En octubre del año pasado, una coalición de siete empresas capitaneadas por SolarWorld, el mayor fabricante fotovoltaico europeo, presentó una denuncia por competencia desleal ante el Departamento de Comercio de EE UU. Según la denuncia, los fabricantes fotovoltaicos chinos reciben subsidios ilegales de su Gobierno y venden sus células y paneles a precios artificialmente bajos (dumping), para llevar a la quiebra a las empresas locales y hacerse con todo el mercado. Enseguida se inició una investigación oficial, de la que ya se conocen dos resultados preliminares:
El primero, publicado el 20 de marzo, afirma que los fabricantes chinos sí reciben subsidios ilegales y recomienda establecer un arancel del 4,73% a los productos de Trina, otro del 2,9% a los de Suntech y otro del 3,59% a todas las demás empresas. El segundo resultado, publicado el 17 de mayo, considera que también hay dumping y pide un arancel del 31,14% para Trina, otro del 31,22% para Suntech, otro del 31,18% para las restantes 59 empresas que han colaborado con la investigación, y otro más, de un escandaloso y castigador 249,96%, para todas las demás empresas que no han colaborado. De remate, pide que sean retroactivos y válidos desde febrero.
El Departamento de Comercio publicará sus veredictos finales en octubre. Los aranceles propuestos –pasma su relojera precisión de dos decimales– pueden variar, aunque no mucho, antes de aplicarse el 30 de noviembre.
China, acostumbrada a este tipo de litigios en numerosos ramos industriales, no ha permanecido de brazos cruzados. Un mes después de que se presentase la denuncia, los fabricantes chinos de polisilicio, la materia prima fotovoltaica, acusaron a los estadounidenses de hacerles dumping; Pekín, naturalmente, abrió la correspondiente investigación, aún pendiente de resolución. Y menos de una semana después de conocerse los fuertes aranceles antidumping norteamericanos, China anunció que denunciará a EE UU ante la Organización Mundial del Comercio por su política de ayudas a las renovables.
Las repercusiones de la decisión de la Administración de Obama serán enormes; el choque de argumentos y vaticinios entre partidarios y detractores ya lo está siendo: que si los chinos exportarán igualmente desde Taiwán y otros países asiáticos; que si ahora se abrirán nuevas fábricas en EE UU; que si los consumidores pagarán más por la energía solar y se retrasará el alcance de la plena competitividad; que si los chinos iban a subir los precios cuando se quedasen sin competencia; que si los empleos en la fabricación sólo son el 20% en la cadena de valor fotovoltaica; que si ese 20% de empleo es el que tiene mayor valor añadido…
En fin, que se trata de una reedición del clásico conflicto entre los partidarios del libre comercio y los que gustan de analizar si ese libre comercio se produce en igualdad de condiciones, particularmente en los mercados regulados. Tendremos tiempo de profundizar en ello, porque el embrollo va a crecer: tras el éxito preliminar de la campaña norteamericana, SolarWorld está formando una segunda coalición en la vieja Europa para presentar otra denuncia por competencia desleal antes de las vacaciones veraniegas. Si, como aspira, logra aglutinar al 25% de la industria comunitaria, la UE deberá adoptar medidas en un plazo máximo de 45 días.
