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La blancura de la negrura (ER 78)

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Tomás Díaz
Director de Comunicación de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
tdiaz@asif.org

Si usted trabaja en el Sector de las Energías Renovables en España debería saber que está destruyendo directamente 2,2 empleos en el resto de la economía. Lo dice el Estudio de los efectos del apoyo público a las energías renovables sobre el empleo, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos. Se trata de un informe escrito en inglés por el Instituto Juan de Mariana que advierte a Barack Obama de que se lo piense dos veces antes de poner a España como ejemplo a seguir para desarrollar una economía sostenible y crear varios millones de empleos verdes en los próximos años.

Entre otros, The Western Business Roundtable, un lobby norteamericano de la minería y el petróleo, se encargó de difundirlo y ha tenido una notable repercusión allí; hasta el portavoz de la Casa Blanca lo ha comentado a instancias de la prensa. No es tan raro, por la actualidad del tema y porque, con clara intencionalidad política, se cita profusamente al nuevo Presidente: “Por cada cuatro empleos verdes que cree, Estados Unidos perderá nueve empleos del resto de la economía, a los que hay que añadir aquellos empleos que las inversiones no subsidiadas hubieran creado con esos mismos recursos”.

Según el informe, de corte ultraliberal, las ayudas públicas a los empleos verdes detraen un capital a la economía que sería mucho mejor aprovechado por el sector privado, además de provocar otros impactos negativos. Y cita otros tres estudios como ejemplos: uno sostiene que reducir un 75% el parque norteamericano de centrales de carbón provocaría la muerte prematura de 150.000 personas anualmente; otro, que reducir ese mismo parque un 66% destruiría cuatro millones de empleos; y otro, que reducir un 15% las emisiones de CO2 les costará a los más pobres el 3% de sus ingresos. Se echa en falta la mención de ese otro informe que vincula el bioetanol con el cáncer.

“Desde 2000, España ha gastado 571.138 euros en crear cada empleo verde, incluidos subsidios de más de un millón para cada empleo en la industria eólica”, sostiene, basándose en un análisis de los puestos de trabajo creados por eólica, fotovoltaica y minihidráulica. Un análisis, por cierto, sui géneris y tendencioso, que descarta los datos oficiales de empleo calculados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (“exagerados”), y cuestiona la metodología usada por otras entidades de referencia, como el Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud.  

No debe de ser por casualidad que sean muchísimo más numerosos los informes y estudios prestigiosos que defienden la inversión pública en renovables y la consecuente creación de empleo. Sólo tres ejemplos recientes:

a) Uno de ámbito global, de la Organización Internacional del Trabajo y significativamente llamado Empleos verdes: hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas emisiones de carbono (septiembre de 2008).

b) Otro de ámbito continental, de la Comisión Europea, El impacto de la política de energías renovables en el crecimiento económico y el empleo en la Unión Europea (abril de 2009), entre cuyas conclusiones destaca que alcanzar los objetivos de 2020 supondrá un incremento adicional del PIB comunitario del 0,24% y la creación de 410.000 empleos.

c) Y otro de ámbito nacional, de Deloitte, para la Asociación Empresarial Eólica, Estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España (noviembre de 2008), que demuestra cómo –independientemente de la I+D+i, las importaciones energéticas evitadas, el CO2 ahorrado y otros factores– los 1.000 millones de euros que la eólica recibe anualmente en primas se compensan con creces con retornos superiores a los 3.300 millones.

Y claro, tampoco debe de ser por casualidad que proliferen informes contrarios a las renovables justo cuando Europa se exige alcanzar los objetivos de 2020 y EE UU apuesta por un Green New Deal, que puede ser global si el próximo diciembre se aprueba en la Cumbre de Copenhague un nuevo acuerdo que sustituya al Protocolo de Kyoto en 2012. Seguramente leeremos unos cuantos libelos más antes de que el petróleo vuelva a situarse por encima de los 100 dólares por barril y no tenga sentido publicarlos.

Obviamente, la revolución renovable, que convertirá en sostenible el insostenible sistema energético actual, no puede hacerse sin provocar la pérdida de unos empleos y la creación de otros. Pero defender que las renovables destruyen más empleo del que crean es defender la sostenibilidad de lo insostenible, o, lo que es lo mismo, la blancura de la negrura. “Cada megavatio verde instalado destruye una media de 5,39 empleos en el resto de la economía”, amenaza el Instituto Juan de Mariana.
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