Tomás Díaz
Director de Comunicación de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
tdiaz@asif.org
El pasado 1 de marzo, el Gobierno propuso un Acuerdo político para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, que incluía una propuesta de mix eléctrico para el año 2020. Desde que se conoció, la propuesta no ha recibido más que críticas: todas las tecnologías de generación, sin excepción, ven restringido el crecimiento al que aspiran, y en algunos casos de un modo particularmente sangrante y significativo, como el de la biomasa, a la que se otorga casi la misma potencia que ya debía tener instalada. Las solares, por poner otro ejemplo, se ven abocadas a una competición cainita: no hay ni un MW más de los ya autorizados o asumidos por la regulación vigente, que en el caso termosolar abarca sólo hasta 2013.
Pero los que más alto se están quejando de los objetivos de potencia informalmente propuestos –serán formales los del Plan de Acción Nacional, pero ya está claro por donde van los tiros– son los oligopolios que explotan las tecnologías convencionales. Además, como viene siendo costumbre, lo hacen con una buena carga de embustes y sesgos, que sonrojan por incongruentes, pero que consiguen su objetivo, porque están construyendo un clima de opinión contrario a las energías verdes.
Por ejemplo, desde UNESA, la asociación de las eléctricas, primero se dijo –o así lo recogió la prensa– que las renovables costarán 14.000 millones de euros; pocos días después se afirmó que la propuesta haría subir la luz un 65%, mientras que su Presidente, Pedro Rivero, casi a la par, rebajaba ese porcentaje al 40%. El mayor desmadre llegó después, cuando Pedro Mielgo y otros ínclitos expertos anunciaron que la propuesta costará 100.000 millones de euros, y que las primas a las renovables “si no se tocan”, supondrán 19.500 millones sólo en 2020.
Es sarcástico que el mismo día que Mielgo –ese ex Presidente de REE bajo cuyo mandato era imposible que el operador del sistema consiguiera lo que ha conseguido con Luis Atienza– nos asustara con tamañas cifras, la prensa anunciase que se incorpora como vocal independiente a una sociedad de inversión británica que aspira a comprar hasta 300 MW fotovoltaicos españoles con tarifa del Real Decreto 661/2007.
Volviendo a las acusaciones, para responderlas en primer lugar hay que señalar que es imposible saber cuánto va a costar el mix energético propuesto por el Gobierno, porque depende de factores como los tipos de interés o los precios del petróleo y el gas –que crecerán claramente, aunque el segundo pueda estar coyunturalmente barato unos pocos años si Rusia, Argelia y otros países exportadores lo consienten–, y, en segundo lugar, hay que subrayar que lo importante no es lo que va a costar, sino lo que nos vamos a ahorrar con él.
Obviamente, la apuesta por las renovables no es gratis, pero, como indican todos los análisis serios y como reconoce hasta la propia Agencia Internacional de la Energía, no sólo es imprescindible para conseguir un desarrollo sostenible, sino que es una opción mucho más barata y segura que la de seguir con el modelo energético actual. Eso sí, en el proceso de transformación hay que cambiar muchas cosas, incluidos los mecanismos de formación de precios y las abusivas retribuciones de no pocas tecnologías, empezando por la nuclear y la gran hidráulica.
Harina de otro costal es constatar cómo, mientras las renovables siguen mirándose el ombligo –cada una el suyo–, las convencionales actúan en bloque, sin escrúpulos, sabedoras de que están librando la primera gran batalla de una larga guerra en la que el tiempo corre en su contra.
La Comisión Europea ya está pensando en el mix energético para 2050 y se plantea nada menos que un 80% de renovables. De acuerdo con esto, apenas vamos a necesitar nueva potencia convencional, porque ésta se irá quedando, cada vez más, como respaldo marginal. ¿Se impondrá la racionalidad al ritmo adecuado o sufriremos una gravísima ralentización por culpa de las malas estrategias de un puñadito de colosales empresas?
