Ecologistas en Acción difundió ayer un comunicado en el que contextualiza la carta ahora firmada. Según esta oenegé, el Ejecutivo detectó en otoño de 2012 "hasta once vacíos legales en materia de residuos mineros, de agua, de evaluación ambiental, etcétera, que debían ser subsanadas, hallazgos que están en línea con otro informe anterior del Parlamento Europeo". En octubre -continúa Ecologistas-, se filtró el rumor de que la Comisión preparaba, "en consonancia con estas deficiencias detectadas y con los resultados del análisis de impacto preceptivo a toda nueva legislación, una exigente directiva que convirtiera las nuevas normas en vinculantes". Sin embargo -concluye la asociación ecologista-, los estados miembros más favorables al desarrollo de esta actividad, como el Reino Unido o Polonia, han logrado, "tras una intensa campaña de presión, convencer al presidente de las Comisión, Joao Manuel Durán Barroso, de que poner trabas regulatorias a las empresas espantaría la inversión y, consecuentemente, la Comisión anunciará apenas unas medidas orientativas que carecerán de toda efectividad al no ser de obligado cumplimiento".
De veintidós países
La carta firmada por colectivos de 22 países -entre ellos, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción-, advierte de las amenazas de esta actividad y "subraya que imponer esta técnica contra la voluntad de la gran mayoría de la población europea supone una quiebra democrática". Las protestas -explican los firmantes- se han sucedido "en los ultimos meses en lugares sobre los que planeaban planes de perforación como Zurawlow (Polonia), Balcombe y Barton Moss (RU) o Pungesti (Rumanía) con duras represiones policiales". Los trescientos colectivos lamentan también que la Comisión europea ignore así "el resultado de la consulta pública que realizó en 2013, donde el 64% de los europeos se mostraron contrarios a las explotación de los gases no convencionales y un 20% opinó que solo debería explotarse bajo una estricta regulación". Según Ecologistas, "este movimiento antidemocrático de la Comisión Europea está en linea con las negociaciones de los tratados de libre comercio entre la UE y Estados Unidos y Canadá, que se están llevando a cabo con un absoluto secretismo, y donde se favorece a las grandes empresas en detrimento de la sociedad europea".
Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental
Así las cosas, concluye Ecologistas, "todo parece indicar que estas negociaciones darán vía libre a proyectos de fracking y establecerán un marco aún más favorable a las empresas gasísticas americanas". Otro elemento importante en el proceso, y que no conviene obviar -explica la asociación- es la revisión de la Directiva de Evaluación de Impacto ambiental: "mientras el Parlamento Europeo logró en otoño de 2013 introducir unas enmiendas exigentes para obligar a someter a este procedimiento a todos los proyectos de fracking, el Consejo Europeo ha forzado la exclusión de las más importantes en otra vuelta de tuerca para debilitar la regulación". Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción son dos de las trescientas organizaciones que han enviado el documento escrito a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo, y asimismo al presidente del gobierno de la nación, Mariano Rajoy, al Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y a distintos eurodiputados españoles. Las organizaciones reclaman "la necesidad de abandonar la senda de los combustibles fósiles y de avanzar hacia unas políticas energéticas basadas en las energías renovables".
La carta de las trescientas asociaciones firmantes (27 de ellas son españolas)
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