Sergio de Otto
sergio.renovando@gmail.com
En vísperas de la decisiva Cumbre de Copenhague, en la que la energía será el tema central por su contribución al cambio climático, aquí, en este país, nos dedicamos a dar palos de ciego cuando no nos da por remar en dirección contraria. Vamos con los primeros: el pasado miércoles día 7 de octubre el Senado aprobaba una disposición final que derogaba el Art. 4 del RDL 6/2009, que creaba el Registro de Pre-Asignación y al mismo tiempo modificaba dos artículos del RD 661/2009. Lo hacía en la Ley de Regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión al Mercado Inmobiliario, una norma que no tiene nada que ver con la energía pero que se convertía para la ocasión en una especie de “Ley de Acompañamiento”.
Con esta disposición desaparecía el Registro de Pre-Asignación que tantos quebraderos de cabeza, y económicos, ha causado al sector renovable y que, sin embargo, el Ministerio consideraba la llave mágica para cerrar ordenadamente la aplicación del RD 661. En realidad lo que había conseguido es un efecto llamada (ante la ausencia de una nueva legislación los promotores se apresuraron a presentar todos los proyectos posibles) y colapsar los servicios ministeriales incapaces de tramitar, con la celeridad debida, los cientos de expedientes presentados. El resultado final ha sido que, hasta no tener noticia de la inscripción definitiva y por tanto del derecho a recibir la retribución
del RD 661, todos los proyectos, salvo los que estaban en avanzado estado de construcción, se han paralizado. Los bancos congelaron la financiación y los promotores bloquearon sus pedidos a los fabricantes y estos anularon los encargos a la cadena de suministradores y el empleo en el sector, finalmente, se convierte en la primera víctima del Registro.
En ese escenario la derogación podía considerarse una buena noticia pero no es así puesto que a la concesión del Gobierno a CiU (la derogación se justificaba por una invasión del Estado en las competencias autonómicas) el Ministerio añadió la modificación de dos artículos del RD 661 que endurecía las condiciones para acogerse a esta norma, más aún que lo previsto en el propio Registro. El sector, y con más contundencia el solar termoeléctrico, se rebela puesto que se añade todavía más incertidumbre y se excluyen de la retribución del RD 661 (insisto sin conocerse la alternativa) numerosos proyectos en avanzado estado de construcción. La presión de las comunidades autónomas más afectadas, muy por encima de otras acciones, logra una marcha atrás y seis días después el Congreso anula la decisión del Senado.
El Registro vuelve a estar en vigor pero la credibilidad del país para los inversores nacionales e internacionales queda por los suelos. Un cambio normativo sobrevenido como el artículo 4 del RDL 6 /2009, que en mayo pillaba por sorpresa a todo el mundo, es derogado seis meses después, derogación que es efectiva solo una semana. La estabilidad regulatoria en España brilla por su ausencia.
Paralelamente a este despropósito normativo los señores del carbón (aquí confluyen presiones con trascendencia electoral y los intereses particulares de determinadas empresas) logran que el Gobierno elabore una propuesta, estos días en trámite de audiencia, para quemar carbón con una prima que va a distorsionar el ya de por sí bastante caótico mercado eléctrico. Por su parte, el señor del gas suelta un furibundo ataque a las renovables con la conclusión de que ya han crecido demasiado y que son insostenibles. ¿Para España? ¿Para la sociedad? No, pero sí para su cuenta de resultados.
Tanto en un caso como en el otro, o como ayer en el caso de la nuclear, las empresas están en su derecho de defender sus intereses aunque no tanto de emplear falacias y burdas manipulaciones de los datos. Tienen derecho, incluso, a ocultar sus errores estratégicos a la hora de invertir en cada tecnología cuando el camino del modelo energético está marcado muy claramente desde hace tiempo. La beligerancia mostrada por los representantes de las empresas tradicionales del sector energético ante la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, y el representante de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, durante la presentación del informe anual de esta institución en Madrid — informe en el que se reivindica poner coto a la combustión de fósiles—, demuestra su ceguera, su rechazo a una realidad que les molesta.
Lo decía Birol claramente: “El cambio climático será fundamental en las inversiones (energéticas) y las compañías que antes lo entiendan serán las mejores”. El problema principal puede ser que aquí, en contra de las declaraciones de nuestro presidente y de las “giras renovables” de nuestro ministro por el extranjero, en el BOE se escribe a contracorriente del discurso, a contracorriente de la historia y, lo que es peor, demostrando una vulnerabilidad suicida ante los intereses de unos pocos.
