Esto ya pasó con la Ley 15/2012 y con el RDL 2/2013. La primera con el impuestazo discriminatorio contra las renovables, sobre el que la UE ya ha dado los primeros pasos al considerar que pudiera infringir el derecho comunitario y la medida retroactiva sobre el consumo de gas en las centrales termosolares. El segundo, incluyendo nuevos recortes a las renovables, con la obligación de tarifa fija y el cambio de índice de revisión de precios, a la vez que se incrementaba la remuneración a otras actividades reguladas de las empresas eléctricas.
No obstante, el nerviosismo de las eléctricas, ante lo que parece un cambio de modelo imparable, se está haciendo patente y se escenifica en multitud de declaraciones, repitiendo el mismo eslogan de siempre, y en puestas en escena de un inusitado nivel, como la que han protagonizado los primeros ejecutivos de 10 grandes eléctricas europeas el pasado viernes en Bruselas.
Como se ha demostrado repetidamente, las renovables no han sido las causantes del déficit de tarifa. Ya en 2008 dicho déficit se elevaba a 16.000 millones de euros y hasta entonces las primas cobradas por las renovables no eran significativas. Muy al contrario, las renovables, con su efecto depresor en los precios del pool, han contribuido en todo este periodo a una disminución de los costes de la electricidad. Sin embargo, la sobre-retribución al negocio regulado de la Distribución si ha tenido mucho que ver en el volumen de déficit acumulado en estos últimos 10 años.
Las eléctricas hablan, en genérico, del apoyo a las “tecnologías inmaduras” como las responsables de todos los males de la Política Energética. Sin embargo, el apoyo implícito que reciben las llamadas “tecnologías muy maduras”, como la nuclear o la gran hidráulica, son en gran medida responsables de los elevados costes de la electricidad en nuestro país.
Si a la nuclear, que como las renovables es precio-aceptante y no participa en la formación de precios del pool, y a la gran hidráulica que, junto con el bombeo, más que ayudar al sistema operan para maximizar su beneficio, se les metiera dentro de la “Reforma” y se les remunerara con una rentabilidad razonable sobre sus costes actuales (del 6,5% como establece la nueva reforma para la tecnologías maduras), se conseguiría una importante rebaja en el recibo de la luz. Sin embargo se ha optado por aplicarles unos impuestos simbólicos, alguno de los cuales, incluso, no hemos encontrado en los Presupuestos Generales del Estado presentados recientemente. Aplicando a esas tecnologías “muy maduras” el concepto de rentabilidad razonable durante toda la vida de las centrales, tras una rigurosa auditoría de costes como se hace a las renovables, aflorarían los “windfall profits” y se solucionaría una gran parte del déficit acumulado.
Los privilegios históricos de las eléctricas
Hasta ahora las eléctricas, en sus respectivos países, y en particular en España, han venido gozando históricamente de privilegios por su enorme poder y sus especiales relaciones con los gobiernos de turno.
Cuando la apuesta financiera por la energía nuclear quebró, se les salvó con la famosa moratoria nuclear que todavía hoy seguimos pagando. En el pasado cambio de modelo –de Régimen Estable a Mercado– se les proporcionó confort con el sistema de los Costes de Transición a la Competencia con los que, además, se les retribuyó en exceso (3.400 millones de euros) todavía no liquidados y que algún responsable político parece que dejó prescribir. En esta reciente etapa, se les subvencionó la instalación de 27.000 MW de ciclos combinados de gas natural, que se suponía iba a ser el nuevo “Dorado” de sus negocios y cuyo error estratégico, basado en una ambición desmedida, pretenden que paguemos todos ahora. Por cierto, en 2011, les incrementaron la subvención y aunque el nuevo gobierno redujo esa subida, los ciclos combinados reciben hoy en día una subvención mayor que la que motivó su inversión, todo lo contrario que las energías renovables a las que se ha reducido la retribución que se les prometía en el BOE.
Menos del 3% de los costes del sistema
Respecto a la energía solar, y en particular la termosolar –que ha venido constituyendo la obsesión de algunos de los principales directivos de las eléctricas desde que se vieron fuera del registro de centrales aprobadas– a finales de este año se habrá completado su construcción, alcanzando 2.304 MW, cifra ligeramente inferior a la que contemplaba el Registro de Preasignación de Retribución. Sus primas equivalentes en 2013 representarán unos 1.100 millones de euros, es decir, menos del 3% de los costes del sistema eléctrico y bastante menos de la mitad de cualquiera de las otras tres tecnologías principales del Régimen Especial, incluida la Cogeneración. También, por supuesto, mucho menos de las cantidades desorbitadas que le han venido atribuyendo malintencionadamente desde el sector eléctrico. Por su parte, la Termosolar ha venido contribuyendo durante buena parte del año con porcentajes mensuales superiores al 3%, por lo que esperamos que esa campaña de desprestigio sobre la única tecnología en la que España puede presumir de liderazgo internacional pierda toda credibilidad.
Los estertores del sistema por seguir manteniendo la dependencia energética de España para defender sus intereses, aunque sea a costa de abortar en nuestro país industrias de futuro y generadoras de empleo como son las renovables, se manifiestan en puestas en escena como la reciente de Bruselas pero, también, en otras más preocupantes en nuestro país, como las presiones para que el nuevo recorte de costes que acompañará a la reforma recaiga sobre todo en las renovables.
Parece que han conseguido, por ahora, uno de sus objetivos, con la fórmula para la regulación del autoconsumo y ese “impuesto al sol” que lo haría inviable, aunque a todas luces parece un intento de poner puertas al campo, por lo que confiamos que, con sentido común, el Gobierno no les compre finalmente esa mercancía. Respecto a los costes estándar de inversión y operación, todavía confiamos en que no sean una pura ficción y que respondan de forma realista a los costes incurridos por los inversores en las centrales, cuyas cuentas auditadas se encuentran a disposición del Ministerio.
