La Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica, Protermosolar, quiso ofrecer su análisis de la situación del sistema eléctrico español y la postura del sector frente a las propuestas del Informe sobre la reforma energética, emitido por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Su presidente, Valeriano Ruiz, dijo que “los beneficios de las eléctricas son los causantes del precio de la electricidad, fijado por el gobierno”. Y que tratar de resolver el déficit de tarifa frenando a las renovables es un desatino. Mucho más si se pretende paralizar la solar termoeléctrica. “Sería como el chocolate del loro, 300 millones de ahorro frente a 23.000 del monto total del problema”.
“La buena solución, yo creo que la única posible, es cambiar a futuro el régimen retributivo para corregir los errores del pasado y gestar un cambio del sistema eléctrico que nos lleve a un sistema sostenible con menos fuentes energéticas foráneas que condicionan nuestra balanza de pagos de manera creciente y que nos aleja de nuestros compromisos internacionales”, dijo Valeriano Ruiz. “Limitar los excesos de beneficios sobrevenidos de las grandes empresas eléctricas (40.000 millones de euros desde el año 2000) sí resolvería el problema”.
Los representantes de Protermosolar fueron muy críticos con el último informe de la CNE, “alineada con Unesa, porque no soluciona el problema y se ceba con la termosolar”. Luis Crespo trató de situar la energía solar termoeléctrica en su contexto para demostrar que “la única burbuja real que ha habido aquí es la de las centrales gas, los ciclos combinados. Y ahora las eléctricas quieren convertir su problema en un problema nacional”.
“Somos la última tecnología que empezó a recibir ayudas y, por eso, parece que es otra burbuja por explotar y a la que se puede parar. Hemos seguido una senda planificada, cumpliendo el PER en 2010. Cuando estén las centrales preasignadas construidas en 2014 estaremos cobrando primas parecidas a la cogeneración e inferiores a la fotovoltaica y la eólica. Primas que representarán aproximadamente un 20% del Régimen Especial, es decir un 3% de los costes del sistema eléctrico”, explicó Luis Crespo. “Por más que UNESA continúe con su cortina de humo, no podrá continuar sosteniendo que la termosolar es la responsable de la subida del recibo de luz”.
Crespo también apuntó “que las primas a los proyectos actuales son consecuencia de una desastrosa regulación del gobierno anterior y corresponden a proyectos que tenían adquiridos los equipos, autorizaciones administrativas y licencia de obras en mayo de 2009. “La termosolar está en la posición 2 GW de la curva de aprendizaje mientras que la fotovoltaica está en 70 GW y la eólica en 250 GW. ¿Se pueden imaginar los costes cuando tengamos esos volúmenes? ¿Cuánto costaban la eólica y la FV cuando tenían 2 GW instalados?”, se pregunta. “En 2020 podríamos llegar a vivir sin necesidad de prima ninguna”.
El músculo de la industria termosolar española es evidente. “Nuestras empresas ganan concursos en Estados Unidos, Sudáfrica o Marruecos porque son las mejores. No es de extrañar que desde muchos países, incluso los presidentes de gobierno, se muestren escandalizados por lo que se quiere hacer aquí con la solar termoeléctrica. Y porque pueden poner en cuestión muchas inversiones extranjeras en España”.
Respecto al informe de la CNE
La nota hecha pública por Protemosolar sobre el informe de la CNE se plantea en los siguientes términos:
1. Obvia el problema al que tendría que haber dado respuesta que no es otro que los 22.000 millones de euros de déficit tarifario acumulado. Aunque el informe pretende hacer gravitar sobre la tecnología termosolar las supuestas medidas para atajar el déficit tarifario, las primas recibidas hasta la fecha por la producción de energía eléctrica con tecnología termosolar representan tan sólo el 2% del déficit tarifario. De hecho no puede señalarse a las centrales termosolares como la causa del déficit tarifario cuando no había una sola central termosolar en funcionamiento en la fecha de inicio del déficit tarifario.
2. Sin embargo propone:
• Reducir la prima que perciben plantas ya construidas o en construcción.
• Reducir la actualización anual de su remuneración.
• Reducir en dos terceras partes el gas que se usa para asegurar la gestionabilidad de las plantas. Y que es un máximo del 15% que sirve para aprovechar toda la potencia en cuanto sale el sol. Este cambio exigiría volver a configurar toda la ingeniería de las centrales.
• Limitar la duración del período de cobro de ingresos regulados.
• Para plantas en construcción, reducir adicionalmente los ingresos de los primeros años.
3. Dichas medidas, de aplicarse supondrían una nueva quiebra del principio de seguridad jurídica, tan necesario para el desarrollo y mantenimiento de inversiones en España así como del principio de confianza legítima, que ampara las legítimas expectativas de quienes han ajustado su conducta económica a una norma cuyas condiciones retributivas, además de recogidas en un RD, fueron, en nuestro caso, confirmadas con cartas individualizadas a cada uno de los promotores por el Gobierno.
4. De adoptarse esas medidas, que son poco significativas para el déficit (unos 200 M€ en 2012 y unos 300 M€ en 2013) se pondrían en peligro los 20.000 puestos de trabajo directamente relacionados con la construcción y fabricación de componentes de las centrales sino que induciría un efecto dominó ya que muchas empresas se verían forzadas al cierre. Asimismo, el impacto en el sector financiero con un volumen de “Project Finance” de alrededor de 10.000 millones de € sería difícilmente asimilable.
5. El diferir pagos a las centrales termosolares en construcción en contra de los compromisos asumidos por el Estado que parece a todas luces inviable (el propio documento ya comentas sus dudas al respecto) a modo de “patada hacia delante”, que era lo que no podía esperarse de un documento que supuestamente aportaría soluciones reales al problema. Estas centrales termosolares han sido inscritas en el Registro de pre‐asignación de retribución de conformidad con la normativa vigente y, por tanto, tienen expresamente reconocida su retribución, están en fase de construcción aunque no están operativas. En esta parte del informe la CNE reproduce sin pudor las propuestas recibidas de Iberdrola, que parten del error de que la potencia termosolar sin inscribir es de 1.600 MW, cuando la propia CNE sabe que la cifra es mucho más baja, y realiza unas hipótesis de producciones y de entrada en operación de las centrales con total desconocimiento de la realidad del sector.
6. La lectura reposada del informe permite identificar gran parte de sus conclusiones con las tesis de Unesa y, aunque señala medidas adoptadas en países de nuestro entorno para corregir los llamados "windfall profits" de las centrales nucleares e hidroeléctricas, no hay una sola propuesta en tal sentido. El informe, al revisar los costes regulados de distribución si pone de manifiesto los beneficios también excesivos que han venido recibiendo las compañías eléctricas por este y otros motivos en el pasado.
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