El éxito de las energías renovables en Europa se ha fraguado gracias al pago de precios superiores a los del mercado y gracias a su carácter prioritario. Los mayores precios –las primas– les han permitido ser rentables, compensando las externalidades negativas de las energías convencionales, y madurar tecnológicamente. La prioridad, por su parte, ha tenido dos vertientes, la conexión –si quieren conectarse una fuente fósil y una renovable, se conecta la renovable, y, si no se puede por razones técnicas, hay que ofrecer una alternativa– y el vertido: la electricidad renovable se despacha siempre antes que la convencional.
Pues bien, la última Comunicación de la Comisión Europea sobre energía, Delivering the internal electricity market and making the most of public intervention, publicada el pasado 5 de noviembre, da un giro muy importante a los planteamientos de Bruselas sobre las primas y la prioridad. Sobre las primeras, recomienda reducirlas –ya no necesitan tanto apoyo– y sobre la segunda, recomienda eliminarla, lo cual sería un terrible error.
La Comisión plantea que la prioridad de conexión ya no hace falta, porque se implantó para que la históricamente centralizada infraestructura eléctrica no penalizase a las renovables y la situación ha cambiado mucho en los últimos años; hoy las energías limpias tienen una cuota importante de la generación y las planificaciones estatales y supraestatales deberían asegurar que las redes se ajustan a un modelo eléctrico cada vez más flexible, con renovables, sistemas de almacenamiento, gestión de la demanda, etcétera.
Y en relación a la prioridad de vertido, la Comisión también opina que es innecesaria, debido a que los bajos costes operativos de las renovables les permiten ofertar en los mercados marginalistas a un precio más bajo que el de las tecnologías convencionales, con lo que, en virtud de la orden de mérito que rige en dichos mercados, consiguen que su oferta case con la demanda y entren en operación.
En el caso de la prioridad de conexión, los argumentos de la Comisión serían válidos en un mundo ideal, en el que las redes –en especial las de distribución– no fueran propiedad de empresas privadas, verticalmente integradas, que velan por sus intereses. Si con la existencia de la prioridad los abusos son constantes –¿Cuánta gente ha pagado un estudio de capacidad totalmente innecesario?, ¿cuántas veces se ha cobrado a distintos actores el mismo refuerzo de la red?–, da miedo pensar qué ocurriría sin ella.
Respecto a la pérdida de la prioridad de despacho, si aceptamos que es válido un mercado marginalista en que el precio resultante es cero cada vez con más frecuencia, es verdad que a las renovables con bajos costes operativos –eólica, fotovoltaica– no les afectaría. Pero otra cosa ocurriría con las que sí incurren en costes de operación relevantes, como la biomasa o la solar termoeléctrica; si su producción dependiese de la oferta de precio que tuvieran que hacer, no generarían un solo kilovatio hora.
La cosa, no obstante, es compleja, y necesita análisis y mayor desarrollo, porque la mayor implantación de renovables lo exige. Hace un par de años, la extinta CNE ya recomendaba eliminar parte de la prioridad de despacho para evitar que un agente relevante, con tecnologías renovables y convencionales, realizase ofertas en el mercado diario con programa reducido en la parte renovable para que se elevase el precio de casación y aumentase el beneficio de las convencionales, sabiendo que la energía renovable iba a tener prioridad para verter en el tiempo real.
Otra vuelta de tuerca encontramos si hay restricciones técnicas. Ahora se desconectan primero las energías convencionales y después las renovables, pero, sin prioridad, regirían criterios económicos. Ahora bien, tampoco está definido qué tecnologías renovables se desconectan primero, en caso de necesidad. ¿Con temporal en Galicia, a quién se echa antes, a la eólica o a la hidráulica fluyente? Siguiendo una práctica no escrita, decide REE, en función de criterios económicos y de seguridad.
Los responsables de los conglomerados energéticos que explotan las tecnologías convencionales siempre han cargado contra la prioridad de las renovables. Su postura se resume en una pregunta retórica que han dejado caer cuando han tenido ocasión: “¿por qué tengo que dejar de generar para que otro produzca la misma energía mucho más cara?”. Tanto han insistido que les han escuchado en Bruselas.
En España la prioridad estaba asimilada al régimen especial, pero aunque éste desaparece con la nueva regulación, aquella se mantiene, tanto para conectarse en las redes como para verter energía. Eso sí, la prioridad de despacho se garantizará “a igualdad de condiciones económicas en el mercado”, lo que otorga una mayor importancia a la orden de mérito. Habrá que prestar mucha atención a la evolución de este asunto.
