El parque eólico La Florida es uno de los más singulares del país. Localizado en Agüimes, Gran Canaria, fue financiado íntegramente por el IDAE y costó 2,25 millones de euros en el año 2002. Sus números son excelentes, por la gran cantidad de viento de la zona: con 2,6 MW produce 10.000 MWh anuales. Pero eso no le hace especial; es la planta desalinizadora de Soslaires, que abastece 3.600 hectáreas de regadíos, lo que le otorga el aura. Antes de que se construyera el parque, su proceso desalinizador de ósmosis inversa consumía 5.700 MWh anuales. Después de la inauguración del mismo, pasó a comprar sólo 600 MWh, porque el resto se lo suministraban los molinos en régimen de autoconsumo, y, obviamente, sin pagar peajes. La Florida es la primera gran instalación renovable de autoconsumo con conexión a red del país.
En la actualidad, La Florida le entrega a Soslaires el 54% de toda su producción eléctrica y el 46% por ciento restante –lo que la planta no necesita– lo inyecta a la red, cobrando por ello. El beneficio obtenido en el proceso de conseguir agua en el desierto es triple: ahorro en la factura eléctrica, nuevos ingresos por la venta de la energía excedentaria y, además, reducción de costes por la mayor eficiencia. De acuerdo con la lógica del ministro Soria, patrocinada por las eléctricas, estos beneficios, conseguidos gracias a la iniciativa y los dineros públicos, serían ilegítimos, porque la conexión es “mediante una infraestructura pagada por los demás”.
El matrimonio de La Florida y Soslaires, si el Gobierno apruebe finalmente el peaje de respaldo al autoconsumo –el famoso impuesto al sol–, podría mantenerse; ambas instalaciones llevan muchos años juntos y, además de conocerse las manías, el parque está amortizado. Sin embargo, otras aplicaciones renovables similares no tendrían la misma suerte; sus números no serán rentables.
Siguiendo en el mundo agrario, los regantes están desesperados con la reforma eléctrica. Han desaparecido las tarifas especiales de las que gozaban y según los cálculos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, los costes energéticos les han subido un 450%. Además, deben pagar todo el año aunque sólo rieguen entre abril y septiembre. El autoconsumo con renovables y la venta de los excedentes es una solución clarísima, siempre y cuando no se penalice la autoproducción.
Lo mismo ocurre con numerosos procesos industriales o con la innovación. Hasta los funcionarios de la UE encargados de seleccionar los proyectos Life dedicados al medio ambiente –desde el tratamiento de residuos hasta la mejora de la calidad del aire o la captura de CO2– lo destacan: las renovables están en el eje de la I+D+i energética y, por lo tanto, de la auténtica sostenibilidad. Quizá haya alguien a quien le parezca poca cosa, pero es la tendencia global, que en España puede irse al garete si el Gobierno sigue adelante con el peaje de respaldo.
A lo peor, con otra subida de la parte fija del recibo de la luz, al Gobierno ya no le haga falta penalizar el autoconsumo, porque la tarifa será prácticamente plana. A ello apunta el hecho de que le haya quitado a la CNMC la competencia de calcular los peajes, que las liquidaciones de este organismo reflejen que sigue habiendo déficit de tarifa y que Soria lo niegue e insista en que el año acabará “en equilibrio completo”.
La persecución del autoconsumo, vía sanciones absolutamente desmesuradas, desvela el afán gubernamental de proteger los intereses del oligopolio, pero el problema va más allá, porque la senda escogida para acabar con el déficit de tarifa –ese ente poliédrico que parió Rato, ignoró Montilla, toreó Clos y alimentó nuestro amigo Sebastián– merma muy mucho las posibilidades de que la economía española sea más limpia, más eficiente, más innovadora y más competitiva.
