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Rescatando autopistas... a oscuras

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La asociación de consumidores Facua ha difundido un duro comunicado en el que denuncia "que el Ejecutivo vuelva a priorizar la salvaguarda de los intereses de bancos y constructoras frente a las necesidades más básicas de la mayoría de los ciudadanos". Facua responde así a las declaraciones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que ha venido a apuntar que el Estado rescatará las ocho autopistas que se encuentran en situación de quiebra. La asociación de consumidores y otra veintena de organizaciones de la sociedad civil han impulsado el manifiesto nomascortesdeluz.org, al que se han adherido varios partidos y numerosos colectivos locales, que han convocado concentraciones y manifestaciones pasado mañana en 40 ciudades de todo el Estado (aquí están todas).
Rescatando autopistas... a oscuras

Facua-Consumidores en Acción critica "que el Gobierno dé por hecha la nacionalización de las autopistas en quiebra y vuelva a socializar las pérdidas de las empresas que no han sabido gestionarlas". Según la secretaria general de la asociación, Olga Ruiz, "mientras el Ejecutivo evita aprobar medidas que eviten los cortes de luz a las familias más vulnerables sí asume que nacionalizará una deuda multimillonaria para rescatar, una vez más, a bancos y constructoras, que están detrás de la gestión de las autopistas quebradas".

De la Serna
Ruiz contesta así al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien -según informa Europa Press- ha declarado que "las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas". Según una nota distribuida por esa agencia, De la Serna ha explicado que el principal objetivo es que las infraestructuras "sigan operativas y los ciudadanos puedan seguir utilizándolas". De la Serna estaría asumiendo así que finalmente el Estado se quedará con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación, se alcance o no acuerdo con los bancos acreedores de las vías, que soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros, según aseguró el propio ministro en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

Miles de millones de euros
La cuantía de lo que puede suponer este rescate varía en función de quién haga la estimación y del momento en el que se lleve a cabo ese rescate. La patronal de grandes constructoras Seopan ha cifrado en 5.500 millones la cifra del rescate. La asociación de consumidores Facua considera "indignante que, una vez más, sean los ciudadanos quienes tengan que asumir las pérdidas de las empresas que no han sabido gestionar sus activos". Según su secretaria general, Olga Ruiz, "el Gobierno vuelve a priorizar la salvaguarda de los intereses económicos privados de grandes empresas frente a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos, atrapados en situaciones de desempleo o enfrentados a la imposibilidad de pagar servicios básicos como la luz".

Total rechazo
Facua manifiesta así su "total rechazo" a que el Ejecutivo asuma este rescate. Según la asociación, la quiebra es responsabilidad de los bancos -Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banco Popular- y de las constructoras implicadas. La asociación señala en ese sentido que la culpable del fracaso de esas inversiones no ha sido la ciudadanía. Los responsables de la quiebra -apuntan desde Facua- han sido esos bancos y constructoras, que impulsaron la construcción de esas infraestructuras, bancos y constructoras que sobreestimaron por una parte el tráfico que iban a registrar esas vías, mientras por la otra subestimaban los costes derivados de las expropiaciones de los terrenos que atraviesan las vías y de obras inesperadas.

Segundo rescate
La asociación recuerda que es la segunda vez que el Estado acude al rescate de las autopistas de peaje. En 1984 se hizo una nacionalización similar para salvar prácticamente a los mismos concesionarios que ahora piden ayuda: bancos y constructoras. Facua denuncia que, una vez que se sanearon las cuentas y se actualizaron las infraestructuras, en 2003, cuando las autopistas volvían a dar beneficios, se ofrecieron en concesión.

La asociación de consumidores reconoce en todo caso que las opciones del Estado ante la quiebra de las autopistas pasan en cualquier caso por un desembolso económico. Por un lado, se pueden nacionalizar las vías, asumir su gestión y pagar lo que se debe a los acreedores u optar por el cierre de las vías, vender los activos que se puedan, echar el candado a las autopistas y pagar por la responsabilidad de la administración pública.

Esta segunda parte ocurre porque el Estado tiene una obligación de reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de algunas de las administraciones, que es lo que se conoce como la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA) y está incluida en la adjudicación de las vías.

El ministro asegura que está ya en contacto con los bancos acreedores de las ocho vías con el fin de buscar un acuerdo "que facilite" su rescate, algo que reconoce que es "complicado". De la Serna ha asegurado que "estamos intentando negociar con los bancos para ver si es posible un acuerdo que facilite las cosas, pero es complicado, es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda".

Según ha declarado en distintas ocasiones, el ministro pretende retomar el plan de rescate que el anterior equipo de Fomento planteó en marzo de 2014 y entonces no fructificó. La propuesta pasa por que el Estado, a través del Ministerio, asuma las autopistas, tras aplicar una quita del 50% a su deuda y titulizar el resto del pasivo en un bono a treinta años.

Así, el nuevo titular de Fomento reconoce que su Departamento tendrá que quedarse con las autopistas. De hecho, en el caso de dos de las vías radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, el Ministerio deberá asumirlas antes de julio de 2017, según el acuerdo que alcanzó con el juez que el pasado mes de mayo dictó liquidación "sin efectos suspensivos" de las autopistas.

Sus señorías dicen no
Se da la circunstancia de que, hace apenas unas semanas, el Grupo Parlamentario Popular tumbaba en el Senado una moción "por la que se insta al Gobierno a implementar medidas de urgencia contra la pobreza energética". Los senadores y las senadoras del Partido Popular (146 de un total de 266, o sea, amplia mayoría absoluta) paralizaron esa iniciativa, que había sido presentada en la Cámara Alta (véase) por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Días después, saltaba a los medios de comunicación una triste noticia: una anciana de 81 años moría asfixiada en su casa, víctima de un incendio que había causado una vela. Gas Natural Fenosa había cortado el suministro de electricidad, por impago, a Rosa Pitarch, que así se llamaba la mujer. Rosa se iluminaba desde entonces con velas. Un accidente causaba el triste desenlace.

Facua y otra veintena de organizaciones de la sociedad civil han impulsado el manifiesto nomascortesdeluz.org, al que se han adherido varios partidos políticos y numerosos colectivos locales, que han convocado concentraciones y manifestaciones el próximo, miércoles, 21 de diciembre, en cuarenta ciudades de todo el Estado (aquí están todas).

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