Un chascarrillo de cuello blanco viene al pelo en relación a las dos consultoras que están calculando los costes de inversión tipo sobre los que el Gobierno decidirá la retribución de las instalaciones renovables, Roland Berger y The Boston Consulting Group: “Un consultor es un señor que te pide el reloj, te dice la hora y te cobra por ello”. La Administración conoce de sobra la evolución que han experimentado las energías renovables, porque el IDAE tiene los datos, y, en caso de duda, podía habérselos pedido directamente a los propietarios de las instalaciones, como hizo unos años atrás, cuando el sector fotovoltaico tuvo que demostrar su inocencia ante las acusaciones de fraude masivo y remitió a la CNE miles y miles de documentos.
La cosa se explica mejor porque, según ha trascendido a la prensa, el interés del Gobierno por las consultoras no está en la referida estimación de costes, sino en el compromiso que han adquirido de apoyarle, como peritos expertos, en los tribunales y cortes de arbitraje. Las denuncias no paran de sucederse y el Ministerio de Justicia ya ha creado una unidad dedicada a preparar la defensa jurídica del Reino de España.
Pero hasta que lleguen las vistas y las sentencias, las consultoras tienen trabajo que hacer y, mientras que Roland Berger ha mantenido contactos con el sector para obtener datos de primera mano, Boston no lo ha hecho; se ha cerrado en banda. La verdad es que tampoco le hace falta, porque Boston lleva muchos años preparando informes sobre costes y retribuciones de las energías renovables en España:
Uno de sus primeros documentos –corría el año 2003– fue para la Asociación Empresarial Eólica, que en aquella época todavía se denominaba Plataforma Empresarial Eólica. Titulado “Nuevos vientos para el desarrollo sostenible”, sirvió de referencia para la elaboración del Real Decreto 436/2004, el que de verdad impulsó las renovables en España y convirtió a la eólica en la joya de la corona.
Cuando se produjo el siguiente cambio legislativo, el protagonizado por el Real Decreto 661/2007, Boston preparó otro dictamen para las empresas Ence, Valoriza y El Tejar, titulado “Importancia, remuneración y características de la generación eléctrica con biomasa”. También con la siguiente convulsión normativa, esta vez fotovoltaica (el Real Decreto 1578/2008), Boston elaboró el correspondiente análisis para la extinta Asociación Empresarial Fotovoltaica.
Seguramente habrá más trabajos suyos por ahí –es discretamente famosa la buena relación que ha mantenido con la Oficina Económica de Moncloa–, pero si con los referidos no fuera suficiente para avalar su profundo conocimiento del sector, el Plan de Energías Renovables 2011-2020 también contó con su asistencia.
Así pues, si alguna consultora ha tenido influencia en la regulación y en la retribución de las energías limpias, esa es The Boston Consulting Group; sólo tiene que echar mano a sus informes para ver los costes de inversión tipo de las distintas tecnologías. Empero, el Gobierno necesita que los revise a la baja para justificar la reducción de más de mil millones de euros en los pagos a las renovables que pretende. Por consiguiente, será muy interesante cotejar los números que presentó en su día con los números que presente ahora
