La Comisión Europea (CE) lleva unas semanas sacudiendo el mundo de las renovables. Primero nos dejó fríos con su propuesta Clima y Energía 2030, que recoge los objetivos de renovables y emisiones de gases de efecto invernadero para esa fecha. Pura racanería. Porque la pretensión es llegar solo a un 27% de renovables (el objetivo para 2020 es alcanzar un 20%). Además, es solo un reto obligatorio para la Unión Europea en su conjunto, no para los Estados miembros. En cuanto a las emisiones, la propuesta es recortarlas en un 40% sobre las registradas en 1990.
Todo el sector de las renovables en Europa se revolvió en sus asientos para acusar a la Comisión de ceder a la presión de los lobbys energéticos y de algunos países europeos que nunca se han mostrado entusiasmados con el desarrollo de las renovables. Y más cuando unos días antes el Parlamento Europeo había abogado por alcanzar, como mínimo, un 30% de renovables en 2030. El famoso paquete Clima y Energía 2030 todavía tiene que ser ratificado por los Estados miembros en marzo y, para evitar sorpresas desagradables, conviene agarrarse a ese dicho de que “todo puede ir a peor”.
El último día de enero nos enterábamos de que la CE ha llevado a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber transpuesto al completo la Directiva de Energías Renovables, cuyo principal objetivo, ya lo hemos dicho, es que el 20% de la electricidad consumida en la UE en 2020 sea de origen renovable. La CE ha propuesto una multa de 25.447,5 euros diarios. O lo que es lo mismo, 763.425 euros al mes. 9,16 millones al año.
En nuestro número de noviembre publicábamos un artículo de Piet Holtrop, abogado especializado en Derecho Europeo y renovables, que tenía un título elocuente: ‘Lo que el Derecho Europeo no va a permitir que hagan contra las renovables’. Este mes ofrecemos la segunda parte, en la que Holtrop insiste en la misma idea: el TJUE echará por tierra la arbitrariedad y la retroactividad con la que el gobierno español pretende regular las energías renovables.
Es como si las renovables sufrieran su particular ‘doctrina Parot’. La distancia entre el caso de los etarras y este es evidente. Pero los expertos coinciden en que, de la misma forma que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sentenció en octubre que la aplicación retroactiva de esa ‘doctrina Parot’ para mantener en la cárcel a algunos presos implicaba una “detención no regular”, puede darse el caso de que un tribunal europeo eche por tierra las medidas retroactivas tomadas en España contra las renovables en los últimos años.
No sabemos si es marca de la casa. Porque la chulería con la que el ministro de Industria, José Manuel Soria, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y su hermano Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de La Moncloa (al que todos los expertos implican en las decisiones anti-renovables) están gestionando la llamada reforma energética, va en consonancia con otras actuaciones del gobierno de Rajoy. Basta echar un vistazo a las reacciones que han provocado las reformas emprendidas por los ministros Wert y Gallardón.
En un Estado de Derecho nadie está por encima de las leyes. Y si los tribunales españoles son capaces de consentir actuaciones que, desde un plano jurídico, pueden considerarse injustas, todavía nos quedan los tribunales europeos. De momento, Irlanda tiene que sentarse en el banquillo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Será España la próxima?
Luis Merino
lmerino@energias-renovables.com
Pepa Mosquera
pmosquera@energias-renovables.com
