Sergio de Otto
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La legislatura que estrenamos estos días reúne ciertas condiciones favorables para que se den algunos pasos importantes en las políticas de sostenibilidad que requiere, y con urgencia, nuestro entorno. En primer lugar, el Gobierno que surge de la convocatoria a las urnas del pasado 9 de marzo no necesitará imperiosamente una búsqueda de apoyos coyunturales un día sí y otro también, y gozará de una cierta estabilidad que le permitirá afrontar acciones a largo plazo, entendiendo siempre que en política el periodo largo plazo equivale al de los cuatro años de legislatura. En segundo lugar, el líder del partido triunfador en esos comicios, el presidente Rodríguez Zapatero, ha anunciado en diversas ocasiones —muchas menos de las que nos hubiera gustado escuchar pero más de lo que era habitual oír hasta ahora— su vocación de hacer frente de forma contundente a los problemas relacionados con el cambio climático.
En algunos momentos de esa campaña electoral se hizo un hueco, entre las promesas y descalificaciones que marcaban la agenda del día a día, la posibilidad de que se creara una vicepresidencia para la sostenibilidad, rumor que lamentablemente ha cedido en el periodo postelectoral y en vísperas de la constitución del nuevo Gobierno en el que se ha hablado más de las cuotas de poder de cada territorio dentro de la familia socialista.
Sin embargo, ¡qué buena noticia sería esa vicepresidencia! Ante todo sería —ojala sea una realidad cuando el lector tenga este artículo en sus manos— el gesto inequívoco de que el nuevo Gobierno da la importancia que demanda este ámbito de nuestra vida pública. Significaría ante todo un paso histórico con el que un Gobierno mira al futuro con mayúsculas para afrontar el mayor reto que tiene planteado hoy la humanidad en su conjunto y la sociedad española con sus particularidades.
La política medioambiental, las políticas de sostenibilidad en general, no son cuestión de un departamento, no es una cartera en el Consejo de Ministros a modo de florero; es, debe ser, una política transversal que implica a todas las actuaciones y que deben internalizar todos los ministerios. Nada mejor para ello que las consignas en este ámbito partan de un escalón jerárquico superior como lo es una vicepresidencia y no de un compañero de gabinete. De la misma forma que hoy casi todos los departamentos a la hora de gastar sienten en el cogote la mirada vigilante del Ministerio de Economía, por la condición de vicepresidente de su titular, deben saber que todas las implicaciones medioambientales de sus actuaciones tendrán una supervisión desde un escalón superior.
Pero sobre todo sería —insisto, espero que sea— la única forma de adoptar una política de sostenibilidad activa, tomar la iniciativa, sembrar y no apagar fuegos o limitarse a evaluar los daños. Llevamos muchos años de retraso en la sensibilización y la adopción de normas más estrictas; no hace falta más que fijarse en el sector de la construcción. Pero también tenemos una ventaja en el terreno del que se ocupa esta revista: las energías renovables. El desarrollo de las fuentes y tecnologías energéticas autóctonas, limpias y renovables es una herramienta más pero básica de la actuación necesaria. Y ahí estamos en el pelotón de cabeza en el concierto mundial.
Se hablado en esta vísperas de la formación de gobierno de la posibilidad de que energía pase a Economía y que Industria podría desaparecer. El sector se ha sentido siempre más cómodo en este último ministerio donde, por decirlo en dos palabras, hay más voluntad de construir mientras que en el primero se trata de que salgan los números.
Pero, en cualquier caso, si hay una actividad que tendría su lugar en esa hipotética vicepresidencia para la sostenibilidad esa es la energía, en la que se concentran todos los factores que conlleva el concepto de desarrollo sostenible. Ese sería nuestro lugar.
