Uno no sale de su asombro al comprobar el conformismo casi generalizado que impera en el debate de los objetivos para la penetración de renovables en Europa que debe incorporar la nueva Directiva sobre la materia, que estos días ha empezado a debatirse en el seno del llamado “trílogo”, del que forman parte Comisión, Parlamento y Consejo. Si decepcionante fue la propuesta en su día de la Comisión con un raquítico 27% de renovables sobre energía final en 2030, objetivo apoyado por el Consejo (es decir los gobiernos), no puede uno compartir el entusiasmo de los que celebran con fuegos artificiales el 35% aprobado recientemente por el Parlamento Europeo, por muy meritoria que haya sido la labor del europarlamentario socialista y ponente de la Directiva, José Blanco.
El exministro tiene razones para estar moderadamente satisfecho por vencer las resistencias de los representantes de algunos países repartidos por distintos grupos ideológicos que responden claramente a los intereses petroleros, gasistas y carboneros que siguen tratando de frenar el desarrollo renovable con el único argumento de salvaguardar sus negocios en los combustibles fósiles. Pero el señor Blanco también sabe muy bien que estos objetivos del 35% son totalmente insuficientes para avanzar en la dirección que marca el Acuerdo de París.
Si el Parlamento Europeo se sienta a la mesa de negociación con comisarios y representantes del Consejo con un 35% —y sin objetivos vinculantes— sabe que saldrá seguro con varios puntos porcentuales menos. El problema es que, como apuntaba recientemente la Fundación Renovables, el 35% es un escenario que casi podríamos considerar “tendencial si tenemos en cuenta el impresionante descenso del coste de las tecnologías renovables y que seguro se alcanzará solo por la dinámica del mercado”.
Efectivamente, con los actuales precios de las tecnologías renovables y la dinámica en el mundo de las finanzas, que empiezan a alejarse de todo lo que huele a carbono, el 35% está al alcance de la mano sin ningún impulso institucional y, eso, pese a las resistencias del sector fósil. El objetivo solo servirá en este caso para que petroleros, gasistas y carboneros digan que vamos demasiado deprisa.
Lo que debemos reclamar es una nueva Directiva que suponga un auténtico estímulo, que refleje una ambición, que sea coherente con la gravedad que los discursos sobre el diagnóstico revelan. Cuando en el año 2008 se puso en marcha la política del 20-20-20 para 2020 (20% reducción emisiones, 20% más de eficiencia y 20% de renovables en energía final) se hizo una apuesta que entonces sonó muy ambiciosa, casi revolucionaria para algunos. Fue una señal importante que ha permitido el arranque (sí, solo el arranque) de un desarrollo muy significativo de las renovables y que a su vez hayan obtenido el reconocimiento unánime de que no son “alternativas” sino una realidad. Las cifras que hoy se manejan como resultado de la negociación del “trílogo” no es que carezcan de esa ambición, ni sean tímidas, es que pueden ser consideradas como una marcha atrás en esa transición energética en la que estamos inmersos y que puede ser truncada en la negociación que estos días se lleva a cabo en Bruselas.
El cambio climático ya está aquí, cada día con manifestaciones clamorosas que algunos se niegan a ver y seguimos actuando como si fuera un problema por llegar. Inmersos en esta diabólica dinámica alargamos una y otra vez los plazos para actuar mientras se aceleran los efectos elocuentes de que ya tenemos otro clima. Europa, que tantas veces ha encabezado los avances en la historia de la Humanidad va a quedarse atrás por la miopía de una clase política que tiene un discurso para el diagnóstico que olvida a la hora de recetar. Ese es el problema.
