El 25 de enero de 2010 se produjo una reunión entre el embajador de EE UU en España, Alan Solomont, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Durante el encuentro, Solomont reclamó un trato especial para una central termosolar que quería construir la empresa norteamericana Solar Reserve en Alcázar de San Juan. La central se había quedado fuera del cupo de primas asignado por el Real Decreto-Ley 6/2009, con lo que su ejecución era totalmente inviable.
Ni corto ni perezoso, Sebastián preparó un concurso especialmente diseñado para esa instalación (Real Decreto 1565/2010), ya que sería la única capaz de cumplir los requisitos. Todo parecía marchar bien, por detrás del telón, hasta que el diario El País divulgó un cable filtrado por Wikileaks en el que se hacía referencia a las gestiones de Solomont y se destapó el tejemaneje.
A pesar del escándalo, el concurso se mantuvo. Se convocaron 80 MW con dos apartados, uno para grandes instalaciones –entre 45 MW y 50 MW– y otro para pequeñas instalaciones, con potencias menores de 15 MW. El primero, como estaba previsto, lo ganó Solar Reserve; el segundo, al que optaron tecnologías innovadoras, dejó esperando a las empresas participantes, porque nunca se resolvió.
Acciona y Sener también concurrieron al apartado de grandes instalaciones, pero perdieron porque, a pesar de haber presentado una oferta más barata, Solar Reserve obtuvo más puntuación al disponer en fecha de ciertas licencias. Acciona y Sener recurrieron el resultado del concurso ante la Audiencia Nacional, pero ésta consideró que todo estaba correcto tras no admitir como prueba el cable de Wikileaks, conseguido “de forma ilícita”.
Salvada de todos los recortes
El concurso de Sebastián no ha sido el único trato de favor que ha obtenido la central de Solar Reserve por parte del Gobierno español. Tras la subida al poder del PP, también se le han otorgado un par de agraviosas bulas.
La primera sucedió el pasado mes de febrero, cuando el Real Decreto-Ley 2/2013 eliminó la opción retributiva de ‘pool + prima’ y cambió la referencia de la actualización anual, sustituyendo el IPC normal por el Índice de Precios de Consumo a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. Ambas modificaciones supusieron una recorte de casi 500 millones para todo el régimen especial durante 2013; sólo el cambio del índice de referencia tuvo un impacto directo en los ingresos de las instalaciones del 3%, que, al acumularse en el tiempo, superaba el 10%. Pues bien, el proyecto de Solar Reserve fue el único en quedar eximido.
La segunda bula ocurrió el pasado julio, con el Real Decreto-Ley 9/2013, que eliminó el sistema de primas –se cobran a cuenta hasta que acabe el año– para absolutamente todas las instalaciones renovables, excepto, una vez más, la resultante de la ejecución del proyecto de Solar Reserve.
Sin financiación para rehacer la ingeniería
A pesar de todos los espaldarazos para llegar a buen fin, Solar Reserve ha decido cancelar la central termosolar. Así se lo ha transmitido a los propietarios de las 700 Ha de viñedos sobre los que se iba a construir –informa EFE– y así lo han confirmado a Energías Renovables fuentes del sector.
Desde el fallo del concurso, Solar Reserve contaba con dos años para ejecutar la central, pero la incertidumbre regulatoria ha hecho imposible que encontrase financiación. La empresa quería replicar en España una central de 110 MW que está construyendo en EEUU, en Tonotah (frontera entre Nevada y California), pero disminuyendo su tamaño hasta los 50 MW, que es el límite que ha venido fijando la normativa española para las instalaciones renovables y que desaparecerá con la nueva regulación.
La reducción de tamaño de la central afectaba gravemente a su eficiencia y hacía necesario rehacer toda la ingeniería del bloque de potencia, lo que incrementaba notablemente el coste. No está claro en cuánto, pero si una central termosolar normal exige una inversión de 300 millones de euros, el proyecto de Solar Reserve de Tonotah ronda los 500 millones. Y por mucho que los gobiernos españoles garantizasen su retribución original una y otra vez, los financiadores no se han fiado lo suficiente como para destinarlos.
