Aunque alguno se haya apresurado a afirmar que el objetivo propuesto por la Comisión Europea de alcanzar un 27% de penetración de las renovables en la UE en 2030 contrasta con la política española, la realidad es que no es así. La realidad, esa cosa tan tozuda, indica lo contrario: España ha ido por delante en desarrollo de renovables y ha sentado escuela, tanto en lo bueno como en lo malo, y tanto en los demás socios comunitarios como en la propia elite funcionarial de Bruselas.
Logros nuestros, como la elevada penetración de la eólica en el sistema eléctrico, y desmanes, como la retroactividad, son copiados frontera tras frontera. La propia Alemania incluyó un límite a la producción fotovoltaica con derecho a prima en la última reforma de su regulación y la República Checa, Italia, Francia, Bélgica o Bulgaria están recortado retroactivamente, tajo a tajo, los ingresos de los productores de energía limpia. Los jueces legalizan o rechazan según sopla el viento.
Ahora, la Comisión ha demostrado que sus orejas están muy abiertas a los sesgados argumentos de los detractores de las fuentes verdes y ha propuesto una memez, un objetivo vinculante a escala europea, dejando manos libres a cada Estado para que contribuya como buena o malamente quiera.
Y se trata de una somera tontería porque, en caso de incumplimiento, no hay ningún mecanismo sancionador. A diferencia de lo que ocurre con los incumplimientos de los objetivos vinculantes para cada país, asociados a largos y tediosos procedimientos de infracción que –voluntad política mediante– terminan en el Tribunal de Justicia Europeo y en multas considerables, si la UE, en conjunto, no alcanza ese objetivo del 27%, no pasa nada.
La Comisión se escuda en que junto a ese nebuloso objetivo plantea un nuevo mecanismo de gobernanza, basado en un constante intercambio de información con los países miembro. La realidad –otra vez esa cosa tan tozuda– es que es algo muy similar a lo ya existente, pero sin la amenaza de la sanción: al viejo vestido se le quitan las filigranas, se le cambia la etiqueta y vuelve al escaparate para venderse como si fuera el último grito en prêt-à-porter.
Ahora bien, la pregunta que cabe hacerse es: ¿necesitarán las renovables el mismo impulso político que hasta ahora? No deberían. Las tecnologías van a seguir madurando –durante los próximos 20 años la mitad de todas las nuevas centrales eléctricas del mundo serán renovables, según la AIE– y los objetivos de la UE a 2020, que sí son vinculantes país a país, han salido vivos de la última batalla entre los cabilderos bruselenses. Alcanzarlos exige implantar muchas renovables, sobre todo eléctricas, en Europa. Alemania, donde no hay vuelta atrás porque cerrará sus nucleares en 2022, se encargará de que cada país pague su parte. España aún debe pasar del 13% actual al 20% en seis años.
Superar los límites técnicos de la penetración renovable exige desarrollar el almacenamiento y adaptar las infraestructuras actuales, tanto a nivel supranacional –interconexiones– como a nivel nacional y local –redes inteligentes o puntos de recarga de vehículos eléctricos–, algo muy costoso que, además, choca de frente con los históricos monopolios y oligopolios de los mercados eléctricos nacionales.
La UE viene clamando, prácticamente desde su fundación y con escaso éxito, contra las barreras técnicas y regulatorias que impiden la creación de un auténtico mercado energético europeo. Las renovables son un elemento de creciente importancia en esa dinámica, y esa será la batalla principal de la próxima década.
