Un arancel comunitario de CO2 (ER 82)

Tomás Díaz
Director de Comunicación de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
tdiaz@asif.org

El pasado 10 de septiembre, Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, aprobó una tasa ambiental para gravar el consumo de combustibles fósiles y las subsiguientes emisiones de CO2 de sus conciudadanos: a partir del próximo enero, un francés soltero y urbanita pagará 40 euros al año; una pareja afincada en el campo, con un hijo a su cargo, unos 150 euros. “Si nosotros no pagamos la factura del medio ambiente, la pagarán nuestros hijos” dijo Sarkozy durante una alocución televisada. En el momento de escribir estas líneas, algún medio de comunicación adelanta que Zapatero va a crear una tasa similar en España con la Ley de Economía Sostenible.

Pocos días después de anunciar la nueva tasa francesa de CO2, el Presidente galo reclamó que la Unión Europea (UE) establezca un arancel común para los productos fabricados en países con una legislación ambiental más laxa que la comunitaria. “Estoy a favor de proteger el medio ambiente, pero quiero mantener nuestra industria” dijo entonces. A finales de mes, en la ONU, exigiendo una acción global contra el cambio climático, insistió en la idea: “Si no nos movemos todos juntos, habrá que imponer una tasa de carbono que cubra toda Europa”.

La idea de establecer un arancel comunitario de CO2 flota en el ambiente desde que la UE se impuso unilateralmente el objetivo de reducir sus emisiones un 20% en 2020. Y cobra fuerza en los prolegómenos de la Conferencia de Copenhague del próximo diciembre. Si allí no se alcanza un acuerdo planetario para reducir las emisiones contaminantes, la política verde de la UE animará a las industrias más intensivas en energía a llevarse las fábricas a otras latitudes menos ecológicas.

El riesgo de deslocalización (un palabro que no figura en el Diccionario) por aplicar una normativa ambiental exigente no es nuevo; precisamente para evitarla, más de 150 sectores europeos, responsables del 75% del CO2 manufacturero, recibirán derechos de emisión prácticamente gratuitos hasta 2014. Pero para el período 2015-2019 se decidirá nuevamente qué sectores deben recibir un tratamiento especial y cuáles no. Y si no hay acuerdo en Copenhague…

Por otro lado, se ha señalado que el establecimiento de un arancel ambiental en la UE podría contravenir los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y que a la UE, exportadora neta, no le interesa la proliferación del proteccionismo. Empero, Sarkozy recuerda que el arancel no contraviene estos acuerdos si el Estado que lo aplica ya grava sus emisiones, y sostiene con aplomo: “No es una medida proteccionista, sino un reequilibrio de las condiciones de competencia y libre comercio”.

La cuestión es clave: si la UE decide gravar su producción industrial con tasas ambientales, ¿por qué va a permitir la venta de productos fabricados sin esos gravámenes en su mercado interior? Con más perspectiva: si todos estamos de acuerdo en que es necesario frenar el calentamiento global, pero sólo unos pocos lo intentamos, ¿por qué vamos a dar ventajas y beneficios a quienes no lo hacen? Se puede aludir que la UE y los países ricos estamos en deuda con el resto del mundo. Es rotundamente cierto, y justifica que nos esforcemos más en la transición hacia una economía sostenible, pero no exime a los demás, absolutamente a todos, de hacer un esfuerzo proporcionado.

Además, si no hay acuerdo en Copenhague, que la UE establezca el arancel de CO2 para acceder a su mercado –unos 500 millones de prósperos consumidores–, no sólo evitaría a corto plazo la competencia desleal, sino que, a medio plazo, azuzaría a los estados insolidarios a racionalizar sus tejidos productivos.

Para la globalización incipiente del mercado de las energías renovables, el arancel comunitario de CO2 –o un arancel para los países firmantes de un pacto ambiental internacional descafeinado– tiene grandísimas implicaciones: ¿es justo que el apoyo a las renovables que pagamos los ciudadanos de unos pocos países genere industria y riqueza en otros países que no prestan un apoyo similar? Ojalá haya un acuerdo planetario en Copenhague.

tomás díaz

Un arancel comunitario de CO2 (ER 82)