Tomás Díaz
Director de Comunicación de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
tdiaz@asif.org
El mundo ha cambiado mucho en las ocho décadas que nos separan de la Gran Depresión que sucedió al derrumbe bursátil de Nueva York de 1929, pero, con la economía internacional de rodillas por la implosión financiera y un horizonte de crisis prolongada, los expertos recuerdan la receta que utilizó entonces el Gobierno de Franklin Delano Roosevelt –probablemente, el mayor líder político del siglo XX– para reanimar la economía norteamericana: el llamado New Deal, que consistió, básicamente, en convertir el Estado en un inversor masivo y en incrementar la regulación de los mercados financieros.
Como al hundimiento económico hay que sumar el problema del cambio climático, muchas voces, capitaneadas por la ONU, están reclamando un Global Green New Deal, es decir, enfocar el gasto público en aquellos sectores que transforman el tejido productivo en sostenible, como las renovables, y matar así dos pájaros de un tiro.
La idea, más allá de reminiscencias retóricas, está cuajando en EE UU, alentada por el propio Barack Obama. En su programa electoral figura destinar, durante diez años, 150.000 millones de dólares en tecnologías energéticas verdes, cubrir un 10% de la electricidad del país con renovables en 2012 –un 25% en 2025– y establecer un mercado de CO2 para reducir las emisiones a los niveles de 1990 en el año 2050. Ya como Presidente electo, ha prometido crear 2,5 millones de empleos en infraestructuras y renovables antes de 2011.
La sociedad norteamericana por fin está concienciada de la necesidad de combatir el calentamiento global –los huracanes se lo recuerdan año tras año– y las directrices políticas y la regulación ganan solidez y estabilidad. Es muy simbólico que el pasado 3 de octubre, junto al primer gran paquete de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, el Congreso aprobara renovar y reforzar muy extraordinariamente el Investment Tax Credit, el sistema de ayudas federales a las energías renovables. La apuesta de EE UU por ese Green New Deal –que, como potencia imperial dominante, debe liderar para convertir en global–, ya ha comenzado.
Eso sí, no falta quien se postula en contra, como el semanario The Economist, que cree que invertir en renovables no tiene sentido y sólo sirve para desperdiciar el dinero del contribuyente. Por ejemplo, los subsidios al etanol en EE UU “han ayudado a incrementar el precio de los alimentos, con dolorosas consecuencias para los pobres del mundo”, y el fomento alemán de la fotovoltaica “ha cubierto los tejados de uno de los países con menos sol del mundo con células solares, disparando el precio del silicio y reduciendo el coste-eficiencia de la energía solar en los países donde sí tiene sentido”.
No por casualidad, The Economist, aunque afirme que se debe luchar contra el cambio climático y contra la crisis económica, no ofrece otra alternativa a su tendenciosa visión –los biocarburantes han sido víctimas de la especulación en materias primas y de la resistencia de las industrias petrolera y alimentaria a nueva competencia, y Alemania está haciendo una inversión en fotovoltaica de la que se beneficiarán todos los países– que unos rimbombantes y vacuos “recursos tecnológicos y financieros del tipo que sólo América tiene”. Aunque algunos se empecinen, no hay argumentos sólidos contra el auge de las renovables.
Para hacer frente a la durísima coyuntura económica actual, los distintos países, con EE UU y la Unión Europea a la cabeza, ya han comprometido más de tres billones y medio de euros en planes de rescate y reactivación, muchos de los cuales todavía deben concretarse, y se siguen anunciando nuevos programas de gasto público y reducción selectiva de impuestos. Con el New Deal de Roosevelt, el gasto público norteamericano se incrementó más de un 80% entre 1933 y 1936; ¿hasta donde llegará el nuevo Green New Deal?
