Supongo a muchas personas informadas –gracias sobre todo al alarde informativo que ha hecho Iberdrola a través de su presidente- de la inquina que esta gran empresa eléctrica tiene a la termosolar. Nuestra versión de las razones la hemos dado ya varias veces pero, en definitiva los hechos son claros: una ofensiva desproporcionada e injustificada contra unas tecnologías en las que España, con mucho esfuerzo de muchas personas e instituciones durante mucho tiempo, ha logrado el liderazgo mundial. A esos ataques el sector no ha contestado con la contundencia que correspondía y el mensaje de esos “enemigos” ha calado en la opinión pública y sobre todo en el gobierno dando lugar a los grandes perjuicios que el gobierno ha infligido a las empresas del sector. En el caso concreto de Iberdrola el asunto ha tenido algunas repercusiones concretas: esta empresa fue expulsada de la asociación en una votación de su junta directiva sin ningún voto en contra y, probablemente como respuesta, Protermosolar ha sido demandada en los tribunales “para la protección al derecho fundamental al honor habida cuenta de las declaraciones que dice vertidas por la entidad demandada (Protermosolar)” (textual de la sentencia correspondiente). El resultado de dicha demanda ha sido la desestimación por parte del juzgado de instrucción nº 1 de Bilbao cuya titular ha dictado el siguiente fallo:
“DESESTIMAR la demanda formulada por el procurador xxxen nombre y representación de IBERDROLA contra ASOCIACION ESPAÑOLA PARA LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA TERMOSOLAR con imposición de costas a la demandante”.
El pretexto para la demanda fue una rueda de prensa que dimos en Madrid el secretario general, Luis Crespo y yo mismo, como presidente de la asociación. Como se recoge en la sentencia en ningún momento de la rueda de prensa se atentó contra el honor de nadie, salvo que se entienda como tal el defenderse de los ataques sistemáticos del presidente de Iberdrola y, desde luego hicimos uso de nuestra libertad de expresión.
Bueno, pues todo claro y rotundo. Pero el asunto me da el pretexto para glosar el tema. Máxime cuando, según la sentencia yo soy “un profesor de termodinámica” que acompañaba al Secretario General de Protermosolar en la rueda de prensa que da origen a la demanda y no se hace referencia a que, en aquel momento, era el presidente de la asociación y en nombre de tal intervine en ella y no como profesor de termodinámica. Por otro lado y dado que ya no soy presidente de la asociación tengo mayor libertad de expresar mis opiniones sin comprometer al sector, ya de por si bastante castigado sin mi intervención.
Me parece un momento adecuado para intentar dejar claro lo fundamental.
Las centrales termosolares son una consecuencia de un proceso de investigación que se inició allá por el 1977 en todo el mundo con un destacado papel de nuestro país en lo que ahora es la Plataforma Solar de Almería. A partir de que se consiguió demostrar experimentalmente la idoneidad de estas tecnologías para la obtención de electricidad a partir de la radiación solar –allá por el 1983– todo han sido dificultades injustificadas guiadas por la ignorancia y la falta de visión de futuro de los gobiernos y de las grandes empresas. Cuando al fin se produce el despegue en España (febrero de 2007 con la PS 10) consecuencia de que se despejan todas las pegas (ya las he explicado otras veces, alguna rocambolesca en el Congreso de los Diputados y de la mano de una diputada del PP) se inicia un camino de extraordinario éxito para nuestras empresas del sector que han demostrado su capacidad tecnológica y la decisión de sus dirigentes de asumir los riesgos que iniciativas de este tipo comportan.
Me parece necesario dejar en evidencia –una vez más– que este despegue se produce a partir de la ley 54/97 que consolida el llamado régimen especial donde se encuentran incluidas las tecnologías renovables y la cogeneración. Fue el primer gobierno del PP que se apuntó un buen tanto político aunque este ha quedado muy empañado con otros aspectos de aquella ley que son los que han dado lugar al disparate que ahora mismo es el sistema eléctrico español. Me refiero –muchos ya lo han adivinado– al procedimiento de valoración de la electricidad que se vende en el sistema a los 27 millones de “clientes”, el llamado “pool” que permite que el kWh de las grandes centrales hidroeléctricas superamortizadas y utilizando un agua que es de todos se pague a veinte veces más de lo que cuesta producirlo. Algo parecido ocurre con las nucleares. Dando lugar a los llamados “windfall profit” (beneficios caídos del cielo) que supusieron solo entre 2006 y 2011 un montón de millones de euros que recibieron de más las grandes empresas eléctricas.
Pues bien, ese procedimiento sigue vigente y es el auténtico origen del llamado “deficit de tarifa” que la mala legislación posterior solo ha hecho aumentar achacando todo él a las primas a las energías renovables que, por cierto, también fueron establecidas y santificadas por gobiernos del PP (RD 2818/98, RD 436/04) y que los gobiernos intermedios del PSOE no supieron, no pudieron o no quisieron modificar; más bien, acentuó el disparate (RD 661/07 y sucesivos). Lo que a mi me parece inadmisible es que gobiernos que han puesto en marcha mecanismos de valoración económica de diverso tipo para las tecnologías eléctricas luego cambien la legislación conculcando la seguridad jurídica que debe ser la base de la economía de un país. Lo mínimo que se les puede pedir es que reconozcan sus errores y rectifiquen cambiando a fondo la ley que dio lugar al desaguisado. Pero ya se ve que eso es muy difícil por no decir imposible con los responsables políticos que en los últimos tiempos rigen los destinos de nuestro país. Entre otras cosas porque luego son recompensados por las empresas dándoles puestos en sus consejos de administración o como asesores bien pagados.
Desde luego, el daño ya está hecho y será casi imposible deshacer el entuerto y que las agua vuelvan a su cauce. Con el freno a las tecnologías renovables nuestro país perderá una vez más el tren de la modernidad tecnológica para una vez que estábamos en el puesto de cabeza. Por más vueltas que le doy al asunto no encuentro solución aunque espero que los españoles encontremos salida que no puede ser otra que cambiar a los gobernantes y el modelo en el que nos hemos metido, consciente o inconscientemente.
En realidad sí tengo algunas ideas para cambiar la situación pero son demasiado radicales para expresarlas aquí y ahora.