La docena de expertos de distintas áreas participantes en el encuentro, celebrado recientemente en Madrid, concluyeron que el debate sobre el fracking no debe centrarse en la discusión del número de productos químicos que se emplean y su toxicidad, del porcentaje de fugas de metano que se producen, de la afección al territorio que suponen las balsas de residuos que quedan o de la cantidad de agua que se emplea. El debate, señalaron, debe ser global: “siendo estos, entre otros, aspectos muy graves lo esencial es que esta técnica supone prolongar en el tiempo lo peor de los defectos e inconvenientes de la actual forma de dotarnos de energía que no dejan de ser muy graves porque el recurso que se quiera explotar sea autóctono”.
En el Foro también se puso de relieve la intensa campaña que lleva a cabo el lobby constituido por las empresas que quieren explotar estos recursos. Una campaña “que tiene como objetivo minimizar ante la opinión pública las consecuencias de la fracturación hidráulica para extraer gas y petróleo no convencional y presentar el carácter local de estos recursos y su supuesto bajo coste como una panacea para nuestra economía”.
Asimismo se manifestó la preocupación que genera la respuesta que puedan dar las distintas administraciones a esta “novedad” pues pese a que alguna administración autonómica ya ha prohibido el fracking el gobierno central parece dispuesto a abrirle las puertas y los ayuntamientos pueden caer en la tentación de hacer lo mismo ante la posibilidad de obtener una nueva fuente de financiación con el canon que se les permite cobrar por los permisos de prospección.
Además, de acuerdo con los expertos reunidos, el fracking puede retrasar gravemente la implantación y desarrollo de un modelo energético sostenible basado en el ahorro, la eficiencia y las renovables, como ya lo he hecho en Estados Unidos.
