Industria presupuestó en el mes de julio de 2013 casi un millón de euros (M€) para contratar a dos consultoras. La idea era que hiciesen sendos informes sobre los costes de las instalaciones de energías renovables, o sea, sobre lo que les había costado a sus promotores, por una parte, poner en marcha esas instalaciones y, por otra, sobre lo que cuesta la operación de cada una de ellas. Una vez visados esos informes -que el gobierno encargaba presuntamente a dos consultoras expertas en la materia-, Industria elaboraría una nueva normativa que vendría a sustituir la prima -que el Ministerio consideraba demasiado elevada- por una rentabilidad más razonable (en torno al 7,5%, pues esa es la rentabilidad que Industria, Nadal y compañía consideran razonable para las instalaciones de energías renovables). Todo eso sucedía en julio.
A la vuelta del verano
El 20 de septiembre de 2013, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, es interrogado sobre el particular, en conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros de ese día. Una de las preguntas -véase- dice exactamente así: "¿cuándo se prevé que esté listo el informe de Roland Berger y Boston Consulting sobre la nueva norma para remunerar las energías renovables?". La respuesta de Soria es esta: "respecto a cuándo Roland Berger y Boston van a finalizar el estudio sobre los estándares de coste de las distintas tecnologías para, a partir de ahí, fijar la retribución razonable, muy probablemente estará en la primera quincena del mes de noviembre, de tal forma que dé tiempo perfectamente a que, una vez que han sido estimados, se pueda establecer a partir del uno de enero del año 2014 esa retribución razonable sobre esos estándares de coste".
Enero de 2014
Como se ve, el IDAE no aparece por ninguna parte en la respuesta del ministro. Además, resulta meridianamente claro cuál es el objetivo de los informes de Roland Berger y Boston: estudiar los estándares de coste para, "a partir de ahí, fijar la retribución razonable". El caso es que el 31 de enero de 2014, es decir, unas semanas después de la primera quincena de noviembre a la que aludiera Soria, la secretaría de estado de Energía envía un oficio a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que estudie la "Propuesta de Orden [Ministerial] por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables", todo lo cual parece apuntar a que el proyecto sigue su curso en tiempo y forma: contratamos a las consultoras, recibimos sus informes y, "a partir de ahí", fijamos la retribución razonable en una Propuesta que enviamos a la CNMC para su estudio.
Abril
La Comisión publica su informe el tres de abril de 2014, un informe -de 140 páginas- en el que, entre otras muchas cosas, ya cuantifica el impacto que la "rentabilidad razonable" va a tener en el sector. En concreto, lo que dice el informe de la CNMC es lo siguiente: la propuesta "supondrá un descenso de aproximadamente 1.700 M€ en la retribución regulada percibida por el conjunto de las instalaciones a las que es de aplicación". La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) habla entonces de "una pérdida de ingresos de 550 millones de euros para el sector" (entre lo que preveía cobrar en 2014 y lo que establece la nueva normativa). Protermosolar denuncia que esta reforma, si se suma a las del último bienio, "sitúa próximo a un 50% el recorte a esta tecnología [la termosolar] en los dos últimos años". La Asociación Empresarial Eólica también clama contra un recorte que en su caso cuantifica en 608 M€. La patronal andaluza de las renovables (Aprean) habla de "la regulación más perniciosa que jamás se haya dictado en un país desarrollado contra un sector económico".
Las cuentas
Todas las asociaciones, además, critican la metodología de Industria, o sea, la manera en que el ministerio ha hecho sus cuentas. Protermosolar, por ejemplo, lo hace muy explícitamente: "los costes de inversión y los costes de operación y mantenimiento que ha utilizado el Ministerio de Industria y Energía para calcular los valores aplicables a las retribuciones, tanto a la inversión como a la explotación, han sido claramente subestimados -dice la patronal de la termosolar- y están muy por debajo de los costes reales, extremo que la Asociación destacó en su escrito de alegaciones y que otros agentes del sector han constatado, aportando informes auditados, sobre los que la CNMC ni se ha pronunciado ni ha considerado en su informe". La patronal del biogás también se queja de lo mismo. Como asimismo UNEF: los patrones de retribución fabricados por el gobierno -dice esa asociación- "no reflejan la realidad bajo la que se acometieron las inversiones en su momento".
Junio
Durante los meses de abril y mayo, la mayoría de los afectados -prácticamente todos los actores clave del sector- demandan del ministerio que muestre los informes sobre los que, presuntamente, está asentando su reforma. Pero el ministerio se niega so pretexto de confidencialidad y la reforma, al fin, cobra naturaleza en junio (primero a través del Real Decreto 413/2014 y luego mediante la Orden Ministerial 1045/2014, que desarrolla ese RD). A esas alturas, nadie conoce aún los informes de Boston y Roland Berger. El presidente de la Asociación Española de Biogás, Francisco Repullo, nos contaba lo siguiente: "mire, nosotros hemos solicitado el informe del Boston que sirvió de base de cálculo. Esa base de cálculo, que nosotros sepamos, no se la han entregado a nadie porque, por lo visto, Industria exige confidencialidad. O sea, que no la hemos visto. Lo que sí nos ha llegado es el rumor, y digo rumor porque no tenemos pruebas de ello, de que Industria cogió el informe del Boston y modificó las cifras".
¿Penúltimo capítulo de la historia?
Habida cuenta de las repetidas negativas de Industria a mostrar los papeles, el sector opta por contratar los servicios jurídicos de un despacho de abogados -Holtrop-, que se encargará de llevar esas reclamaciones ante las más altas instancias judiciales. ¿Conclusión? El caso llega al Tribunal Supremo y la semana pasada, este -que había requerido repetidas veces a Industria- recibe por fin la documentación, que envía el jueves a Holtrop. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues que, entre la documentación remitida por Industria al TS, solo llega uno de los dos informes: Roland Berger. ¿Qué ha ocurrido con Boston? Pues lo contábamos ayer: lo que ha sucedido con Boston es que el IDAE, que es el organismo de Industria que se encargó de esa contratación concreta, dice ahora que no tiene ese informe. Es más, el Instituto ha enviado al Supremo un documento en el que certifica que ha rescindido su relación con Boston “por los reiterados incumplimientos del contrato en que ha incurrido” esa consultora.
Ayer
Además, el otro informe -Roland Berger- tiene fecha de 31 de octubre de 2014 (así figura en la documentación recabada por el Tribunal Supremo). O sea, que, si uno de los dos informes tiene fecha posterior a la entrada en vigor de la norma y el otro... ni siquiera ha existido... hasta el punto de que el IDAE ha rescindido el contrato... ¿de qué contraste está hablando el secretario de estado de Energía, Alberto Nadal? ¿Contrastar qué cuándo? ¿Contrastar a posteriori? ¿Contratar por un millón de euros a dos consultoras (con el fin de contrastar...) y aprobar al final la norma sin haber contrastado? ¿Contratar a una consultora -Boston- porque esta firma "presenta -así consta en el expediente de contratación- un buen organigrama, un equipo con sólido CV, alta experiencia en estudios de costes de energías renovables y gran número de trabajos similares en los últimos años por todo el mundo"... y luego plantear que ese trabajo no alcanza el nivel de calidad adecuado, que es lo que dijo ayer Nadal?
Momento IDAE
Según publica la agencia Servimedia, Nadal insistió ayer en que “el trabajo lo hicieron los técnicos del IDAE”, por lo que “me es muy difícil pensar que alguien pueda replicar el trabajo de un equipo de profesionales durante un año, de 15 personas, dedicado casi en exclusiva a esto”. Habida cuenta del último giro que ha tomado esta historia, que empieza a ser rocambolesca, Energías Renovables se ha puesto en contacto con el IDAE. Les hemos planteado las siguientes cuestiones.
1. ¿Está disponible para los medios el informe que ha elaborado el IDAE? ¿Podrían enviárnoslo?
2. ¿Cuánto tiempo empleó el IDAE en la elaboración de ese informe?
3. ¿Cuántos profesionales del Instituto estuvieron empleados en la elaboración de ese informe? ¿Quién es el responsable máximo del mismo?
4. ¿Cuándo comenzaron sus trabajos (de elaboración del informe), cuándo concluyeron, cuándo entregaron el informe a la secretaría de estado de Industria?
5. ¿Va a denunciar el IDAE a Boston Consulting Group por “reiterados incumplimientos de contrato”? ¿Va a exigirle algún tipo de indemnización? ¿Lo ha hecho ya?
6. ¿Ha sido denunciado el IDAE por Boston? (Por rescisión improcedente de contrato o por cualquier otro motivo).
Boston no sabe/no contesta
Como ya contáramos ayer, Energías Renovables (ER) ha preguntado a Boston si va a tomar medidas contra la rescisión de contrato. Una portavoz de Boston nos ha dicho que la consultora no va a hacer declaraciones. ER le ha preguntado a la portavoz a continuación si al menos podía decirnos si la consultora ha hecho el informe o no, o si ha presentado una parte del informe o no. Boston ha insistido en que la consultora no tiene nada que decir. Lo cierto es que las sospechas del "pucherazo" ministerial (¿"pucherazo" anunciado?) aparecieron pronto. Ya en octubre de 2013, ER recogía las declaraciones del presidente de la sección de Biomasa de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), Manuel García: "el problema es -explicaba García- que la consultora recoja unas cifras y luego en el ministerio empiecen a reducir para llegar al número que tienen en la cabeza". Exactamente un año después, en octubre de 2014, el presidente de Aebig, Repullo, se quejaba de que "en nuestro caso [el sector del biogás], la rentabilidad razonable no se cumple" y nos contaba lo siguiente.
"Vamos a ver -decía Repullo-, lo que nos preguntamos es de dónde salen los siete céntimos establecidos para operación y mantenimiento [ese era el precio que la norma finalmente aprobada establece para instalaciones de biogás]. Verá -continuaba Repullo-, en el Plan de Energías Renovables [PER] 2011-2020, Boston [que también le había hecho el estudio de costes a la Administración en ese PER] estimaba unos costes mínimos de nueve céntimos de euro por kilovatio hora [9 c€/kWh] para operación y mantenimiento en situaciones óptimas, cantidad que podía estar por encima de los 25 c€/kWh en situaciones más desfavorables. Bueno, pues ahora nos dicen que son siete. Así que, en las alegaciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dijimos que si Boston determinó en el PER 2011–2020 que, como mínimo, eran nueve céntimos, ¿por qué ahora son siete? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no nos dejan ver el informe último de Boston?". Entre tanto, Energías Renovables espera respuesta del IDAE. Y la contaremos. También.
