Lo de un “año perdido” es muy recurrente a la hora de hacer balance de los doce últimos meses transcurridos. Lo peor no es que el recurso esté manido, sino que tantas veces haya sido correctamente empleado. En cuanto a la lucha contra el cambio climático, y a la ineludible transformación del modelo energético que lo causa, el tiempo perdido debe contarse en décadas desde que el hombre sabe, porque se lo dice la ciencia, que tenemos que hacer las cosas de otra forma. Pero no ha sido esa, la del “año perdido”, la primera idea que me ha venido a la cabeza cuando me he puesto a hacer el balance que Energías Renovables nos pide a sus columnistas.
Aunque también podríamos aplicar para este 2019 el mencionado tópico, creo que lo que mejor define este año ha sido la idea del despegue abortado. Cuando pasábamos página al calendario todavía estábamos felicitándonos del cambio de rumbo radical que se había producido en el ámbito energético con el cambio de Gobierno y la llegada al puesto de mando en esta área de una persona tan válida para ejercerlo como Teresa Ribera como ministra de Transición Ecológica. El discurso había cambiado (“de la noche al día” escribí en esta columna) y se enfilaba la pista de despegue en la dirección correcta. Ya no se demonizaba el autoconsumo, sino que se había aprobado, tal y como se había anunciado desde el primer día, la abolición del denominado “impuesto al sol”; conocíamos un borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Energía; y, esperábamos una primera versión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que llegaría en febrero. Todo hacía pensar que 2019 iba a ser el año del despegue hacia una transformación de la forma en la que nos relacionamos con el medio ambiente, en general, y con la energía en particular.
Llegó el PNIEC cargado de buenas intenciones, con el rumbo adecuado, con objetivos necesarios como lo es el de un 100% de energías renovables para 2050 que suponía por fin el reconocimiento desde el Gobierno del papel que van a jugar las energías limpias y autóctonas, con una apuesta valiente por el vehículo eléctrico, entre otras medidas, aunque adoleciera de la ambición necesaria para responder adecuadamente al reto al que nos enfrentamos tal y como señalaba la Fundación Renovables y otras organizaciones sociales. La voluntad de diálogo demostrada con los más diversos agentes hacía albergar la esperanza de que, tanto esa escasa ambición en los objetivos como políticas más decididas en gestión de la demanda y electrificación, podrían corregirse.
Coincidiendo con la publicación de este documento que nos exigía Bruselas, y tras un intento fallido de sacar adelante sus presupuestos (Montoro sigue “reinando”), Pedro Sánchez convocaba elecciones para el 28 de abril que, entre otras cosas, suponía que el esperado despegue de la flotilla de medidas que creíamos inminentes se aplazaba. Afortunadamente hubo tiempo y oportunidad para la aprobación del RD 244/2019 por el que se regulaban las condiciones técnicas y administrativas del autoconsumo con un giro de 190 grados respecto a la regulación del Gobierno del PP. Además de la simplificación administrativa, la nueva regulación consideraba, tal y como lo hace la normativa de la UE, el autoconsumo como un derecho y reconocía aspectos tan relevantes como la compensación de excedentes o el autoconsumo compartido. Temas que respondían a las reivindicaciones de muchos colectivos y especialmente de la Alianza por el Autoconsumo que coordina Fundación Renovables pero que lamentablemente han tardado demasiado en tener un desarrollo reglamentario.
La cita electoral de la primavera nos llevó a nuevas elecciones en noviembre, y en contra de lo previsto por quién las convocó, no solo no solucionaron los problemas para que se creara un gobierno, sino que se complicaron aún mas y las naves siguieron en tierra hasta hoy, una parálisis desesperante cuando la urgencia climática y los problemas estructurales de la energía en nuestro país requieren con urgencia medidas a corto plazo y fijar una senda despejada para el medio plazo. Para el largo plazo creo que todos estamos de acuerdo, algunos sencillamente resignados, a que el futuro es la descarbonización de nuestra economía, de nuestro modelo productivo, de nuestro sistema energético; en definitiva, prescindir de los combustibles fósiles.
Esta inoportuna parálisis solo se ha roto con la aprobación del RDL 17/2019 que devuelve la seguridad jurídica a los productores renovables que perdieron con la reforma Soria. Un RDL convalidado con una amplia mayoría de la Diputación Permanente del Congreso y sin votos en contra, un dato que, como sucediera con la convalidación del anterior paquete de medidas energética aprobado en octubre de 2018, da ciertas esperanzas para la consecución del Pacto de Estado de la Energía que se reclama desde tantos ámbitos.
No quiero cerrar este resumen sin hacer referencia a la aportación que desde la Fundación Renovables hemos realizado al debate sobre cómo debe ser el nuevo escenario de la energía. En junio publicamos “Escenarios, políticas y directrices para la transición energética” y en noviembre “El contrato social de la energía”, documentos ambos que pueden servir de guión para acordar el plan de vuelo de un viaje que debemos emprender ya, sin más demora, aunque a día de hoy sigamos con las mismas dudas de esos eternos e infructuosos meses de verano.
La COP25 debería ser una excelente pista de despegue porque no nos podemos permitir más tiempo esperar con los brazos cruzados.
