Sergio de Otto
sergio.renovando@gmail.com
Sí, estamos en el otoño de 2009, bien entrado el Siglo XXI. Puede parecer mentira pero a día de hoy el gobierno de un país desarrollado que se sienta ya incluso en la mesa del G-20, que ha firmado y ratificado el Protocolo de Kioto, cuyo presidente lanzaba recientemente en la Asamblea General de Naciones Unidas el discurso más entusiasta por la sostenibilidad, sí, ese Gobierno improvisa estos días la revolución del sector eléctrico español para dar un paso de gigante …. ¡hacia atrás! Una vuelta al pasado contra toda lógica medioambiental y estratégica, en la que la obsesión es solucionar los siguientes cinco minutos. Del futuro ya nos ocuparemos otro día.
Existe obviamente un problema, y grave, con la minería española que nadie puede ignorar y que cabe resumir en tres características del carbón nacional respecto al de importación: sus costes de extracción son muy altos; su poder calorífico es muy bajo y es mucho más contaminante. No quiere esta comparación validar la idoneidad del carbón foráneo sino solamente resaltar las circunstancias agravantes de esta fuente energética destinada a tener un papel minoritario en nuestro mix eléctrico a medio plazo aunque busque abrazarse al salvavidas de los hipotéticos sistemas de captura de CO2 que, mucho me temo, acaben enterrando miles de millones de euros, fondos que tendrían más futuro invertidos en el I+D de tecnologías renovables.
En el último año las centrales térmicas de carbón han disminuido su producción de manera drástica. En enero de este año el carbón suponía el 20,65% de la producción eléctrica nacional pero en agosto el porcentaje bajaba hasta el 8,97%. En lo que va de año la reducción es del 20 por ciento respecto al mismo periodo de 2008. Los bajos precios del mercado eléctrico de este año hacen inviable, en términos económicos, la puesta en marcha de estas centrales.
El Gobierno —no cabe pensar que esta es una ocurrencia exclusiva del Ministerio de Industria— plantea una reordenación del sistema eléctrico que pasaría por “primar”, sí, primar la quema de carbón en nuestras centrales térmicas. Y lo hace en el año 2009 cuando las emisiones de Gases de Efecto Invernadero se han incrementado en un 42,7% respecto a las de 1990 mientras que el citado Compromiso de Kioto —que el Reino de España ha ratificado, insisto— ponía la barrera en un aumento del 15%.
Primar el carbón, sea cual sea la fórmula elegida finalmente, supondrá reducir notablemente el precio del mercado eléctrico, que cobran todas las tecnologías, para llegar a una cantidad que no cubra los gastos de generación de buena parte de ellas. Y si se prima al carbón ¿por qué no al gas? No, tranquilos, no es una reivindicación ni mucho menos pero sí que es más limpio y eficiente y como en el caso de las centrales térmicas de carbón, las centrales térmicas de gas —eso son los ciclos combinados— también están produciendo mucho menos que el pasado año. Aunque aquí también habría que buscar la explicación de su situación en la singular carrera de las eléctricas por construir “ciclos” desde que Folgado diera el pistoletazo de salida hace diez años. Además, la forma que elija finalmente el ejecutivo para llevar a cabo estas ayudas al carbón será examinada con lupa por Bruselas donde ya se ha puesto fecha de caducidad a este tipo de políticas.
No es preciso recordar, por si alguien cree que caigo en una contradicción al reivindicar las primas a las renovables y criticarlas en el caso del carbón, que el legislador aprobó primar las renovables precisamente por eso, por su carácter limpio y autóctono. Nuestro carbón ni siquiera tiene esta segunda característica pues necesita mezclarse con el importado dada su baja calidad.
En cualquier caso, esta iniciativa es un anacronismo monumental. Nadie cuestionará todos los esfuerzos que haga este o cualquier otro gobierno para solucionar el problema social que conlleva la situación de la minería española. Los miles de puestos de trabajo que están en juego tienen que tener una salida pero esa no debe ser nunca una vuelta al pasado que no supondría más que aplazar la solución mientras agravamos el problema medioambiental.
Lo peor de todo es que ciertos intereses han encontrado ahora en la Moncloa, por las vinculaciones personales del Presidente con una de las zonas mineras por excelencia de nuestro país, un interlocutor sensible a ciertos argumentos que no tienen otro objetivo que poner freno al desarrollo de las energías renovables. Un frenazo que podría tener consecuencias laborales todavía más graves. Por ejemplo: hay 20.000 empleos directos en la eólica frente a los 4.000 de la minería, aunque no estén concentradas en la que fuera circunscripción electoral del ahora Presidente del Gobierno. Miremos al futuro, por favor.
