la violación del tratado de la Carta de la Energía”.
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