Y a conocemos un nuevo capítulo de la reforma energética, esta vez para erradicar el déficit de tarifa. Es muy rentable para las arcas públicas: según la Memoria que acompaña al Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que se ha remitido a las Cortes, su aplicación comporta un coste de 1,26 millones de euros, pero, como contrapartida, el fisco recaudará alrededor de 3.000 millones al año en impuestos, cánones y supresión de regalías. Si, como decía un anuncio de televisión, “Hacienda somos todos”, hemos hecho un magnífico negocio.
La cosa no es tan sencilla, porque, como suele ser habitual, somos los consumidores los que vamos a soportar esos 3.000 millones con un aumento de los precios del gas y la electricidad. Sólo la fotovoltaica, la solar termoeléctrica y la cogeneración –por distintos motivos– van a sufrir un impacto directo y relevante en la rentabilidad.
Más allá de las cuentas concretas, de ganadores y perdedores, y de la amena pelotera estival entre los titulares de Industria y Economía, el Proyecto de Ley trae una gran novedad: los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correrán con parte de los pagos regulados del sistema eléctrico, como las primas renovables o las redes eléctricas.
Llevar las primas a los PGE ha sido una vieja demanda de las eléctricas y un anatema para el sector renovable, por la incertidumbre que introduce supeditar los ingresos de las energías verdes a la negociación anual de las cuentas públicas, algo habitualmente complejo con nuestro modelo de distribución de fuerzas parlamentarias, en el que las mayorías absolutas son la excepción.
Empero, el hecho de que los PGE también sufraguen parte de los costes del sistema eléctrico puede tener sus ventajas. Más aún en la situación actual, con la tarifa eléctrica dando evidentes muestras de agotamiento a la hora de financiar el despegue de la energía limpia y con las primas bajo una moratoria indefinida que probablemente será definitiva.
A diferencia de otros países de nuestro entorno, en España la fiscalidad ambiental brilla por su ausencia, y la Unión Europea exige usarla para avanzar en la sostenibilidad energética. La aplicación del principio ‘el que contamina, paga’ puede abrir nuevas vías de crecimiento en ahorro y eficiencia, en movilidad eléctrica, en redes inteligentes, en sistemas de almacenamiento, etcétera.
Las subastas de Derechos de Emisión del mercado comunitario de CO2 que comenzarán el año que viene –hasta ahora se han regalado– son un ejemplo del camino a seguir: sólo del sector eléctrico se recaudarán más de 1.100 millones, de los que al menos el 50% debe destinarse a reducir las emisiones. De momento, el ministro Soria ha anunciado que dedicará 450 millones obtenidos por esa vía a reducir el déficit de tarifa acumulado.
Los PGE de 2013 son pavorosos para cumplir el objetivo de déficit público y no hay mucho que rascar. Pero el paso dado es estructural. Y además las siguientes rondas de la reforma energética llegarán sin la engañifa del déficit de tarifa, que ha sido tan nefasto para los consumidores como útil para algunos a la hora de posponer lo importante.
