Más de treinta organizaciones denunciaron hace apenas unas semanas, ante la Fiscalía Anticorrupción, "el proceso irregular de recorte a las renovables". Según los denunciantes, el Ministerio de Industria sustituyó la prima por la denominada "rentabilidad razonable" (sustitución que implica un recorte de ingresos a los productores de energías renovables de unos 3.000 millones de euros anuales) mediante una Orden Ministerial que "fue dictada con grosero y pleno conocimiento de su arbitrariedad".
Pues bien, frente a la arbitrariedad interesada, las puertas giratorias y el oscurantismo -las sospechas de corrupción generalizada en Industria se han multiplicado en estos tres años y medio-, hoy comienza en Madrid Camino del Sol, una campaña que quiere arrojar luz sobre el período más oscuro de la política energética nacional. Sí, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), en colaboración con la organización ecologista Greenpeace, emprende hoy una "campaña de movilización social y sectorial en favor de las energías renovables" denominada #CaminoDelSol. ¿Objetivo? Iniciar "un movimiento social que impulse una transición rápida hacia un nuevo modelo energético basado en el uso de las tecnologías renovables". La campaña ha arrancado esta mañana, con la presentación, en Madrid, del Bus del Sol, que va a recorrer toda España para difundir un mensaje muy concreto: el nuevo modelo energético debe sostenerse sobre las energías renovables. ¿Destino final del viaje que emprende hoy el Bus del Sol? Santiago de Compostela, el próximo día 26.
En la presentación de esta mañana, Miguel Ángel Martínez–Aroca, presidente de Anpier, ha recordado que el gobierno del PP lleva años culpabilizando a las renovables y a la fotovoltaica de todos los males del sistema eléctrico. “El propio Mariano Rajoy dijo en abril que teníamos una rentabilidad del 25% para justificar todos los recortes que estamos sufriendo”. Las campañas de desprestigio quieren parar a toda costa el desarrollo de las renovables. “Ponerle trabas a la solar puede interesar mucho a las eléctricas pero atenta contra los intereses de los ciudadanos”, ha dicho Martínez–Aroca. Que también ha exigido a los políticos “un modelo energético de consenso”.
María José Caballero, responsable del Área de Campañas de Greenpeace, ha centrado su intervención en los aspectos ambientales que implica el apoyo a las renovables. “Al ritmo actual de consumo de combustibles fósiles la línea roja del aumento de la temperatura global de 2° C que han marcado los científicos la cruzaremos dentro de 18 años. Sin que los que nacen ahora tengan siquiera la capacidad de decidir”. Por eso ha insistido en la importancia de que en la Cumbre del Clima de París (COP21) que se celebra en diciembre “se firme un nuevo acuerdo climático para poner límite cero a las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050. Y es posible”. Siempre que los políticos cambien porque, según Caballero, “hablan pero no actúan”.
El economista José Carlos Díez también ha participado en la presentación de la campaña. “China e India han mejorado su economía en los últimos 15 años pero utilizan el triple de energía que otros países para producir las mismas cosas. Ahora que China sufre una burbuja de fábricas como nosotros la tuvimos del ladrillo ha llegado el momento de apostar por la eficiencia energética”.
En referencia a la Unión Europa, “lograr un mercado común de la energía es uno de los principales retos del presidente de la Comisión, Jean–Claude Juncker. Y algo tiene que ver con este tema el comisario Arias Cañete, que tiene superioridad intelectual. Pero mientras él ve que todos en la UE hablan de autoconsumo, aquí en España el gobierno de su partidos está intentando frenarlo”.
Díez ha dicho que “el debate en España en torno a la energía es muy paleto. Pueden haberse cometido errores pero no podemos renunciar al avance tecnológico que suponen las renovables. Y lo estamos haciendo. En los últimos tres años sólo se han satanizado las renovables, cuando resulta que hay incluso más potencia instalada en ciclos combinados que no se utilizan. Algo falla”.
Para el mediático economista el problema es que “España es un país sin plan. Como ha puesto de manifiesto el no–sí de Rajoy en referencia a la crisis de los refugiados. Nos hablan de mejora económica y solo la bajada de los precios del petróleo está salvando las cuentas del gobierno. Espero que el tema de la energía entre en el debate electoral, aunque no parece que vaya a ser así”.
Otro economista, Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica de la Cátedra Jean Monnet de la UE, cerró esta mañana la presentación de la campaña. “La COP21 es el proyecto más importante de la humanidad en mucho tiempo”, dijo. Las esperanzas de alcanzar resultados en París empezaron a crecer a finales de 2014 cuando China y Estados Unidos se pusieron de acuerdo para recortar sus emisiones. “Tengo la impresión de que China puede acelerar sus políticas ambientales porque se están encontrando con problemas de contaminación muy graves”, lo que redundaría también en la bajada de las emisiones de CO2.
Tamames ha recordado que la veintena de causas abiertas contra España en el Ciadi, el foro de arbitraje del Banco Mundial, han sido admitidas a trámite. Y entiendo que el Tribunal Supremo debería proponer algunos cambios porque el Gobierno ha actuado en el caso de las renovables con manifiesta inseguridad jurídica. Ha habido primero sentencia y luego veredicto. Porque los recortes se hicieron antes de escuchar los informes de los expertos”. Energías Renovables cuenta cómo hemos llegado hasta aquí.
Esta es la historia
El legislador crea un marco legal -vía Boletín Oficial del Estado- en el que establece unas condiciones determinadas: el kilovatio generado en una instalación solar fotovoltaica -dice ese marco-, y en tanto en cuanto es un kilovatio limpio (no emisor de CO2), merece una retribución muy concreta (que especifica el BOE) durante un período muy concreto (que asimismo explicita el BOE), una retribución especial que es establecida para reconocer esa singularidad. Y la electricidad renovable merece esa retribución singular -llámese prima- porque, a diferencia de la convencional -dice el BOE-, no ensucia; es limpia. Pues bien, los inversores, a la luz de ese marco, diseñan su hoja de ruta: invierto tanto; mi instalación genera tantos kilovatios (kW); el gobierno avala vía BOE que el precio que yo recibiré por cada kilovatio que produzca será tanto (gracias a ese aval, por cierto, he obtenido un préstamo del banco, que me ha dicho se fía de los boletines oficiales del Estado); y, dado lo dado, puedo devolver mi crédito en tales plazos; amortizo mi inversión en tales otros; y, finalmente, obtengo la rentabilidad que persigo.
Y así estaba todo hasta que…
El 23 de diciembre de 2010, y de la mano del ínclito ministro Miguel Sebastián, economista él, llega a escena el Real Decreto–ley (RDL) 14/2010, que retoca a la baja el precio establecido por el propio gobierno en un BOE anterior y que abre así la espita de la retroactividad: retoques a la baja para empezar, pues, del precio del kilovatio fotovoltaico; recortes luego de horas que pueden optar a prima (si hasta ayer cualquier kilovatio FV merecía esa retribución singular, a partir de ahora solo la merecerán el 70% de los kilovatios generados); le colocamos luego un impuesto del 7% a cada kilovatio FV que usted genere (porque ya no nos parecen tan singulares esos kW limpios); y, por fin, como último ejemplo de legislación "retro", quemamos de una vez por todas el BOE de las primas (a las que se las acusa de ser demasiado elevadas) y lo sustituimos por otro que diga, por ejemplo, “rentabilidad razonable”, que así se llama el buque insignia de la última reforma energética. ¿Y cuál es la rentabilidad que el Ejecutivo considera razonable? Un 7,398%... u Obligaciones del Estado a diez años más un diferencial de 300 puntos básicos, que así suena, exactamente, la "rentabilidad razonable" del Gobierno Rajoy, ese que dice que ha encargado dos informes.
Y ahí empieza otra historia...
A saber: el Ejecutivo contrata en otoño de 2013 a dos consultoras -Roland Berger y Boston Consulting Group- y les encarga que estudien dos ítems: las inversiones que hicieron en su momento los promotores para poner en marcha sus instalaciones renovables y los costes de mantenimiento y operación de esas instalaciones. ¿Objetivo? Conocer esos números y aplicarles una rentabilidad máxima del 7,398%. El caso es que las consultoras hacen sus estudios -hacen números- y se los entregan, presuntamente, al Ministerio de Industria, que, poco después, aprueba una nueva norma que instituye en efecto una rentabilidad máxima para las instalaciones renovables: la susodicha "rentabilidad razonable", el 7,398%, porcentaje que se aplicará a cada instalación… a partir, se supone, de la base de cálculo que entregaron al Ministerio las dos consultoras. ¿Qué ocurre? Pues que todos los afectados han venido a denunciar que los números a partir de los cuales establece el Ejecutivo su “rentabilidad razonable” están desinflados. Por ejemplo, denuncian que las inversiones que el Ministerio dice que hicieron en su momento los promotores están muy por debajo de las inversiones reales, por lo que el 7,398% de rentabilidad que se les aplica produce una retribución que está también muy por debajo de lo debido.
Un recorte “milmillonario”
Entre tanto, nadie ha visto aún los informes de Roland Berger y Boston Consulting. ¿Y por qué? Pues porque el Ejecutivo Rajoy los mantiene secuestrados en contra de la voluntad de todo el sector, que no ha cesado de reclamarlos. ¿Se han equivocado Boston y Roland Berger a la hora de hacer las cuentas? ¿Ha cocinado los números malamente el Ministerio? Y, en todo caso, ¿por qué no ha publicado aún el Ejecutivo Rajoy esos dos documentos? La pregunta no es retórica: estamos hablando de información sobre la que, presuntamente, se sostiene toda una reforma energética multimillonaria… o muy multimillonaria. A saber: según un informe encargado por el despacho de abogados Holtrop al consultor especializado en energías renovables Alberto Ceña revelaba el pasado mes de febrero que las 1.258 instalaciones FV estudiadas “presentan una pérdida patrimonial que asciende a los 211 millones de euros”, o sea, que, como consecuencia de la reforma, van a dejar de ingresar esa cantidad de dinero a lo largo de su vida útil. Pues bien, si tenemos en cuenta que en España hay 60.000 instalaciones FV, y que muchas de ellas sin duda están tan afectadas por la reforma como las instalaciones estudiadas por Ceña… estaríamos hablando de miles de millones de euros de pérdida patrimonial.
¿Beneficiarios? Los bancos, que refinanciarán esa deuda, y/o los fondos buitre, que aprovecharán la coyuntura para comprar a bajo precio.
Pero vayamos por partes
El Gobierno aprobó en junio del año pasado el real decreto (413/2014) y la Orden (IET/1045/2014) que consagraron en el BOE la largamente anunciada “rentabilidad razonable”, concepto que el Ejecutivo llevaba más de un año anunciando que sustituiría a las primas y que ya se sabía iba a suponer un fuerte recorte de los ingresos de los productores de energía renovable. Eso sí, hasta ahora todo eran estimaciones (sobre el tamaño de esos recortes), porque nadie había ahondado tanto como lo han hecho ahora Holtrop y Ceña (el despacho Holtrop tiene 2.000 clientes del sector afectados por este recorte -160 megavatios FV-, es decir, que cuenta de primera mano con los números de las inversiones y de los costes de operación de un montón de instalaciones). El caso es que los resultados del informe son demoledores, como apuntábamos al principio: “la reforma energética ha supuesto un impacto económico muy negativo en la mayoría de las instalaciones analizadas, que entrarán en concurso de acreedores y/o se verán obligadas a renegociar con el banco las condiciones financieras. Del total de las 1.284 instalaciones evaluadas más del 92% de las fotovoltaicas y el 55% de las eólicas se encuentran en esa situación”.
¿Los motivos?
Varios. Según el informe, el Ministerio no ha afinado lo suficiente ni en lo que se refiere a la determinación de lo que invirtieron los propietarios en esas instalaciones (el coste de la inversión inicial), ni en lo que se refiere al coste de operación. Así, si tú tasas a la baja lo que cuesta construir algo y tasas a la baja lo que cuesta mantenerlo y operarlo… y si, a partir de ahí, estableces un tipo de rentabilidad… pues la rentabilidad saldrá lógicamente… baja. Los números del informe Holtrop-Ceña son muy concretos: en realidad –explica el documento-, la rentabilidad de estas instalaciones, y habida cuenta de esas bajas tasaciones, no alcanza el 7,398% en la mayoría de los casos; “la Tasa Interna de Rentabilidad media antes de impuestos –continúa- está en torno al 6,2%” (la tasa media). Pero aún hay más, porque resulta que, según el informe, hay instalaciones en las que, aunque la tasa está por encima de ese 6,2%, o incluso por encima del 11,8%... pues resulta que esas instalaciones no pueden tampoco pagar sus créditos porque no les alcanza con esos ingresos.
¿Y por qué?
Pues porque el momento en el que los inversores solicitaron el crédito para montar sus instalaciones era otro. Para empezar, la rentabilidad de las instalaciones (la cuantía que se le iba a pagar a cada inversor por cada kilovatio que generase su huerta solar) estaba recogida en un Boletín Oficial del Estado. Así, si espero unos ingresos determinados (una rentabilidad determinada; elevada, por ejemplo), puedo atreverme a solicitar un crédito cuya letra –por emplear una expresión coloquial- sea también elevada. Y el banco –a la vista de ese BOE que señala esa rentabilidad concreta- también puede animarse a concederme un crédito y a fiarse de que yo voy a poder pagarlo. ¿Cuál es el problema ahora? Pues que, aunque el 7,398% podría ser considerado una rentabilidad razonablemente razonable, lo cierto es que no es suficiente para un montón de instalaciones que hicieron sus cálculos en otra tesitura y que se comprometieron con su banco en función de esa otra tesitura. Esas son las consecuencias de legislar marcha atrás, retroactivamente. Porque esa es otra de las claves de la contrarreforma de Soria y Nadal: la “rentabilidad razonable” se aplica desde el inicio de la puesta en marcha de las instalaciones, y no desde la fecha de aprobación de la norma.
Retroactiva
Según el responsable máximo del informe, Alberto Ceña, el modelo que ha ideado el Gobierno –Obligaciones del Tesoro más 300 puntos- puede no estar mal, “pero siempre y cuando se aplique a instalaciones nuevas, y no a proyectos antiguos, proyectos que se basaban en otros criterios, como el coste promedio del capital…”. Efectivamente, en el Real Decreto 436/2004 (de producción de energía eléctrica en régimen especial), ya se habla de “rentabilidad razonable”, pero con referencia “al coste del dinero en los mercados de capitales”, no con referencia a las Obligaciones del Tesoro más equis puntos básicos. Cuando los inversores se comprometieron con el banco a pagar el crédito –apunta Ceña-, la rentabilidad esperada era superior al 7,398, así que ahora, aunque ese 7,398 pueda no sonar mal, lo cierto es que “no llega para pagar la deuda”. Antes al contrario, es sencillamente una condena a la renegociación de esta… o al concurso de acreedores.
¿Conclusiones?
El principal cambio introducido por el RD 413/2014 y la Orden IET/1045/2014 ha sido la modificación de la modalidad de remuneración: antes lo que se pagaba era el kilovatio hora producido; ahora se ha pasado a retribuir las instalaciones con una parte fija por megavatio instalado, en función de una instalación tipo y unos parámetros típicos. La reforma ha supuesto que todos y cada uno de los proyectos del régimen especial hayan sido asimilados a una instalación tipo. Solo para la FV el ministerio ha identificado 579 instalaciones tipo (en España hay más de 60.000 instalaciones).
“La instalación tipo prevé un coste de inversión y unas horas de funcionamiento; pues bien –nos contaba Ceña-, en las que hemos evaluado nosotros… o bien la inversión es más alta que la señalada para la instalación tipo a la que se refieren… o bien la producción es más baja, así que, en la práctica, los ingresos que obtienen son menores”. ¿Pérdida patrimonial? 211 millones de euros. ¿Y dónde está el error: en las consultoras o en el Ministerio (pregunta Energías Renovables)?. “Las consultoras no han tenido acceso a la información a la que sí hemos tenido acceso nosotros, información directa de los productores”. La conclusión de todo ello es muy nítida: “el Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014 que lo desarrolla colocan las rentabilidades de forma recurrente por debajo del valor objetivo de rentabilidad razonable antes mencionado”.
La reforma incluye por fin una medida que también ha sido muy discutida: cada seis años el gobierno publicará una nueva tasa de rentabilidad razonable a partir de la media de los bonos del Estado a diez años más un diferencial (arbitrario). ¿Y qué va a ocurrir con eso? Pues que ese cambio introduce una incertidumbre tal que no va a beneficiar a los inversores cuando vayan a renegociar su deuda, que es algo que, según el informe, habrá de hacer el 92% de las instalaciones FV –ahí es nada- y el 55% de las eólicas. En fin, una reforma que más bien parece un corralito regulatorio. En la puerta, bancos-tiburón y fondos buitre.
¿Y qué pasó con los informes de Roland Berger y Boston? Pues léase Boston Consulting, el enésimo caso oscuro del Ministerio de las puertas giratorias, pieza informativa en la que repasamos uno de los episodios más oscuros (uno más) de la oscura etapa Rajoy-Soria-Nadal. Un episodio que puede resumirse en unos cuantos apuntes: el Gobierno dice que encarga dos informes para sostener sobre ellos la reforma-recorte; hace la reforma; el sector pide ver esos informes; el Ejecutivo no los muestra; el sector denuncia al Gobierno; el Tribunal Supremo falla (y falla a favor del sector: el Gobierno debe mostrar esos informes); el Gobierno dice entonces que uno de los informes no le sirvió para nada y, cuando muestra el otro, resulta que el otro se lo envió la otra consultora después de perpetrada la reforma, o sea, que el Gobierno no vio ninguno de los dos informes antes de ejecutar al sector).
Llegados Rajoy, Soria y Nadal ahí, el secretario de Estado, Alberto Nadal, va y cuenta que que la normativa que ha sustituido las primas por la "rentabilidad razonable" fue informada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (o sea, que el Gobierno aprobó la nueva norma a la luz de un estudio que hizo el IDAE). Entonces, Energías Renovables va y pregunta al IDAE lo siguiente (marzo de 2015).
1. ¿Está disponible para los medios el informe que ha elaborado el IDAE? ¿Podrían enviárnoslo?
2. ¿Cuánto tiempo empleó el IDAE en la elaboración de ese informe?
3. ¿Cuántos profesionales del Instituto estuvieron empleados en la elaboración de ese informe? ¿Quién es el responsable máximo del mismo?
4. ¿Cuándo comenzaron sus trabajos (de elaboración del informe), cuándo concluyeron, cuándo entregaron el informe a la secretaría de estado de Industria?
5. ¿Va a denunciar el IDAE a Boston Consulting Group por “reiterados incumplimientos de contrato”? ¿Va a exigirle algún tipo de indemnización? ¿Lo ha hecho ya?
6. ¿Ha sido denunciado el IDAE por Boston? (Por rescisión improcedente de contrato o por cualquier otro motivo).
Todavía estamos esperando la respuesta. En la edición de papel de abril volvimos a la carga: ¿Puede el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía pagarle un millón de euros a un par de consultoras para que hagan sendos informes y luego ocultarlos hasta que un tribunal –el Supremo- le obliga a sacarlos a la luz? ¿Puede Industria contratar ("sin publicidad por concurrir causa de imperiosa urgencia") a una consultora –Boston- por su “alta experiencia en estudios de costes de energías renovables” y despedirla en secreto, más de un año después, so pretexto de incumplimiento de contrato? ¿A quién se debe un funcionario del Estado? ¿Al ministro del ramo o a la ciudadanía? ¿Dónde están los informes que justifican la contrarreforma de Soria y Nadal? .
Sobre el particular, léase ¿Contrastar a priori o contrastar a posteriori, señor Nadal?, donde contamos cómo son necesarias innumerables complicidades cruzadas para mantener en la más absoluta de las oscuridades todos los sostenes de la contrarreforma energética que ha ejecutado el Gobierno Rajoy. O léase ¿Está en el IDAE la caja negra de Industria?, el reportaje que incluimos en la mencionada edición de abril.
Sí, hoy comienza el Camino del Sol, una campaña que ha ideado la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica y con la que va a recorrer toda España con un objetivo muy concreto: contar esta historia de puertas giratorias y recortes multimillonarios. Una historia que han vivido en primera persona -explica Anpier- 60.000 familias que creyeron un día en el Gobierno (BOE dixit), invirtieron sus ahorros en energías limpias y... poco tiempo después quedaron atrapadas en una trampa: la retroactividad.
Ni que decir tiene que todas las normas citadas hasta aquí están recurridas por todos los actores del sector, empresas, asociaciones patronales, organizaciones no gubernamentales e, incluso, algunos gobiernos autonómicos. Para que nos hagamos una idea somera del estado de la cuestión a día de hoy, el Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite casi 400 recursos. Algunas de las normas aprobadas están siendo tramitadas en tribunales y cortes internacionales. ¿Problema? La letra de la ley va más lenta que los números de las instalaciones fotovoltaicas de esas 60.000 personas. ¿Solución? Quizá, que el Camino del Sol lleve la luz al más oscuro de los ministerios de la oscura Era Rajoy.
