Es conocido que la Subcomisión de Energía del Congreso vio con buenos ojos la propuesta de la Fundación Renovables de que el coste del desarrollo de las fuentes limpias sea repartido equitativamente entre todos los consumidores de energía. El planteamiento, comúnmente conocido como ‘céntimo verde’, se ha concretado ante la opinión pública en que se encarezca cada litro de gasolina o de gasóleo con unos cuantos céntimos –no sólo uno, como da a entender la denominación popular– destinados a pagar el coste actual de las renovables eléctricas. Ahora bien, la redacción de la Subcomisión es lo suficientemente amplia como para que en la corresponsabilidad –según la denominación de la Fundación– quepan más medidas, como la barajada tasa a la producción de hidráulicas y nucleares.
Otra propuesta de la Subcomisión, con un planteamiento de copago muy similar, no ha tenido tanta divulgación. Consiste en establecer “para la capacidad térmica instalada, un pago unitario”, por el que “sean las propias tecnologías no gestionables las que internalicen el coste de mantener la generación térmica de respaldo”. O sea, que casi todas las renovables sufraguen que las centrales de gas y carbón operen a ralentí, o simplemente existan, para garantizar el suministro.
Nada que objetar, de entrada. La última punta de la demanda (44.122 MW, la noche del 11 de enero del año pasado) fue cubierta en un 60% con centrales térmicas y nucleares, más un 19% de hidráulica y un 11% de eólica. La electricidad sucia todavía es indispensable, pero el crecimiento renovable obliga a las térmicas que la generan a permanecer ociosas cada vez más tiempo, con las subsiguientes pérdidas económicas.
Según el informe de UNESA La situación económico-financiera de la actividad eléctrica en España: 1998-2009, durante este último año los ciclos y el carbón arrojaron un resultado negativo de 1.734 y 872 millones de euros, respectivamente. El año pasado debió ser aún peor, ya que la producción de los ciclos bajó un 17% y la del carbón un 34%. No choca que el Informe reclame un incremento de los pagos por capacidad, “al menos desde los actuales 20.000 €/MW hasta 55.000 €/MW”.
Respaldar el sistema debe remunerarse. Y podemos estar de acuerdo en que esa remuneración recaiga en las fuentes “no gestionables” –nuclear inclusive–, para que internalicen el coste, del mismo modo que las tecnologías contaminantes empiezan a internalizar las emisiones de CO2. Pero debemos saber cuánto hay que respaldar el sistema realmente, y hasta cuándo será necesario, porque ya hay numerosos estudios que auguran un abastecimiento cien por cien renovable en pocas décadas.
Ideas como limitar el desarrollo de las renovables a la minúscula capacidad de interconexión española, o que es necesario instalar un megavatio sucio por cada megavatio limpio, o que se deben pagar los kilovatios en función de su “calidad”, marcada por la gestionabilidad de la fuente de energía de procedencia, no se sostienen; para constatarlo basta observar la ausencia de relación entre la penetración de renovables y la evolución de los costes de ajuste y capacidad del sistema: si en 2004, con una producción verde de 22.657 GWh, supusieron el 19% del coste total de la electricidad, en 2009, con más del doble de producción limpia (50.731 GWh), habían bajado al 11%.
Pero no importa. Las corporaciones energéticas, que han demostrado estar dispuestas a renunciar al carbón, necesitan sacar los ciclos de los números rojos ocasionados por la mala planificación: se preveían 9.000 MW de gas en 2010 y hay más de 25.000 MW. Y aunque el ilustre ministro Sebastián les recordara el año pasado, en la Asamblea de SEDIGAS, que hay “decisiones de inversión privadas que conllevan un riesgo”, está más que dispuesto a socorrerlas.
Prueba de la excelente disposición ministerial es que los pagos por capacidad se incrementaron un 72% en enero, de modo que alcanzarán los 1.734 millones en 2011. La subida responde a la decisión de que se queme, por ley, un carbón nacional antieconómico y antiecológico, cuya explotación se ha prorrogado; no hay función de respaldo alguna, porque el carbón no lo necesita. En total, asciende a 726 millones anuales, que casan perfectamente con los 740 millones sustraídos de la retribución fotovoltaica cada año hasta 2014. Digamos que, literalmente, ya estamos pagando el carbón, y que los reguladores están cimentando las normas que nos obligarán a pagar el gas en el futuro, aunque ya no sirva para nada.
