Los términos de la misiva de Fernández Vara han sido tratados en una reunión de trabajo celebrada ayer en la Presidencia de la Junta de Extremadura con los representantes de los agentes sociales y económicos, patronal y sindicatos, de la región.
Ante la votación del próximo jueves en la que el pleno del Congreso de los Diputados debe ratificar o rechazar la decisión del Senado (derogó el artículo 4 del RDL 6/2009 que obliga a las instalaciones renovables, excepto las fotovoltaicas, a inscribirse en el Registro de Pre-asignación de Retribución del Ministerio de Industria), la carta del Presidente de la Junta de Extremadura reclama que se paralice la derogación del artículo 4 por dos motivos. Primero porque algunas de las plantas afectadas ya se encuentran en avanzado estado de construcción. Y segundo por la desconfianza e inseguridad que dicha medida generaría en los inversores.
El presidente extremeño reconoce en su escrito que es necesario regular de forma “equilibrada y estable” el sector de las energías renovables para “poder tomar decisiones a medio y largo plazo”. No obstante, apunta que la actual ley establecía una serie de condiciones (tener todas las autorizaciones administrativas, disponer de financiación, tener punto de conexión a la red eléctrica y haber comprado los principales equipos de la planta) que han superado en Extremadura 40 de los 100 proyectos de instalaciones termosolares presentados, que ya están en construcción o a punto de iniciarse.
En opinión de Guillermo Fernández Vara, con la enmienda propuesta en el Senado la ejecución de esos proyectos quedaría en el aire y el sector viviría una situación de desconfianza e inseguridad poco aconsejable. La inversión media en una planta termoeléctrica de 50 MW es de 300 millones de euros. Durante los dos años de su construcción se emplean 500 trabajadores.
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