En el magnífico informe presentado por la Fundación Renovables este pasado mes de junio, “Escenarios, políticas y claves para la Transición Energética”, se incide una vez más en la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado de la Energía que califica de “necesario, imprescindible e irrenunciable”. No es ni la primera vez que la Fundación demanda ese acuerdo, ni es la única voz que lo reclama. En esta misma columna lo he pedido yo también en varias ocasiones y en muy distintos momentos.
¿Por qué ahora de nuevo es tan “necesario, imprescindible e irrenunciable” ese acuerdo? La respuesta es en principio sencilla. Hoy sabemos mucho más sobre lo deprisa que se agrava la crisis climática, cada día es más evidente que tenemos las herramientas para hacerle frente, hay un presidente de gobierno en funciones que cita la transición ecológica como el primer eje del nuevo mandato al que aspira y una conciencia ciudadana, sino mayoritaria todavía, si suficiente para respaldar ese camino.
También hay obstáculos, lamentablemente. En primer lugar, la vergonzosa campaña de la primera empresa energética del país cuyo presidente va reclamando un frenazo a ese proceso, como hace diez años lo hacían las eléctricas ante el desarrollo de las renovables. El único argumento, que no cita, del señor Brufau para denunciar el exceso de ambición de España en ese camino es su cuenta de resultados, no hay otro. Y tiene razón, pero de eso no tiene la culpa más que su ceguera ante el hecho incontestable de que su negocio es la primera causa del problema al que se enfrenta la humanidad. No ha reorientado su negocio más que para poner una pequeña guinda verde en su pastel marrón.
El segundo obstáculo es la postura del principal partido de la oposición que, si bien se ha librado del lastre de la obsesión anti-renovable de los Nadal que condicionó su política en sus últimos siete años de gobierno, no acaba de entender que en este tema no estamos ante una opción ideológica, sino ante unos hechos irrefutables que cada día son puestos más en evidencia por la comunidad científica. No invita al optimismo que ese partido para recuperar su feudo local más apreciado haya puesto por delante el falaz argumento de la libertad de los ciudadanos a circular como les de la gana a la salud de las personas que viven en el centro de Madrid. Lo peor es que les ha funcionado.
Del tercer partido en discordia cabe temer que su discurso, otrora sensible a la lucha contra el cambio climático, se radicalice en contra de esta batalla por el simple hecho de que al frente esté quién estuvo a punto de ser su socio y hoy es el representante del mal sobre la tierra.
Bueno, pues a pesar de estos descorazonadores ejemplos de una lista que podría ser muy larga, uno insiste en que nuestra clase política —empezando por quien está en el poder— tiene la obligación moral de buscar ese acuerdo. Para el PSOE, sin duda, sería relativamente fácil sacar adelante una ley de Cambio Climático y Transición Energética que dejara muy satisfechos a sus redactores y que aplaudiríamos con entusiasmo todos los que estamos comprometidos en esta tarea de revertir nuestra actual forma de actuar. Pero nos estaríamos engañando porque esa Ley sería papel mojado si desde el día de su aprobación tiene los días contados por el rechazo que suscite en los partidos de la oposición que más tarde o temprano llegarán al poder.
No, eso no es lo que necesitamos, lo que estamos reclamando es un marco adecuado para saber que más allá de la duración de una legislatura hay un acuerdo básico (y en este caso un mal acuerdo es mejor que un buen texto unilateral) que garantice que la transición ecológica, que el cambio de modelo energético, son política de Estado.
Sí, es muy difícil siquiera sentarles a la mesa para explorar las posibilidades de éxito pero alguien en la clase política tendrá que asumir esa tarea. Si la convalidación del RDL 15/2018 de medidas urgentes para la transición ecológica solo tuvo dos votos en contra es que el milagro es posible. ¡Pónganse a trabajar!
