Las organizaciones impulsoras de la iniciativa son la Alianza contra la Pobreza Energética, Amigos de la Tierra, la Asociación General de Consumidores (Asgeco), Attac, Comisiones Obreras, la Confederación General del Trabajo, la Confederación Intersindical, Democracia real YA!, Ecologistas en Acción, Facua-Consumidores en Acción, Frente Cívico Somos Mayoría, Fundación Internacional de Derechos Humanos, Greenpeace, InspirAction, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, la Red de Solidaridad Popular Somos, la Unión General de Trabajadores (UGT), la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España, la Unión Sindical Obrera (USO) y WWF.
Los partidos que se han sumado a esta iniciativa, a estas horas, son los siguientes: Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista de España, Esquerra Republicana de Catalunya, En Marea, Compromís, Coalición Canaria, En Comú Podem y Equo.
Las reivindicaciones son las siguientes
1. Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.
3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.
4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.
6. Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.
El Manifiesto #NoMásCortesDeLuz dice así
«Reclamamos la paralización de los cortes de luz a familias con problemas económicos. Queremos poner fin a los abusos que afectan a un servicio esencial, por lo que exigimos al Gobierno que regule una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta.
Desde el estallido de la crisis en 2007, la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España, al haberse sumado al desempleo y a la reducción de salarios una escandalosa subida de la tarifa eléctrica.
Siete millones de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de cinco millones se quedarán sin calefacción durante este invierno. Aunque cada año mueren en España más personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico, los afectados por la pobreza energética siguen siendo invisibles.
Causa importante de esta grave situación se encuentra en los aumentos indiscriminados de las tarifas de la luz. Tan sólo en los últimos seis meses, el recibo se encareció en un 25%. Las grandes compañías se niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica y promueven un sistema que favorece la especulación. Es imprescindible que haya mayor transparencia para poder acabar con los abusos en la factura eléctrica.
Las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda millonaria con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006, las grandes eléctricas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de dinero público en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
Las dos sentencias dictadas el pasado octubre por el Tribunal Supremo por las que se anula el sistema de financiación del bono social evidencian el fracaso del actual modelo energético, obligando a los usuarios a indemnizar a las eléctricas con más de 500 millones.
Además, el actual bono social no soluciona el problema de la pobreza energética, ya que sigue suponiendo una tarifa muy elevada y ni siquiera se aplica por criterios de renta. Se trata de una medida meramente cosmética que ha dejado fuera a dos terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares con rentas altas.
Por su parte el oligopolio eléctrico ha abusado de su situación de privilegio vulnerando los derechos de los consumidores. Necesitamos acabar con la dramática situación de pobreza energética que viven millones de personas en nuestro país.
Resulta urgente que España respete los compromisos adquiridos en el marco internacional y garantice el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Observación general Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según las cuales un nivel de vida digno requiere de una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como luz, agua y calefacción.
Del mismo modo necesitamos que se cumpla la legislación europea sobre suministro eléctrico, que obliga a los Estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los cortes de luz en periodos críticos (artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009)».
