La PSA inició su actividad hace 30 años y en este tiempo se ha convertido en referente mundial en tecnologías solares térmicas de concentración, liderando proyectos e iniciativas internacionales impulsadas y respaldadas por la Unión Europea.
El centro está catalogado en España como una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) y a nivel europeo está reconocida como Large Scientific Installation por la Comisión Europea. Sin embargo, las normas impuestas por el Gobierno a los organismos públicos de investigación, que son diferentes a las existentes en el sector de la I+D en España (Universidades y CSIC), "impiden el desarrollo de los proyectos de investigación con éxito y están dañando de forma irreversible la excelente reputación de la PSA", según denuncian desde la Plataforma.
"Esta situación –advierten– no solo hace que participar en nuevos proyectos de investigación sea imposible, sino que también impide desarrollar correctamente los proyectos en marcha, llegando incluso a la grave situación de tener que devolver los fondos concedidos por la Comisión Europea, en algunos casos con intereses".
Universo kafkiano
Desde el centro explican que no se trata de un problema de liquidez, ni de falta de fondos, ya que la PSA, dada su calidad científica y técnica, ha podido conseguir fondos en convocatorias internacionales altamente competitivas de I+D, sino a la prohibición de gastar dichos fondos.
"Desde agosto de 2016 hasta junio de 2017, la PSA no ha podido adquirir ningún equipamiento. La Orden HAP/1169/2016 del 14 de julio, dada por el Gobierno español con el argumento de reducir el déficit público, impidió la adquisición de material en la PSA, lo cual no tiene justificación ya que los fondos recibidos provenientes de la Comisión Europea no afectan al déficit público español. Con ello no solo se perderá esta inversión en España, sino también puestos de trabajo, prestigio y credibilidad para la financiación de nuevos proyectos de investigación", explican.
Lejos de ir a menos, "el problema se agrava más y más cada día con la imposición de normas cada vez más restrictivas. La grave situación continúa a pesar de que la PSA ha informado reiteradamente sobre la misma utilizando todos los cauces oficiales a su alcance", añaden.
Sin posibilidad de contratar
Esta nueva normativa del actual Gobierno de España va a impedir, asimismo, la incorporación a principios de 2018 del 40% de los puestos de trabajo asociados a personal investigador temporal del centro, a pesar de que la PSA dispone del presupuesto necesario para ello.
"Las normas impuestas por el Gobierno deben de ser cambiadas urgentemente ya que están causando un daño irreparable a las actividad de I+D de la PSA. La transparencia y control debe permitir el desarrollo de proyectos de investigación financiados por la Unión Europea que contribuyen al desarrollo, riqueza y creación de empleo. Este último punto está sobradamente demostrado por proyectos realizados en la PSA cuando las normas de gestión eran diferentes a las actuales".
Esta situación, concluyen, "condena a la PSA a su desaparición como referente internacional a nivel científico, y a la pérdida de la competitividad para poder seguir teniendo éxito en convocatorias públicas internacionales de I+D que permitan seguir creando desarrollo, empleo y riqueza.
Si deseas firmar la petición iniciada por la PSA a través de change.org, solo tienes que pinchar en este enlace.
