Cuando hace cinco años un grupo de personas de muy distintas procedencias coincidimos en constituir la Fundación Renovables, para defender y acelerar el cambio de modelo energético trasladando a la sociedad una nueva cultura de la energía, no podíamos imaginar que esa defensa de las renovables pasaría un día por recurrir a los tribunales. En aquél año 2010 la ofensiva anti renovable de las grandes compañías eléctricas había tenido ya eco en la actuación del segundo Gobierno de Zapatero al que se le llenaba la boca de buenas palabras sobre las energías limpias pero que, al mismo tiempo, permitía que su ministro del ramo llevara al BOE las primeras normas para paralizar su desarrollo.
Nuestra intención era “participar en el debate energético” (objetivo conseguido), “trasladar a la sociedad la importancia de dotarnos de energía de otra forma” (objetivo parcialmente logrado con iniciativas como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético) y combatir el tristemente exitoso eslogan de “las renovables son caras”.
Durante estos cinco años hemos puesto nuestro conocimiento, nuestro (entusiasmo y (¿por qué no decirlo?) nuestro dinero (el de patronos, socios protectores y el de apenas media docena de empresas) para alcanzar estos fines. Lamentablemente nuestro discurso ha tenido que endurecerse a medida que se iba imponiendo en la acción del Gobierno (de este sobre todo pero también del anterior) la sinrazón de la defensa de los intereses de un oligopolio frente a los del conjunto de la sociedad en materia energética.
Hemos puesto sobre la mesa una docena de documentos con rigurosos análisis de normas o informes y bien argumentadas propuestas como la Hoja de Ruta hacia la sostenibilidad o más recientemente Ciudades con futuro y nuestro Posicionamiento sobre el Autoconsumo; hemos publicado decenas de notas de prensa para salir al paso de los temas más relevantes de nuestro ámbito de actuación; y, hemos tratado de estar siempre (armados más de voluntarismo que de medios) en todos los foros donde nuestra voz podía ser útil. En nuestro discurso hemos agotado los calificativos peyorativos para una política energética que del frenazo inicial al desarrollo renovable ha dado un giro de 180 grados para tomar el camino de la regresión.
No estaba, efectivamente, en nuestra idea inicial pasar por los tribunales pero no podíamos quedarnos cruzados de brazos ante lo que ha pasado de incompetencia o servilismo ante los intereses del oligopolio al engaño a la opinión pública o, en términos de la demanda presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, “la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables, cogeneración y residuos, y que ha supuesto un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales, el llamado “hachazo” a las renovables”.
Lo que para mí es tomadura de pelo al afirmar que una norma se elabora con los criterios objetivos de informes independientes cuando en realidad dichos informes tienen fecha posterior a la norma aprobada, para nuestros asesores jurídicos es sencillamente una actuación que podría constituir delito y por eso junto a otra docena de entidades y más de cien mil ciudadanos lo hemos puesto en conocimiento de la Justicia.
Al margen de lo que se decida en sede judicial, nadie debería rasgarse las vestiduras por esta iniciativa que es, en definitiva, el reflejo del envilecimiento de la acción de este Gobierno que desprecia el camino que marcan los grandes organismos internacionales, la política de su admirada (para otras políticas) señora Merkel, la mayor parte de los países de nuestro entorno e incluso, recientemente, el Papa Francisco. Nuestra demanda no es una pataleta porque “no nos hacen caso”; no, es la reacción a una degeneración de las formas con las que están actuando a contracorriente de lo que la lógica, las evidencias y el sentido común imponen.
No, no estaba previsto recurrir a la vía penal en nuestras líneas de actuación cuando con todo el entusiasmo del mundo nos lanzamos a “predicar” que había que acelerar (no podíamos imaginar que además de frenar iban a dar marcha atrás) otra forma de relacionarnos con la energía, pero tampoco pensábamos que el despropósito iba a alcanzar esas cotas. En cualquier caso, el delito político es clamoroso al margen de lo que diga finalmente la Justicia.
