El pasado 15 de septiembre, un anuncio a página completa en varios diarios rezaba así: “El Gobierno condena a muerte al sector del biodiésel en España”. En él, APPA Biocarburantes exigía al Gobierno la aprobación de una Orden Ministerial que asigna cinco millones de toneladas de biodiésel a las biorrefinerías de la UE que lo soliciten. La industria del biodiésel lleva años sufriendo las importaciones “ilegales y desleales” de Argentina e Indonesia, las cuales, gracias a las Tasas Diferenciales a la Exportación que otorgan a su propio biodiésel, en la actualidad copan más del 90% del mercado español. Nuestra industria sólo produce al 15% de su capacidad y “están en serio peligro 4.000 puestos de trabajo y 1.400 millones de inversión”. Nuestra industria “no pide medidas proteccionistas, sino sólo poder competir de manera justa y equitativa”.
El bautizado como ‘proteccionismo verde’ se expande: Italia paga un 10% más a las instalaciones fotovoltaicas que usen equipos fabricados en la UE; Turquía paga un 40 % más a sus propios paneles; en India no se instala una placa que no se haya elaborado allí; Brasil ha puesto un arancel del 14% para turbinas eólicas y exige financiación local para aprobar los parques; Portugal lanza una subasta eólica a la que sólo se puede concurrir de la mano de una universidad lusa; Colorado y Missouri aplican un multiplicador de 1,25 a los certificados verdes obtenidos con recursos intraestatales; la publicidad de APPA Biocarburantes demandaba “políticas equivalentes a las aplicadas en Francia, Portugal, Bélgica o Grecia”…
En agosto quebró Solyndra, una conocida empresa fotovoltaica norteamericana. Su millar de empleados fabricaban unos curiosos generadores solares cilíndricos que no han podido competir con los paneles tradicionales, cuyo precio se ha desplomado por la abrumadora oferta china. Se da la circunstancia de que Solyndra había recibido en mayo de 2010 un crédito garantizado del Gobierno Federal de 535 millones de dólares y el propio Obama la había puesto como ejemplo a seguir.
El revuelo armado por el caso Solyndra –el Congreso, controlado por los republicanos, está investigando cómo se autorizaron esas ayudas– ha situado a China, y su actuación en el mercado global renovable, en el centro de la diana. The Guardian, por ejemplo, informaba de que, sólo en 2010, el público Banco Chino de Desarrollo había otorgado 30.000 millones de dólares en créditos blandos a sus cinco primeros fabricantes fotovoltaicos.
China actúa como un depredador en el mercado global renovable, facilitando a sus empresas –sólo se invierte allí con una alianza local– unas condiciones imposibles de igualar: exenciones fiscales, bajos costes laborales, laxitud ambiental, créditos a la exportación, tutela del Partido Comunista… Por ahí se da por hecho que, a raíz del caso Solyndra, EE UU va a reclamar ante la Organización Mundial del Comercio.
No sería la primera vez que el proteccionismo verde ocupa al organismo internacional. En junio, China suspendió ayudas de cientos de millones de dólares a sus fabricantes eólicos ante otra demanda norteamericana. Y en agosto, la UE se sumó a una demanda de Japón contra Canadá por la política de Ontario, que exige un 60% de fabricación local a las instalaciones fotovoltaicas; con ello, el Estado canadiense afirma haber creado 13.000 empleos, que serán 50.000 al acabar 2012.
Según la ortodoxia económica imperante, las barreras al libre comercio son negativas porque merman la competencia y encarecen los productos. Es un sólido principio teórico que no conviene olvidar, pero, como suele ocurrir, presupone una situación de igualdad de oportunidades que está muy lejos de la realidad de los mercados energéticos y, especialmente, de los mercados renovables, por la sencilla razón de que en ellos la demanda es política, depende de subvenciones, primas, exenciones fiscales y otros tipos de ayudas.
Cuando un país fomenta las energías limpias y les permite, mediante las ayudas, competir con las energías sucias, desea que la inversión económica que está haciendo su población le genere el máximo beneficio. Una parte importante del valor añadido actual de las renovables está en la industria, que se pierde si no se la protege de otros estados más agresivos. La cosa clama al cielo si, además, esos depredadores –como China o Argentina– tienen barreras para sus propios mercados.
Los países que actualmente fomentan las renovables tienen todo el derecho del mundo a maximizar el retorno de la inversión que están haciendo sus sociedades y a compartir sus mercados verdes sólo con aquellos países que tengan políticas de fomento homólogas.
