Tomás Díaz
Director de Comunicación de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
tdiaz@asif.org
Como dice un buen amigo, con cierto cinismo de supervivencia, lo más importante de la Propuesta de nueva regulación fotovoltaica que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) remitió a la Comisión Nacional de Energía (CNE) el pasado 18 de julio es la Memoria Económica aneja al documento. Como suele ser habitual, mi amigo tiene razón: la Memoria no es gran cosa, pero es que la Propuesta propiamente dicha provoca vergüenza ajena.
Es probable que en el momento en que se publiquen estas líneas, escritas a finales de agosto, se conozca una nueva versión de la Propuesta que haya sido remitida al Consejo de Estado. Ojalá ese nuevo borrador ya sea válido para regular el futuro del sector fotovoltaico nacional, porque ninguna de las dos propuestas que han salido del MITyC lo ha sido.
La primera Propuesta, la que se remitió hace un año e incluía el techo de 1.200 MW hasta 2010, era inviable por retroactiva y por estar muy por detrás de la realidad del mercado. La segunda Propuesta, la del 18 de julio, la del raquítico cupo de 300 MW para 2009, al no tener en cuenta las instalaciones rezagadas –las que no llegan a tiempo para acogerse al Real Decreto 661/07 y pueden cubrir ellas solas el cupo de 2009–, supondría, de facto, paralizar totalmente el mercado hasta 2010, o, dicho de otro modo, matar la fotovoltaica española.
Lamentablemente, desde que se aprobó el RD 661/07, el MITyC no ha hecho otra cosa que aplicar a la fotovoltaica una estrategia de demolición, basada en la incertidumbre y la amenaza regulatorias, inaudita e impropia de un Gobierno que presume de defender las renovables.
Cuando mi amigo comenta que la Memoria Económica es lo más importante de la Propuesta, denuncia su inutilidad implícitamente y pone el dedo en la llaga, al señalar, con acierto, el gran anhelo-obsesión del MITyC en materia energética: conseguir que la electricidad no cueste lo que cuesta.
En realidad, la Memoria es una perversa evaluación de la incidencia de la fotovoltaica en la tarifa eléctrica que la propia CNE ha desmentido: mientras que el MITyC calcula que el coste de la tecnología solar en 2008 será de 800 millones de euros con una potencia instalada de 1.500 MW al final de año, la CNE cree que será de 524 millones con una potencia de 1.800 MW.
Cuando el MITyC elabora esa Memoria, igual que cuando el Ministro Sebastián acusa a la fotovoltaica de ser la principal responsable del último encarecimiento del recibo de la luz, no hace otra cosa que reeditar el ejercicio de intoxicación informativa que hiciera Ignasi Nieto hace un año y medio al calificar la eólica de “bomba de relojería”.
Quizá la agresividad del MITyC responda a la frustración que debe de sentir por haber conseguido justo lo contrario de lo que pretendía: si no hubiera remitido la Propuesta del techo de los 1.200 MW, es más que probable que ahora no habría más de 1.500 MW fotovoltaicos en el sistema eléctrico.
Todos sabemos que la fotovoltaica, si no nos importan ni el cambio climático, ni la dependencia energética, ni la innovación tecnológica, ni la creación de empleo, ni el potencial exportador, ni el resto de externalidades positivas que la caracterizan, es todavía cara, pero no por ello se la debe estigmatizar. Para que se reduzcan sus costes eficazmente, basta con articular regulaciones que le permitan crecer de un modo estable, predecible, sostenible y sostenido. Justo lo contrario a las incertidumbres y amenazas regulatorias.
