La Fundación Renovables ha vuelto a poner sobre la mesa del debate energético ideas, propuestas, acciones, medidas; doctrina, en definitiva según la primera acepción de la Real Academia: “Enseñanza que se da para instrucción de alguien”. “La energía como vector de cambio para una nueva sociedad y un nueva economía”, es el título del documento de ochenta y ocho páginas y con 328 propuestas concretas, con el que esta entidad ciudadana quiere participar en la campaña de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre.
Se trata de un importante esfuerzo para elaborar, como ya lo ha hecho en vísperas de cada uno de los procesos electorales que se han desarrollado desde su puesta en marcha, una hoja de ruta para las formaciones políticas y una guía para los ciudadanos con la que analizar los programas de los partidos y su actuación hasta ahora en esta materia.
Este documento propone la puesta en marcha de siete planes de actuación operativos sobre temas tan esenciales como la rehabilitación energética, el transporte sostenible o el autoconsumo pero también sobre otros muy sensibles como la erradicación de la pobreza energética. Plantea cinco actuaciones urgentes sobre temas más coyunturales como lo son el cierre de centrales de carbón y nucleares o la prohibición de prospecciones, ya sea en busca de petróleo o para cometer ese despropósito medioambiental llamado fracking.
Y, por último, plantea una serie de programas transversales como la alineación con las políticas europeas (con la transposición efectiva de las Directivas Europeas), la fiscalidad como herramienta imprescindible para castigar lo insostenible y bonificar lo que sí lo es, un plan de industrialización, un nuevo marco legal y un “desarrollo de instrumentos sociales en la gestión de la energía” creando canales de información, consulta y participación para los ciudadanos.
Esto último tiene mucho que ver con lo que para mí es la principal aportación de esta magnífica aportación de la Fundación Renovables: la introducción de principios y valores en la política energética en la que hasta ahora solo se habla de costes y, además, deliberadamente mal enfocados. Aquí se habla de la energía no como un negocio sino como un “bien básico y escaso”, como un derecho.
El acceso a la energía debe ser universal y garantizado para todos, tanto en términos económicos como técnicos, porque la energía debe estar por encima de los intereses económicos de unos pocos. Se fundamenta el carácter sostenible que debe tener la política energética en que antepone la sostenibilidad medioambiental y la social porque sin ellas no puede existir la económica. Se habla de modelo social, de transparencia y buena gobernanza como bases de gestión y relación para superar el desgobierno actual del sistema. Sí, transparencia para un sector deliberadamente oscuro en el que la complejidad de la normativa oculta el trato de favor al oligopolio en contra de los intereses generales.
Lo que trasciende de este extenso documento de la Fundación Renovables es implantar una nueva cultura de la energía, una nueva relación de fuerzas en este ámbito en el que los ciudadanos se sitúan en el centro del sistema y superan su condición actual de consumidores cautivos, ciudadanos que asumen cambios de hábitos, que introducen nuevas prácticas porque ellos pueden ser productores, gestores y usuarios de la energía.
Y en este sentido, la reducción de la demanda, sin prescindir de servicios ni del confort que hoy nos proporciona, se convierte en el eje de esta política con un objetivo para 2050 de un 50% menos de consumo y con una aportación de las renovables del 100% y emisiones cero de Gases de Efecto Invernadero. Alcanzar esta meta es una obligación y no existe un problema tecnológico ni económico, es solo cuestión de voluntad política. El documento de la Fundación Renovables es un buen punto de partida para acometer la tarea.
