Tomás Díaz
Director de Comunicación de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
tdiaz@asif.org
Nota aclaratoria sobre el artículo “¿Retroactividad?”
Estimado lector:
La columna que podrá leer a continuación ha originado una gran polémica; aborda un tema muy controvertido, y creo que, a la luz de dicha polémica, no refleja mi postura con suficiente nitidez. Espero que esta breve nota sirva para aclararla:
En primer lugar, ¿qué entendemos por retroactividad? ¿Es retroactiva la propuesta de Luis Atienza, presidente de REE –la gran REE–, sobre los bombeos que refiero en el texto? Cuando Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de Competencia, propone que las centrales hidráulicas sean subastadas entre las empresas eléctricas, ¿está proponiendo una medida retroactiva? Cuando Ángela Merkel, la canciller alemana, incluye una nueva tasa para las centrales nucleares en el plan de ajuste de su país, ¿adopta una medida retroactiva?
Yo creo que sí. Quizá mi interpretación del término “retroactividad” no encaje en su definición jurídica, pero una columna de opinión no es un texto legal. El Diccionario define “retroactivo” como “Que obra o tiene fuerza sobre lo pasado” y es función de la prensa llamar a las cosas por su nombre para que la gente las entienda. No me corresponde a mí decidir las medidas retroactivas que debe adoptar el Gobierno español para corregir el rumbo del país, ni fijar las líneas rojas que no deben cruzarse, pero puedo expresarme al respecto.
En segundo lugar, no se deben asociar las opiniones que mensualmente publico en Energías Renovables –exclusivamente personales y voluntariamente no remuneradas– con la posición de ASIF en las negociaciones en curso con el Gobierno. Comprendo perfectamente la inoportuna confusión que he generado y lamento el efecto negativo que mis reflexiones generalistas pueden haber tenido sobre el sector renovable español y, más concretamente, sobre los socios de la entidad que represento.
Finalmente, debo agradecer a una página web que adolece de pujo informativo intoxicador y a todos aquellos que malintencionadamente atacan a ASIF, la difusión adicional que han obtenido mis ideas y la oportunidad que me han brindado de profundizar en ellas sin la constricción que exige la edición en papel de la revista Energías Renovables.
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¿Retroactividad?
Estamos en crisis. En crisis nacional. Los mismos saqueadores globales que han llevado a la quiebra el sistema financiero internacional nos amenazan con destruir el euro y nos están imponiendo, dictatorialmente, el abandono de nuestro bienestar, so pena de hundirnos hasta quién sabe donde. En esta situación, un Gobierno responsable, que vele por el bien común, debe tomar decisiones drásticas aunque ello le cueste perder el control del Estado. Para eso le elegimos democráticamente, aunque nuestros votos –y los de millones de personas en todo el planeta– de nada sirvan ante el terrorismo financiero y los pusilánimes líderes mundiales que lo consienten. España debe recortar su gasto y nos toca sufrirlo.
Los sistemas de fijación de precios del sistema eléctrico no funcionan con la irrupción de las renovables. Aparte de que no incluyan ni las externalidades positivas de las energías limpias, ni las negativas de las sucias, se están derrumbando: ¿es gratis la luz cuando el precio de casación es cero en el mercado eléctrico?; ¿qué va a ocurrir cuando el grueso de la generación oferte a precio cero?; ¿cuánto le costará la luz al consumidor final para que le interese autoabastecerse de energía?
Tampoco la operación del sistema puede ser la misma. La intermitencia eólica obliga a disponer de potencia de respaldo y hay que tomar medidas. Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica de España, lo ha dicho bien claro en las páginas de esta revista: “Los bombeos son una herramienta para integrar renovables y se debería asegurar su neutralidad”. Quien dice bombeos, puede decir muy bien gran hidráulica, que ya es indispensable para prevenir caídas del sistema.
Y esto nos lleva a esos pantanos –muchos con concesiones de los años 20 y 30, y alguno construido por presos republicanos– que ahora están en manos de las eléctricas. En mi opinión, también se debería, como mínimo, “asegurar su neutralidad”. O dicho de otro modo: aplicar normas retroactivas. Respaldar el sistema exige una remuneración, pero no la libre disposición de los recursos hídricos del país para hacer caja.
Ahora la retroactividad pende sobre las renovables, y muy especialmente sobre la fotovoltaica; por extensión, también lo hace sobre el sistema eléctrico y sobre cualquier sector regulado. ¿Querría un Gobierno, que debe actuar como gestor del Estado, aplicar retroactividad impropia y causar perjuicio económico? ¿Querría que le llovieran demandas desde los cuatro puntos cardinales? ¿Querría poner en solfa la credibilidad del país? ¿Querría dar carnaza a los rapiñadores y encarecer más aún el endeudamiento público? Obviamente, no.
Pero un Gobierno que actúe por el bien común debe modificar el sistema eléctrico para abaratar la factura de los consumidores, para que tenga señales de precio creíbles y para que puedan gestionarse las renovables. Y eso implica actuar retroactivamente contra los oligopolios energéticos que impiden la competencia, que atesoran instalaciones de generación que deberían ser “neutrales” y que obtienen unas rentabilidades mucho más allá de lo razonable, como en el caso de la nuclear, aun sin contar el coste común de la moratoria o los residuos.
Para alcanzar los objetivos de 2020 –cuyo incumplimiento acarrea sanciones económicas– y adoptar un modelo energético sostenible, hay que legislar retroactivamente en todo el sistema eléctrico. Con regímenes transitorios –todos tenemos derechos–, pero hay que hacerlo. Y las renovables sólo pueden ser la parte más pequeña de la reforma; quizá deba tocarles primero, para sentar el precedente y dejar sin defensa a los oligopolios. Gobierne quien gobierne, se impone el bien común. Y si alguien duda, que pregunte a los funcionarios, o, mejor, a los parados.
