No es la primera vez que una sede oficial se convierte en centro de manifestaciones. Ejemplos los hay, muchos e incluso variopintos. Las protestas de los años 80 contra la reconversión industrial de Solchaga. El fletán, un pescado desconocido en España, que en 1995 voló en forma de pedrada contra la embajada de Canadá en Madrid. O las marchas de agricultores por la reforma de la Política Agraria Común aprobada en Bruselas y que el gobierno del PP aceptó. Mineros, pescadores, agricultores… Han cambiado las cosas y ahora son desempleados que demandan el trabajo que esperaban obtener con las renovables y que no tendrán por la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2012.
La mecha ha prendido. El pasado 20 de marzo el alcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo, salió de su casa. A pie recorrió 650 kilómetros para llegar al Ministerio de Industria. Y frente a la sede ministerial duerme desde el 10 de abril. El sábado estuvo más acompañado de lo habitual. 700 personas se sumaron a él para demandar al gobierno que permita la construcción, y con ella los puestos de trabajo, de las centrales termosolares que la moratoria renovable amenaza.
La protesta no es asunto de un solo alcalde. También estuvieron frente a Industria Manuel Moreno, alcalde de Puebla de Alcocer, y Satur Alcázar, alcalde de Herrera del Duque. Junto a ellos Carlos Bravo, responsable de energía de Greenpeace. Entre los anónimos, ciudadanos de La Albuera, Zalamea de la Serena, Herrera del Duque, Azuaga, Llenera, Villanueva de la Serena, Mérida, Badajoz, Cáceres. Todos fueron convocados por la plataforma “Ciudadan@s extremeñ@s por el empleo”. Y todos reivindican la derogación del Real Decreto-Ley 1/2012, el de la moratoria renovable.
Extremadura tiene actualmente una tasa de paro del 32%, una situación que algunos municipios intentaban mejorar apostando por las energías renovables, en concreto por las plantas termosolares. Muchas planificaciones municipales, tanto a nivel de ingresos como de empleo, se han realizado mirando sin disimulo a los 11.000 millones que se iban a invertir en Extremadura. Traducido, muchos millones de euros en concepto de licencias de obra y economía asociada a la construcción de las plantas, unos 10.000 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos hasta la puesta en marcha de las instalaciones, y creación de tejido industrial.
La moratoria renovable trastocó todas esas previsiones hasta el punto de que quienes se manifestaron están convencidos de que “sin renovables Extremadura está abocada a su destrucción”. Se exige la derogación o, al menos, que el ministro de industria, José Manuel Soria, ofrezca el mismo trato a Extremadura que a Canarias. Se refieren los demandantes a las declaraciones realizadas por el ministro en Tenerife en las que afirmó que su departamento trabaja en la excepción que afectará a Canarias en cuanto a la supresión de las primas renovables. El artículo 3 del RD-Ley 1/2012 establece que “el Gobierno podrá establecer reglamentariamente regímenes económicos específicos para determinadas instalaciones de régimen especial, así como el derecho a la percepción de un régimen económico específico (…)”. Extremadura quiere ser una excepción.
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