El mismo día en que Cáritas Europa publicó un informe en el que subraya que España es el segundo país de la UE con mayor índice de pobreza infantil, sólo por detrás de Rumanía, la solvente Asociación de Ciencias Ambientales presentó el estudio Pobreza energética en España. Análisis de tendencias 2014; según sus datos, el 17% de los hogares tiene problemas para pagar unas facturas de energía que suman más del 10% de sus ingresos totales. También ese mismo día –¡qué casualidad! – Se supo que Endesa y el Ayuntamiento de Barcelona habían firmado un convenio “para coordinar y agilizar el pago de ayudas en situaciones de pobreza energética”; a partir de ahora, Endesa no cortará ni la electricidad ni el gas a ningún vecino que esté recibiendo ayuda municipal. En España hubo 1,4 millones de cortes de suministro por impago en 2012, según los cálculos del diario El País.
Un poco antes, el pasado 22 de marzo, Ecologistas en Acción se sumaba a las Marchas por la Dignidad “contra el uso mercantil de un bien básico para la vida como es el agua”, recordando, de paso, que ese día también se celebraba el Día Mundial del Agua. Según los datos manejados por la ONG, en 2012 se ejecutaron 300.000 cortes de agua por impago, un 30% más que hace cuatro años, a pesar de que muchos ayuntamientos corran con los gastos de los vecinos menos pudientes.
El agua tiene internacionalmente reconocida esa condición de bien básico: su suministro es un Derecho Humano desde que así fuera decidido por la ONU en 2010. La energía, a pesar de ser imprescindible para disponer de agua –y viceversa–, todavía no goza de una distinción tan elevada.
Amparándose en ese Derecho Humano del Agua, la plataforma europea Right2Water presentó a la UE, el pasado diciembre, una Iniciativa Ciudadana respaldada por casi dos millones de firmas, para que la legislación comunitaria garantice el acceso al agua y al saneamiento de todos los europeos, sin someterlo a las normas de mercado.
El Parlamento Europeo ha apoyado mayoritariamente la Iniciativa y la Comisión también ha respondido reconociendo el valor del Derecho Humano del Agua, pero sin proponer ninguna legislación. Los promotores de la campaña, integrada en el movimiento global “remunicipalizador” de los servicios de agua y otras infraestructuras –como las redes eléctricas de distribución–, no están satisfechos y seguirán buscando una oportunidad de cambiar las normas comunitarias.
Si el acceso al agua es un Derecho Humano, ¿lo debería ser también el suministro de energía? ¿Se acabaría con más facilidad con la pobreza energética? Sin duda, aunque conviene recordar que el reconocimiento no implica cumplimiento y que también son un Derecho Humano (Artículo 24 de la Declaración Universal) las vacaciones periódicas pagadas.
Y sin necesidad de que haya ningún reconocimiento global, en otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia, la protección de los menos pudientes frente a situaciones de exclusión, como la falta de agua o de calefacción en invierno, es mucho más fuerte que en España. Aquí, además de los ayuntamientos, ayuda Cataluña, que ha prohibido los cortes de luz en invierno. El Gobierno, lejos de apoyar, ha subido el bono social –que pagan las eléctricas, por cierto– y lo ha dejado un 25% más bajo que la tarifa normal. Mientras tanto, el número de hogares que sufren para pagar la energía, si es que lo hacen, ha subido un 30% en los últimos dos años.
