Entre las medidas anunciadas por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con motivo de la necesaria y bienvenida Declaración de Emergencia Climática, hay una que ha sorprendido especialmente y que incluso ha sido recibida con cierto escepticismo en algunos medios. Se trata de la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que tiene como misión “reforzar los mecanismos de participación ya existentes y garantizar de forma estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en esta materia”.
La idea responde a una demanda de las organizaciones sociales que vienen, que venimos, reclamando desde hace años cauces de participación. Hablamos de abrir la posibilidad, no solo de validar o enmendar las iniciativas de la administración o de los partidos o de ser escuchados, sino de abrir la vía para que desde la ciudadanía se tome la iniciativa, se aborden propuestas más imaginativas, se anticipen desde los administrados las trabas que a posteriori van a encontrar las medidas; en definitiva, democratizar el proceso sin cuestionar en absoluto el poder de decisión final de la representación de la soberanía popular. Esta participación desde el minuto uno da muchas más garantías de éxito de las medidas que finalmente se pongan en marcha y va mucho más allá que el consabido informe de un Comité de Expertos, como el que puso en marcha el anterior Gobierno para la reforma del Sistema Eléctrico, documentos que, en general, sirven más para exponer la erudición de unos pocos antes de acabar en el cajón de un despacho ministerial.
La iniciativa de Ribera, que en mi opinión es muy oportuna, no es inédita, y está inspirada en la Convención Ciudadana por el Clima que puso en marcha el pasado año en Francia el presidente Macron, en parte forzado por el huracán (tormenta se quedaría corto) generado por las protestas de los llamados chalecos amarillos. Esta convención, a su vez, tenía el precedente del proceso llevado a cabo en 2007 y 2008 por Sarkozy con el llamado “Grenelle de l’environnement” en el que durante meses participaron representantes de cientos de organizaciones sociales y económicas para abordar el tema de la relación con el medio ambiente en general.
La Convención francesa tiene algunas características que, creo, hacen muy difícil trasladarla a nuestro país tal cual, lo que no la descalifica como referente. La más importante es que la asamblea está constituido por 150 ciudadanos (y 40 suplentes) elegidos en un sorteo dirigido para que los franceses estén proporcionalmente representados en función del género, el sexo, la edad, el ámbito geográfico o el nivel cultural o económico. Los elegidos reciben unas dietas como lo hacen los miembros de un jurado. Esta asamblea cuenta con el apoyo de diversos órganos para llevar a buen término sus trabajos que se desarrollan en siete sesiones de tres días cada una; la primera tuvo lugar en octubre y concluirán en abril.
El primero de esos órganos es un Comité de Gobernanza (con representantes tanto de la Administración como de la sociedad), un Comité de Garantía (formado por un grupo de tres personalidades) y un Grupo de Apoyo Técnico (una veintena de expertos) que solo debe asesorar a los miembros de la Convención en la redacción de sus propuestas. Ante la Convención han desfilado más de un centenar de representantes de todo tipo de entidades, desde cargos políticos a representantes de ONGs, y el resto de los ciudadanos han podido hacer llegar a los 150 elegidos sus propias propuestas.
Finalmente, las propuestas aprobadas por esta Convención serán sometidas a votación en la Asamblea Nacional como lo son en nuestro país las “iniciativas legislativas populares” en los escasos casos que han superado las fases previas.
La transición ecológica, en la que un pilar esencial es cambiar la manera en la que usamos la energía, si tiene la ambición necesaria para afrontar el reto al que nos enfrentamos como lo es el cambio climático tendrá una influencia en el modelo productivo y en nuestro día a día como pocos pasos anteriores dados como sociedad. En este tránsito los ciudadanos tenemos derecho a opinar y participar porque lo vamos a protagonizar, si no es así no habrá servido para nada.
