Aun a riesgo de enfrentarme a los 400.000 trabajadores que según el presidente de la patronal eléctrica, , están implicados en su actividad voy a reivindicar una vez más que frente al poder, a los intereses, a los beneficios de un puñado de empresas están los ciudadanos, están los intereses comunes de la sociedad, está la lucha contra el cambio climático, está la reducción de la suicida dependencia energética de nuestro país, está una concepción distinta de la disposición de los servicios que se requieren, está, en definitiva, el sentido común.
Lo que era una ofensiva en toda regla contra las renovables, ya sea desprestigiando la fotovoltaica, “inspirando” una normativa nefasta para la eólica o exigiendo la paralización de la solar termoeléctrica, suena ahora a un “ordeno y mando” al nuevo Gobierno surgido de las urnas el pasado 20 de noviembre. Las grandes empresas eléctricas, sus dirigentes y especialmente el beligerante directivo de Unesa, están desatados en declaraciones, artículos, filtraciones e instrucciones a los medios afines, en la demanda de una moratoria al conjunto de las renovables.
El problema más importante no es que se usen argumentos falaces, como la disparatada cifra de empleo que se atribuyen en la defensa de las tecnologías convencionales (está documentado que las renovables crean seis veces más puestos de trabajo), que no hablen nunca de reducir emisiones o importaciones de combustibles fósiles, que manipulen el supuesto coste de las primas para los consumidores erigiéndose cínicamente en defensores de aquellos a quienes exprimen, que confundan a la ciudadanía con el déficit tarifario, que hablen de un mercado que no lo es; no, lo peor es lo acostumbrados que están a mandar.
Lo he dicho en más ocasiones, entra dentro del juego de este tinglado en el que vivimos, que algunos agentes económicos defiendan sus intereses —otra cosa es la ética que empleen en la tarea—, pero lo lamentable, lo descorazonador, es que los Gobiernos se plieguen disciplinadamente a sus demandas en contra del bien común como lo ha hecho el saliente durante toda la legislatura y con escandalosos regalos de última hora, como los pagos por capacidad y disponibilidad o el proyecto de imponer a los consumidores el recargo que implica un laudo sobre un acuerdo entre dos compañías relativo al suministro de gas. ¿No son estos los que hablan solo de mercado, mercado y mercado? ¿No son estos lo que un día sí y otro también
denuncian las “insostenibles” subvenciones a las renovables?
La ofensiva del sector convencional ha tenido adecuada respuesta —aunque nunca
suficiente ante su desproporcionada “capacidad de fuego”— en los artículos, valientes y contundentes, de, entre otros Javier García Breva, Luis Crespo, Valeriano Ruiz, José María González Vélez y Pep Puig, así como de algunos dirigentes de empresas renovables (¡por fin!) y la propia Fundación Renovables.
Pero la respuesta no puede ser otra que avanzar en la Democratización de la Energía, título uno de los proyectos que la Fundación Renovables ha puesto en marcha para elaborar lo que debe ser la guía del proceso en el que los ciudadanos pasemos de ser meros consumidores de energía a ser productores, gestores y usuarios —creo que el matiz puede ser importante—, para que la demanda prevalezca sobre la oferta y no a la inversa como viene sucediendo en nuestro país para beneficio —¡y qué beneficios!— de unos pocos.
Estas semanas son decisivas puesto que las primeras medidas del nuevo Gobierno marcarán una senda de la política energética que posteriormente será muy difícil de rectificar. La delicadísima situación económica, con la tremenda presión sobre la deuda de los países de la Zona Euro, no favorece la toma de decisiones con perspectiva ni siquiera a medio plazo y, mucho menos el poner en evidencia las ventajas que a corto plazo puedan tener el ahorro, la eficiencia y las renovables como parte de la solución a los males que nos aquejan.
Se ha dado un modesto paso en el camino de la democratización de la energía con la aprobación del decreto sobre autoconsumo que ha estado congelado en los cajones del Ministerio durante años. Se trata como dice la nota de la Fundación Renovables de “situar al ciudadano consumidor en el centro del sistema energético para que participe y sea protagonista en la transición hacia un modelo energético en el que el ahorro de energía ha de ser la prioridad fundamental a través del autoconsumo y de las energías renovables”. Esta es una senda que el nuevo Gobierno debería desarrollar porque son obvios los múltiples beneficios que conlleva y sin ninguna repercusión en los problemas que acucian al sistema.
El cambio de modelo energético focalizado ahora en el debate sobre nuestro sistema eléctrico es una tarea mucho más ambiciosa; pienso en la rehabilitación energética de edificios o en la movilidad y eso me lleva a una última reflexión: mientras discutimos sobre un determinado capítulo —importante, pero sólo un capítulo— estamos pagando gasolinas y gasóleos más caros que nunca, esta vez para mayor gloria de los dividendos de la industria petrolera que debe frotarse las manos viendo como los focos se concentran en el sector eléctrico. Volveremos sobre el tema.
