Protermosolar asegura que gran parte de las conclusiones de la CNE coinciden con la tesis de Unesa, reproduce propuestas de Iberdrola, omite la liquidación de los 3.000 millones de euros que por los Costes de Transición a la Competencia tienen las eléctricas y olvida los 40.000 millones de euros de beneficios caídos del cielo para nucleares e hidráulicas.
Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la contestación a la Comisión Nacional de la Energía hecha pública por Protermosolar que se reproduce a continuación:
“La Asociación Española de la Industria Termosolar (Protermosolar) manifiesta su completo desacuerdo con las medidas relativas a la producción de energía eléctrica con tecnología termosolar que propone la Comisión Nacional de Energía (CNE) en su documento de 7 de marzo de 2012 sobre el sector energético español y, a la vez, su profunda decepción por el contenido general del que puede ser el último informe de un organismo cuya desaparición ya está anunciada.
La lectura reposada del texto permite identificar gran parte de sus conclusiones con las tesis de Unesa, y aunque señala medidas adoptadas en países de nuestro entorno para corregir los llamados "windfall profits" de las centrales nucleares e hidroeléctricas, no hay una sola propuesta en tal sentido. Nos queda la sensación de haber asistido a un “Parto de los Montes” en el que, de una “engalanada” montaña para la ocasión, surge al final tan sólo un ratoncillo. Si de lo que se trata es de eliminar el déficit, el informe de la CNE no alcanza tal objetivo.
En efecto, el Informe obvia el problema al que tendría que haber dado respuesta, que no es otro que los 24.000 millones de euros de déficit tarifario acumulado. Aunque la CNE pretende hacer gravitar sobre la tecnología termosolar las supuestas medidas para atajar el déficit tarifario, las primas recibidas hasta la fecha por la producción de energía eléctrica con tecnología termosolar representan tan sólo el 2% del déficit tarifario. De hecho no puede señalarse a las centrales termosolares como la causa del déficit tarifario cuando no había una sola central termosolar en funcionamiento en la fecha de inicio del mismo. No puede reclamarse a quien no ha sido causante del problema (las centrales termosolares) que asuman, casi en solitario, gran parte de su solución. Si las primas recibidas por las centrales termosolares sólo representan un 2% del déficit, difícilmente puede decirse que es esta tecnología su causante.
La verdadera solución al déficit pasa por resolver con carácter definitivo desequilibrios históricos que han redundando exclusivamente en beneficio de quienes hoy, desde Unesa, señalan con dedo acusador a las centrales termosolares. Se trata de completar el mecanismo de Costes de Transición a la Competencia (CTCs), que fueron su paraguas protector en la transición del Marco Legal Estable al sistema de Mercado y sobre los que nunca se ha realizado la liquidación final de unos 3000 millones de euros. Pero, sobre todo, se trata de corregir unos beneficios inesperados (los "windfall profits") originados por la excesiva remuneración de las centrales nucleares e hidráulicas, según reconoce desde hace años la propia CNE, y que se traducen hasta la fecha en más de 40.000 millones de euros. La racionalización de esta retribución supondría un ahorro de unos 3.000 millones de euros cada año.
Estas y otras medidas como, por ejemplo, la devolución de los derechos de emisión gratuitos asignados, que supondrían más de 4.000 millones de euros, se obvian en el informe de la CNE que, sin embargo, se centra en las centrales termosolares.
Como ya ha ocurrido en el pasado reciente, se vuelve a ofrecer la primogenitura de la seguridad jurídica y el respeto a los compromisos adquiridos por España con inversores nacionales y extranjeros a cambio de un plato de lentejas, consistente en una reducción de la remuneración de las centrales termosolares que se traduciría en un ahorro de menos de 200 millones de euros en 2013 y de alrededor de 300 millones de euros en años sucesivos: el chocolate del loro para resolver el problema del déficit entre los ingresos voluntariamente restringidos y los crecientes gastos.
El informe incluye unas recomendaciones de bajadas de primas y otras medidas que reducirían sensiblemente la retribución, así como el diferir pagos a las centrales termosolares en construcción a modo de “patada hacia delante” y en contra de los compromisos asumidos por el Estado, que parecen a todas luces inviable (el propio documento ya comentas sus dudas al respecto), y que era lo que no podía esperarse de un documento que supuestamente aportaría soluciones reales al problema. Estas centrales termosolares han sido inscritas en el Registro de pre-asignación de retribución de conformidad con la normativa vigente y, por tanto, tienen expresamente reconocida su retribución. Están en fase de construcción aunque no están operativas. En esta parte del informe, la CNE reproduce sin pudor las propuestas recibidas de Iberdrola, que parten del error de que la potencia termosolar sin inscribir es de 1.600 MW, cuando la propia CNE sabe que la cifra es mucho más baja, y realiza unas hipótesis de producciones y de entrada en operación de las centrales con total desconocimiento de la realidad del sector.
El problema es que, siendo muy poco significativos los ahorros para la solución del déficit que se conseguirían con estas medidas retroactivas de reducción de retribución a las centrales termosolares, las consecuencias no queridas -los daños colaterales de estas medidas en relación con la financiación- serían muy graves, poniendo en peligro la continuidad del sector y unos 20.000 puestos de trabajo.
Puesto que las medidas propuestas tienen un indudable alcance retroactivo y suponen la quiebra del principio de seguridad jurídica y del principio de confianza legítima, su impacto en la imagen del país sería demoledor para las futuras inversiones extranjeras así como para “marca España” que el Gobierno quiere impulsar y que tiene en la termosolar el más importante estandarte tecnológico que exhibir en el exterior, como demuestra el grado de penetración de empresas españolas en esta tecnología en Oriente Medio, Africa y en Estados Unidos principalmente. No puede olvidarse que más de un 30% del capital de las centrales termosolares en España es de titularidad de inversores extranjeros (EE.UU., Alemania, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido., …) frente a quienes España debe respetar, además, sus obligaciones derivadas de tratados internacionales como la Carta Europea de la Energía y los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
La solución del problema de un déficit de 24.000 millones de euros, en cuya causa la tecnología termosolar no ha tenido participación alguna, no puede consistir en parches como los que sugiere el Informe de la CNE. Hay que ir a la raíz del problema, que no es otra que la deficiente regulación de desarrollo de la Ley 54/97, con los sucesivos y continuos RD y RDL que han ido cambiando las reglas de juego en mitad de la partida, especialmente en lo que concierne a las energías renovables, en los últimos años.
La industria española termosolar está convencida de que el Gobierno tendrá miras más amplias que la CNE sobre cómo atajar lo antes posible el déficit tarifario y, también, de que conoce el enorme activo que las centrales termosolares representan para el país en términos tecnológicos, de empleo, de atracción de inversión extranjera de calidad y de proyección de la marca "España" hacia el exterior”.
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