Entre las noticias de este mes de agosto hubo una que me sublevó sobremanera. “Gas Natural recurre el concurso del suministro eléctrico del Ayuntamiento de Madrid”. Ya lo había hecho con el de Barcelona, aunque en ese caso por otros motivos. Es bien conocida la postura de esta empresa que se esconde detrás de una mariposa para negar el futuro. Ellos abrieron la ofensiva anti renovable en 2009, ellos engañan a la ciudadanía vendiendo como limpia una energía que solo es “menos sucia” que el resto de las de origen fósil, ellos forman parte de ese núcleo de grandes corporaciones energéticas que vienen utilizando todos los mecanismos a su alcance, que son muchos, para condicionar la política energética con el único objetivo de salvaguardar sus privilegios.
En este caso la indignación surgía al leer los argumentos que filtraban “fuentes de la compañía” señalando que uno de los criterios de valoración "no es igualitario para todas las compañías que opten a dicho concurso". Para empezar, el hecho de que una de las compañías del oligopolio eléctrico de este país denuncie la desigualdad de oportunidades en el sistema eléctrico es un ejercicio mayúsculo de cinismo, hipocresía y desfachatez. Si algo caracteriza la regulación del sector energético en España es que está hecha a la medida de las grandes corporaciones, favoreciendo permanentemente su situación de dominio. En su conjunto esa normativa no tiene nada de “igualitaria” para los que han tratado de entrar en este sector y si no que se lo pregunten a algunas de las grandes compañías europeas que han tirado la toalla en sus intentos de introducirse en el mercado español.
Lo que no le ha gustado a Gas Natural Fenosa es que el Ayuntamiento de Madrid le otorgue cinco puntos extra, de los cien puntos posibles, a las empresas que acrediten la categoría A en el etiquetado energético, otorgada anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El sistema del órgano regulador se compone de siete niveles, de la 'A' a la 'G', en función de las fuentes energéticas utilizadas para la generación de su energía y la cantidad de emisiones de dióxido de carbono (CO2), siendo 'A' la que menos impacto produce y 'G' la que más. Lógicamente la A la obtienen las comercializadoras que solo suministran energía con garantías de origen renovable.
Algunos venimos reclamando que todas las administraciones impongan ese criterio en las licitaciones puesto que no basta con exigir garantías de origen renovable de las que también disponen los que pueden suministrar energía de origen fósil o nuclear, es decir las empresas del oligopolio. “Usted quiere limpia, se la doy; no le importa que sea sucia, también”. Y eso no vale, eso es engañarse a si mismo. Muchos ayuntamientos y administraciones se conforman con el primer paso ignorando el etiquetado de la CNMC. Que existe, entre otras cosas, para que ciudadanos, empresas y administraciones sepan quién es quién, qué vende cada uno.
Lamentablemente en España no tenemos un órgano regulador de la publicidad como el de Holanda que recientemente obligaba a rectificar a las compañías que presentaban el gas como energía limpia. Es una gran mayoría de nuestra sociedad la que vive con esa errónea creencia de que quemar gas en nuestras calderas, en cualquier tipo de vehículos o en las centrales de generación eléctrica no tiene nada que ver con el calentamiento global que provoca el cambio climático.
Pues tan engaño como esto lo es conformarse con comprar energía de origen renovable al que vende de todo. El sistema de garantías de origen tiene sus limitaciones, es imperfecto, pero es lo que hay en España y en Europa para que los usuarios de la energía enviemos una señal a los que nos la venden. Y esa señal tendrá todo su sentido cuando exijamos mayoritariamente a nuestro suministrador la etiqueta A porque de esa forma estaremos instando a las grandes corporaciones a abandonar la generación de electricidad con combustibles fósiles.
