En una de sus recientes comparecencias parlamentarias la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señalaba que para cumplir con el Acuerdo de París necesitamos instalar en España de aquí a 2030 entre 6.000 y 7.000 MW al año de energías renovables. Algunos se han rasgado las vestiduras, otros se han burlado de las cifras y, en general, el anuncio ha sido recibido con grandes dosis de escepticismo.
El primero de los argumentos consiste en señalar que, si no se van a poder instalar antes del 31 de diciembre de 2019 los 9.000 MW otorgados en las subastas que, el nada añorado Nadal se sacó de la manga en enero de 2016 y mayo y junio de 2017, cómo vamos a ser capaces de lograr ese ritmo de instalación de potencia renovable. Otros profetizan que esas instalaciones están condenadas a ser ociosas puesto que hay exceso de potencia. Ignorantes ellos de la necesidad de electrificar la demanda energética de la que la electricidad solo cubre hoy en día un 25%, cuota que las propuestas de política energética de la Fundación Renovables, “Hacia una transición energética sostenible”, elevan al doble, 50%, si de verdad queremos que a mitad de siglo contemos con un sistema energético descarbonizado.
El primer argumento destinado a ningunear el futuro de las renovables se aprovecha del disparate que fue parar completamente durante seis años su desarrollo para exigir posteriormente, sin previo aviso, un sprint en dos años de 9.000 MW. No se harán todos esos MW porque, como ya se dicho en numerosas ocasiones, no hay modo de organizar la logística para instalar los 4.600 MW de eólica y no solo por la imposibilidad de contar con las grúas necesarias, motivo que se señala insistentemente. En cambio, sí es posible industrial y logísticamente la instalación de los casi 4.000 MW fotovoltaicos.
Pero el reto no es 2020, hoy el corto plazo de la política energética es 2030 como ha indicado la ministra. Con los 6.000/7.000 MW anunciados por Ribera incrementaríamos el parque renovable en algo más de 65.000 MW, cifra que la Fundación Renovables eleva hasta los 85.000 MW, incluyendo 18.000 MW de generación distribuida o autoconsumo, medida que se complementaría con la reducción de la demanda energética en un 25% para lograr que las renovables supongan el 80% de la generación eléctrica.
¿Es posible? Por supuesto. Cabe recordar que en 2007 se instalaron 3.500 MW de eólica y entre octubre de 2007 y octubre de 2008 casi 3.000 MW de fotovoltaica, es decir, la media de lo que hoy consideramos necesario y, sí, con unas condiciones muy distintas a las actuales, diferencias que nos pueden inducir al optimismo, como el hecho de que entonces no habíamos asumido como prioridad la transición energética ni el compromiso del Acuerdo de París. Pese a que en estos años hemos perdido el tejido industrial que nos convirtió en una potencia mundial en renovables, estamos a tiempo de recuperar parte de esta capacidad y coger el ritmo en las muy variadas tecnologías renovables. Será, además, como apuntan muchos estudios, una fantástica oportunidad para la creación de empleo.
Y si es posible también es imprescindible porque no solo permanecen, sino que se incrementan los factores de riesgo que para nuestra economía supone contar con la mayor dependencia energética de la Unión Europa (así es si reconocemos que el uranio enriquecido también lo importamos). Debemos electrificar aceleradamente los usos energéticos que hoy cubren el petróleo o el gas, tanto por las razones medioambientales que todos conocemos (aunque los gasistas se empeñen en engañar a la opinión pública) como por las razones económicas y la nociva influencia en nuestros bolsillos de los cambios de cotización de esas materias primas.
Un aplauso para la ministra por señalar una senda tan clara en este ámbito y un deseo: que la oposición se sume a ese camino porque no tendría sentido encontrarnos con otro frenazo si algún día se produce un cambio de mayoría parlamentaria.
