Tomás Díaz
Periodista
tomasdiaz@energias-renovables.com
Si, objetivamente, obviamos el ensañamiento y el desprecio con los que el ministro Sebastián está tratando al Sector Fotovoltaico español, debemos admitir que la disminución extraordinaria de tarifas que establece el nuevo Real Decreto 1565/2010, del 45% para plantas en suelo, 25% para tejados grandes y 5% para tejados pequeños, está en línea con lo que ocurre en el resto de Europa:
Alemania, el gran referente, bajó sus tarifas en verano entre el 11% y el 16%, y en enero volverá a bajarlas un 13%. El Gobierno de Merkel espera que esos recortes frenen sustancialmente el ritmo actual de instalación –conectará unos 8.000 MW este 2010–, pero, en caso contrario, en 2012 habrá una reducción muy agresiva –del 21% si se conectan más de 6.500 MW en 2011– y, se dice, se implantará un cupo de potencia.
Italia, el otro gran mercado europeo, aprobó en agosto rebajar las tarifas entre un 13% y un 27% durante 2011. En 2012 y 2013 aspira a rebajarlas sólo un 6%, pero lo más probable es que, como ocurrió en España, alcance sus objetivos mucho antes de tiempo y se vuelva a reformar la regulación: con la tendencia actual, en 2013 habrá conectado los 8.000 MW que tiene como meta para 2020.
Europa acapara más del 75% del mercado fotovoltaico mundial y las naciones europeas quieren evitar que se desborden sus planificaciones de un modo insostenible. No es fácil, porque la renovable sigue creciendo a un ritmo del 40% anual –en 2010 se instalarán más de 15.000 MW– y evoluciona más deprisa de lo que pueden absorber unas regulaciones con vocación de estabilidad. Por consiguiente, se duda sobre las reglas de juego y se corrige sobre la marcha.
Por ejemplo, Francia –cuyo mercado, con 900 MW, está en pañales– lleva discutiendo, aprobando y reformando su regulación desde inicios de 2009, y aún no ha terminado. El último cambio, en septiembre, ha sido reducir a la mitad una exención fiscal para sistemas menores de 3 kW. Y lo ha hecho menos de un mes después de aprobar la norma que, a su vez, reformaba otra norma que aprobó en enero.
En su afán por logar un crecimiento sostenible, los gobiernos atajan las aplicaciones que más rápido aumentan el volumen del mercado: las plantas en suelo. La salvaje reducción de tarifas del 45% acometida por España es una buena muestra, pero hay más: en Francia, las centrales mayores de 12 MW no tienen garantizada la venta de electricidad; en Alemania, se ha prohibido su instalación en suelo agrícola, relegándolas a suelos degradados y marginales; en Reino Unido, el nuevo Ministro de Energía ha abogado por no permitirlas, aduciendo que distorsionan el mercado…
Hasta la temida retroactividad también asoma al Norte de los Pirineos, como ha ocurrido en Francia con la exención fiscal citada –aunque se aprobara en septiembre, tiene validez desde enero–, o en la República Checa. Allí, en medio de una explosión similar a la de España en 2008, el Gobierno ha decidido parar en seco, alegando que no hay capacidad en la red, y está impulsando una tasa del 26% sobre los beneficios de las instalaciones fotovoltaicas conectadas en 2009 y 2010 –sólo se libran las menores de 30 kW, por cierto– durante los próximos tres años. En el momento de escribir estas líneas, se tramita de urgencia, ya la ha aprobado el Congreso, y se prevé que entre en vigor a finales de mes.
Panorama, pues, muy complicado en Europa para los años venideros, agravado porque todavía no hay otros mercados (EE UU, China, India…) realmente capaces de sustituirla y mantener el ritmo de crecimiento global de la última década. Es muy posible que los ajustes europeos hundan la fotovoltaica en algunas naciones, mientras que en otras, con seguridad, habrá una competencia brutal. En cualquier caso, caerán muchas empresas.
La única parte buena es que se acelerará la reducción de costes y precios, de modo que la tecnología dejará de depender del apoyo público aún antes de lo previsto. 
