Los biocarburantes regresan a la agenda más activa de las instituciones europeas, que deberán acordar definitivamente en los próximos meses cómo quedan tras la reforma de las directivas de energías renovables y de calidad de los combustibles. Tras el parón sufrido con la elección y puesta en marcha de la nueva Comisión, el único avance fue la propuesta del Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, que acordó limitar al 7% los biocarburantes de cultivos alimentarios o convencionales para 2020, un 0,5% indicativo para los avanzados y no tomar en consideración el cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC, en sus siglas en inglés) en el cómputo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Ante la inminente reunión (martes 24 de febrero) para la aprobación, en segunda lectura, de la propuesta de la comisión Envi sobre la reforma de ambas directivas, Coalición Clima, la Coordinadora de ONGD-España y Plataforma Rural han enviado una carta a los miembros de dicha comisión porque consideran “clave” su posición. “Es preciso un acuerdo que reduzca todo lo posible la cantidad máxima de agrocombustibles permitida y contemple el conjunto de sus emisiones", explican en la misiva, que firman las tres coordinadoras citadas, que reúnen a más de 450 ONG ecologistas, de consumidores, sindicatos, organizaciones agrarias y otras de ayuda al desarrollo.
¿Qué votará ahora la comisión Envi?
De todas las propuestas presentadas en su día (CE, Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, Consejos de Ministros…) la de la comisión Envi es una de las que más se acercan a los postulados ecologistas. En concreto, en primera lectura aprobó reducir a un 5,5% la aportación de los biocarburantes convencionales para 2020, marcar un 2% mínimo para los avanzados o de segunda generación e incluir el ILUC en la reforma de la legislación europea. Lo que ahora se consiga en segunda lectura es una incógnita, por un lado por la nueva composición del europarlamento y por otro porque poco después la propia comisión Envi, con los votos de los europarlamentarios del centro-derecha, vetó a Corine Lepage, firme impulsora de la propuesta alcanzada, para que mantenga su defensa.
Para los firmantes de la carta difundida por Ecologistas en Acción, “el Consejo priorizó la protección de las inversiones de la industria, incrementando el límite en el uso de agrocombustibles de primera generación hasta el 7%. No fijó un objetivo obligatorio a los de segunda generación, y elimina la contabilización de ILUC”. Por todo ello consideran que las enmiendas que salgan de la votación dde mañana martes en la comisión Envi “serán decisivas para la negociación entre las instituciones europeas y para la decisión final respecto a los agrocombustibles”.
Cartas desde todo el mundo
Por otro lado, Amigos de la Tierra Europa ha dado a conocer otra carta remitida por 200 ONG de Asia, África y Latinoamérica que inciden especialmente en el impacto de las plantaciones de palma aceitera. En ella afirman que si la Comisión Envi no toma medidas más restrictivas, “Europa seguirá obligando a transformar bosques vitales para nuestros países, tierras comunitarias y puntos calientes para la biodiversidad mundial en monocultivos industriales de palma”. En concreto piden que se frene la demanda de biocarburantes derivados de estas plantaciones.
En esta campaña de presión también intervienen Hilal Elver, relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, y Olivier De Schutter, su antecesor en el cargo y consejero honorífico de Oxfam Internacional. Lo hacen en un artículo de opinión en Infolibre en el que denuncian la repercusión negativa de los biocarburantes en la seguridad alimentaria, que irá a más si el martes no se no toma una decisión al respecto. Opinan que, aunque se imponga un límite restrictivo a los biocarburantes convencionales, “la clase política debe planificar la eliminación gradual y completa de su uso”.
Organizaciones agrarias europeas y la industria piden el 8% de biocarburantes de cultivos
El sector de los biocarburantes y la patronal y organizaciones agrarias europeas también han movido ficha y han mandado su carta, en este caso instando a la comisión del europarlamento a “no poner en jaque el éxito que han tenido los biocarburantes procedentes de cultivos herbáceos a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa, crear empleo, disminuir el déficit de proteínas de la UE en materia de piensos y mejorar la seguridad energética”.
La carta se envía desde la organización de agricultores y cooperativas agrarias europeas (Copa-Cogeca), que insta a los eurodiputados y eurodiputadas a que “garanticen que al menos un 8% de los combustibles para el transporte provengan de biocombustibles procedentes de cultivos herbáceos de aquí a 2020”. “Cualquier tipo de recorte en los objetivos iría en detrimento del crecimiento y el empleo, los objetivos climáticos y energéticos y el suministro de pienso", señala el secretario general del Copa-Cogeca, Pekka Pesonen. Este colectivo también pide definir un objetivo vinculante para los biocarburantes avanzados y no incluir el ILUC en las reformas de las directivas.
Contra los biocarburantes avanzados
En esta ocasión, las ONG, además de pedir una reducción drástica de los biocarburantes convencionales y de incluir el ILUC en el cómputo de emisiones GEI, se muestran especialmente beligerantes también con los biocarburantes avanzados o de segunda generación. Consideran que tanto el Parlamento como el Consejo adoptaron diferentes medidas para favorecer su desarrollo “olvidándose de aquellas medidas imprescindibles para garantizar su sostenibilidad tanto social como ambiental. Sin éstas, el riesgo de generar nuevos e importantes problemas (como ya pasó con los de primera generación) es muy alto.
Debido a las condiciones climáticas y limitaciones hídricas de España, aseguran que “un uso masivo de paja u otros subproductos agrarios para fabricar ‘biocarburantes avanzados’ competiría con los sectores, que como el ganadero, ya utilizan unos recursos cuya disponibilidad es limitada, resultando en preocupantes subidas de precios o riesgo de desabastecimiento. Algo parecido podría ocurrir en el caso de residuos forestales y sus usos actuales tanto materiales como energéticos (para producir calor o electricidad)”.
