Los que claman contra los windfall profits de las hidroeléctricas están de enhorabuena, porque desde ahora un 22% de sus ingresos van a destinarse a la protección del dominio público hidráulico, esto es, los castigados ríos y riberas del país. Así lo establece el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, que regula el canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. El ministro de Industria, José Manuel Soria, quería que lo recaudado con el nuevo impuesto se destinase a paliar el déficit de tarifa, pero le ha salido mal el tiro.
El canon nació en 2012, junto con otras medidas fiscales sobre la energía, como el llamado céntimo verde de los carburantes o el impuesto del 7% al valor de la generación eléctrica. Las previsiones de Industria eran recaudar unos 2.700 millones de euros anuales con los nuevos gravámenes, de los que 305 saldrían del canon. Todos ellos aterrizarían en la tarifa eléctrica.
Sin embargo, la creación del canon implicó incluirlo en la Ley de aguas, que limita el poder de la Administración central a las cuencas hidrográficas que abarcan más de una comunidad autónoma y, lo más importante, que exige carácter finalista a los impuestos sobre el agua, esto es, que los dineros sacados del agua se queden en el agua.
El primer asunto se ha saldado eximiendo al 7,1% de la potencia hidroeléctrica instalada en el país del pago del canon. No lo abonarán las centrales ubicadas en las cuencas interiores de Galicia, Cataluña y Andalucía. Como resultado, la recaudación prevista ha bajado a 214,4 millones de euros anuales.
El segundo asunto ha traído cola. El Gobierno pretendía saltarse la condición finalista del canon con un subterfugio: lo recaudado tendría “naturaleza extrapresupuestaria” y se ingresaría en una cuenta específica de la Agencia Tributaria, mientras que, de un modo paralelo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinarían al déficit de tarifa una cantidad equivalente. El Consejo de Estado demolió el planteamiento, considerándolo “un aspecto menor, dónde se ingresa el dinero”, lo cual “no tiene que implicar el destino final de lo recaudado”.
Tras el varapalo recibido por el Consejo de Estado –indica claramente que sería ilegal destinar los fondos obtenidos con el canon a la tarifa eléctrica–, el Ministerio de Medio Ambiente recibió el encargo de retocar el borrador de decreto, para que sus disposiciones se ajustaran a la Ley. Ahora, según el texto publicado en el BOE, el ciento por ciento de la recaudación servirá para proteger y mejorar los ríos, especialmente en los tramos afectados por los aprovechamientos hidroeléctricos. Las confederaciones hidrográficas afectadas recibirán el 2% de la recaudación y el 98% restante se ingresará en el Tesoro, para que los PGE destinen “al menos un importe igual” a una serie de proyectos que se determinarán anualmente.
Curiosamente, a pesar de la claridad del nuevo decreto, la reseña del Consejo de Ministros en que se aprobó insiste en que uno de sus objetivos es “corregir el déficit tarifario del sector eléctrico”, e indica que lo hará mediante el mecanismo rechazado. En cualquier caso, el monto recaudado no es relevante para la tarifa eléctrica y el Ministro ya ha demostrado una habilidad especial para anunciar una cosa y hacer la contraria, con lo que no tendrá problema para compensarlo con algún arreglo subrepticio.
Ahora bien, los 200 millones anuales del canon sí son una cantidad relevante para el agua, que llega después de años de estrecheces presupuestarias. Además, se da la circunstancia de que llega preñada, porque las hidroeléctricas deben tributar las cantidades que correspondan desde el 1 de enero de 2013; a fin de cuentas, las empresas ya las vienen repercutiendo a los consumidores con las ofertas al mercado mayorista de la electricidad.
