España debería fijar un objetivo nacional de eficiencia energética antes de que acabe este mes de abril, de acuerdo con la Directiva 2012/27/UE. Resultará como mínimo curioso echarle un vistazo a la cifra que decidan establecer nuestros próceres, puesto que España fue el único Estado de la UE que votó en contra de la norma comunitaria, aprobada en octubre. ¿Por qué? Pues según trascendió a la prensa, porque se consideró que su sistema de cálculo nos penaliza, imponiéndonos una carga desmesurada, y porque obliga a rehabilitar los edificios de la Administración a corto plazo.
Para los actuales ocupantes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el ahorro y la eficiencia son un anatema, y de mayúsculas proporciones si afectan a la electricidad. La demanda eléctrica está cayendo como consecuencia de la crisis económica, y el menor consumo está reduciendo los ingresos del sistema, lo cual dificulta acabar con el déficit de tarifa. El déficit –esa monumental deuda de 29.000 millones de euros, contraída sin saberlo– condiciona hasta tal punto la política energética que cualquier actuación que conlleve ahorro y reducción de ingresos es automáticamente rechazada. Simplificando, cuanto menos paguemos por la luz, más se incrementará el déficit y más nos costará quitarnos la deuda de encima.
Desde esa perspectiva aberrada, que fomenta el consumo y no el ahorro para cuadrar las cuentas, se están desmantelando programas como la renovación de semáforos, de alumbrado, de edificación… Muy simbólico resulta que unos 600 millones que el IDAE tenía de remanente de ejercicios anteriores –¿adivinan por qué no se invirtieron?– se destinaran hace un año a reducir el déficit de tarifa.
Pues a esa perspectiva aberrada, que ha retrasado todo lo posible el etiquetado energético de los edificios –también impuesto por Bruselas–, ahora llega una nueva Directiva para dinamizar el mercado de la eficiencia energética. Y comienza obligando a establecer un objetivo nacional de un modo inmediato, y a inventariar, antes de que acabe el año, todos los edificios públicos, con la sana intención de rehabilitar un 3% de su superficie total cada año, empezando por el próximo.
En España hay más de 12 millones de viviendas construidas hace más de 30 años cuya rehabilitación es una opción clara para generar empleo y riqueza en este país nuestro de ladrillo y hormigón. Según Garrigues, si rehabilitásemos sólo un 2% cada año y destináramos 36.000 euros por vivienda, se crearían 175.000 empleos y una actividad económica superior a los 8.500 millones anuales.
El ahorro y la eficiencia energética son claves para que la amortización de la inversión en rehabilitación sea rápida, normalmente inferior a 10 años. Y la Administración tiene que fomentarlos, tanto dotando al mercado de una regulación adecuada para que proliferen las empresas de servicios energéticos, como dando ejemplo con actuaciones piloto. Pero no; nuestros próceres consideran que ahorrar es malo, porque aumenta las deudas, y que es un dispendio rehabilitar el 3% de los edificios del Estado anualmente.
De acuerdo con los cálculos del IDAE, el mercado de la eficiencia energética puede generar un 2,3% del PIB nacional en 2020, casi 60.000 millones de euros. Pero para ello es indispensable cambiar de perspectiva –aunque los conglomerados energéticos ganen menos– y dejar de considerar el ahorro de los ciudadanos como un problema.
