No, no voy a hablar de los nerviosos —histéricos podríamos decir— que están algunos en el patio energético. No, no voy a describir el murmullo que llega de las fábricas de armas de destrucción masiva de la razón y del sentido común que están ultimando en defensa del inmovilismo energético. No, no voy a enumerar los disparates, falsedades, manipulaciones que ya hemos tenido que escuchar, leer o ver a diario para la defensa numantina de los privilegios o para el ataque despiadado de las renovables. No, no voy a hablar de todo ello —aunque también me gustaría— sino que lo voy a hacer de lo que no se dice, de lo que no se menciona, de lo que no se contempla, de lo que al parecer no existe: el ahorro de energía.
Es sorprendente que en la situación actual en la que la preocupación, iba a decir principal, no la única y exclusiva preocupación del Gobierno, es reducir el déficit público no esté en la agenda el tema del ahorro energético. Se aprueban un día sí y otro también recortes inimaginables en derechos, servicios, prestaciones; en nombre de la austeridad reclamada por esos entes denominados “los mercados” se pone todo patas arriba; no importa que todos seamos conscientes de que eso por si solo nos conduce inexorablemente al abismo; en nombre de la altísima misión de “cuadrar los números” se comete también el disparate de la moratoria a las renovables para hacer frente —supuestamente— a un “déficit de tarifa” de 24.000 millones de euros, aunque la montaña da a luz un ratón de poco más de 150 millones de euros. Sí, se aplica la tijera por todas partes pero nadie se acuerda de meterle mano al concepto más gravoso para nuestra economía: la factura energética.
No escuchan siquiera las sirenas de alarma de un barril de petróleo batiendo récords en su cotización … y el gas detrás. No se acuerdan de que cada 10 dólares más en el precio del barril la factura energética anual de este país se incrementa en 6.000 millones de euros anuales. No se tiene en cuenta que tenemos todo por hacer en eficiencia energética ya que gastamos un 20% más de energía que nuestros vecinos para producir una unidad de Producto Interior Bruto. Ninguno de los responsables de la política energética de este país (¡Bueno lo de política energética es un decir!) habrá leído el informe de Energía 3.0 en el que se afirma –documentadamente— que España tiene un largo camino que recorrer en este ámbito: hasta el 50 por ciento de ahorro para las mismas prestaciones y servicios.
No, definitivamente nadie le da importancia a los 50.000 millones de euros que el pasado año gastamos en comprar petróleo, gas y carbón, factura que este año ascenderá sí o sí pese a la reducción de la demanda y que se disparará hasta las nubes si la situación en Oriente Medio discurre por los cauces que a día de hoy amenaza. Nadie se ha parado a analizar por qué esta factura supone ya el 85 por ciento — sí, el 85%— del déficit de nuestra balanza comercial.
Si este Gobierno quiere cuadrar las cuentas de nuestra economía nacional la opción, la primera opción en el ámbito energético, es implementar una decidida, valiente y contundente política de ahorro y eficiencia. Eso sí sería útil, eso sí sería eficaz, eso —además de otras ventajas— sí haría más fuerte a la economía de este país. Eso, sería —sí, pese a quien pese— romper la cultura del despilfarro energético en la que vivimos cómoda y suicidamente instalados.
